A su vez, pidieron los testimonios del exvicepresidente Gonzalo Aguirre y la exministra de Defensa durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Azucena Berrutti, según el escrito que se presentó ante la CIDH, al que accedió El País.

Los militares, junto a sus familiares, recurrieron al organismo para denunciar que, a su juicio, los procesos judiciales se han desarrollado con irregularidades procesales, falta de pruebas y parcialidad de parte de los jueces y fiscales.

En el escrito se pide a la CIDH que "condene" al Estado uruguayo a "otorgar una reparación plena" a los militares "cuyos derechos han sido avasallados".

El recurso presentado por los militares, en su capítulo tres, plantea los argumentos que motivan la acción ante la dependencia de la OEA.

En el primer punto mencionan la "no aplicación" de la ley de Caducidad, a pesar de que la norma fue ratificada en 1989 y en 2009 en dos consultas populares.

En segundo término, señalan que todos los casos están prescriptos y por eso advierten que a nivel judicial y en forma irregular, jueces y fiscales han aplicado el concepto de "peligrosidad" para elevar los plazos que permiten juzgar los hechos.

También señalan que algunos jueces han aplicado el delito de desaparición forzada, vigente en Uruguay desde 2006, por lo que al imputar esa figura se viola el principio de irretroactividad de la ley, dicen en el escrito.

A su vez, los militares denuncian ante la CIDH la "inexistencia de prueba", cosa que es "clara y contundente en todos" los juicios. Agregan que para sustituir la ausencia de elementos probatorios, los jueces se basan en pruebas "ilegalmente obtenidas, lo cual está absolutamente prohibido por ley"

Fuente: El País