Domingo 23 Junio 2024

Estamos en una fase dramática de la historia de nuestro país.

Dramático porque todo está en juego y todo corre el riesgo de perderse con una aceleración sin precedentes.

Está en juego la Constitución antifascista de 1948, fundamento de la democracia y baluarte insustituible de la defensa de los derechos fundamentales que de ella se derivan.

La mayoría gubernamental formada por Fratelli d'Italia, partido político de origen abiertamente neofascista, y por Forza Italia y la Liga, expresiones de un sector social que siempre ha sido en gran medida insensible o, peor aún, hostil a los valores constitucionales, tiene en trámite reformas destinadas a derogar la Constitución, demoliendo con las atribuciones del primer ministro el pilar fundamental de la división y el equilibrio mutuo de los poderes del Estado, y demoliendo también la parte de la Constitución que se refiere al orden judicial, el pilar de la independencia de la magistratura respecto del poder político.

Un proyecto orgánico de amplio alcance, destinado a determinar la transición hacia una nueva organización del Estado con forma de pirámide en la que todos los poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- se concentren en la cima, en manos de un hombre o mujer al mando y de una oligarquía restringida.

Un proceso de oligarquización del poder político que refleja y sigue de cerca el proceso de oligarquización del poder económico, consolidado desde hace tiempo en nuestra sociedad en la que la riqueza y el poder se concentran cada vez más en los niveles superiores de la pirámide social, mientras que la población promedio desciende año tras año hacia los peldaños más bajos de la escala social, y la masa de viejos y nuevos pobres crece desproporcionadamente.

La oligarquía económica que hoy ostenta el poder real y dicta las reglas del juego quiere liberarse de las limitaciones de la democracia parlamentaria, de los límites derivados del control del poder judicial y de la prensa independiente, quiere tener manos libres para acelerar la construcción de un nuevo orden constitucional más adecuado a sus intereses y que refleje las nuevas relaciones sociales de poder.

La unidad nacional está en juego.

Está a punto de finalizar la reforma sobre la autonomía diferenciada, conocida como Spacca Italia porque está destinada a dividir el Estado nacional en 20 pequeños microestados, a los que se transferirán 23 materias y 550 funciones que antes eran responsabilidad del Estado: de la asistencia sanitaria a las escuelas públicas, energía e infraestructura.

Las regiones podrán decidir privatizar la asistencia sanitaria, podrán celebrar concursos de escuelas públicas reservados únicamente a los profesores residentes, podrán decidir vender grandes infraestructuras a particulares y mucho más.

Una balcanización del país motivada únicamente por razones de egoísmo económico miope. Decidieron que los recursos fiscales producidos en el centro y el norte deben permanecer en esos territorios y no deben redistribuirse a nivel nacional para superar las desigualdades con el Sur, impulsar las políticas de cohesión y construir un país unido, más fuerte y más competitivo.

Una cancelación definitiva en la agenda política de la nación de la cuestión del Sur y de las políticas de cohesión Norte-Sur.

El fin de la solidaridad nacional. Un recorte de recursos que la Contaduría General del Estado ha calculado para Sicilia en una pérdida de mil trescientos millones de euros cada año.

Una puñalada al Sur y al mismo tiempo un daño a todo el país.

En lugar de reducir las diferencias entre el Norte y el Sur y fortalecer así la fuerza de todo el país mediante la sinergia de los recursos de un centro del Norte que es la punta de lanza de los mercados de Europa Central y del Sur que constituye una extraordinaria plataforma de proyección en toda la zona estratégica del Mediterráneo, el país se divide y las desigualdades cristalizan.

En este contexto de balcanización del país y desestructuración de la Constitución, también está en juego la estabilidad y el sentido mismo de la legalidad.

Día tras día, la legalidad va cambiando su ADN, transformándose de una legalidad constitucional que atribuye y garantiza derechos, a una legalidad que, por el contrario, quita derechos, reduciéndolos a cáscaras vacías, a derechos de papel.

Hace algún tiempo, con motivo de una conferencia sobre legalidad, un joven del público tomó la palabra y, volviéndose hacia mí, comenzó diciendo:

"Señor juez, tengo 25 años y vengo de una familia muy pobre. Mis padres se sacrificaron para que yo pudiera obtener una licenciatura en negocios y economía. Después de graduarme busqué trabajo en vano, así que me resigné a trabajar en un call center con un contrato temporal. Me dan 700 euros al mes, no me pagan horas extras, me obligan a trabajar incluso los sábados y a veces incluso los domingos, pero no puedo reclamar mis derechos porque otros, gracias a la ley de empleo me despiden o no me renuevan el contrato de trabajo. Mi novia experimenta la misma condición. No podemos formar una familia y comprar una casa porque cuando vamos al banco nos niegan la hipoteca, por ser los dos trabajadores precarios. Ya sé que no tendré pensión y no veo ninguna esperanza en mi futuro".

"El problema -concluyó aquel joven- es que todo esto es legal. Si este es el trato y el destino que la legalidad nos reserva a mí y a mi generación ¿puede explicarme por qué su legalidad debe constituir un valor para mí?".

La pregunta planteada por ese joven no puede ser eludida.

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La legalidad está en crisis porque la democracia está en crisis.

La ley está volviendo a lo que era antes de la llegada de la Constitución: la ley del patrón que legitima la explotación de los trabajadores y los hace vulnerables.

Los derechos se ven comprometidos por políticas económicas clasistas y antipopulares que les quitan a los pobres para dárselo a los ricos, como una especie de Robin Hood al revés.

Por un lado, se aumentan los impuestos sobre la leche para los recién nacidos, se quita el pan de la boca a miles de pobres que sobrevivieron gracias a los ingresos de los ciudadanos, presentados a la opinión pública como parásitos o, peor aún, como fracasos indignos de toda consideración, se planifica el colapso de la sanidad pública a través de su progresiva desfinanciación para sustituirla por sanidad privada reservada sólo para aquellos que pueden permitírsela, y, por otro lado, nos negamos a gravar los miles de millones en beneficios adicionales de los bancos, las industrias petroleras, las armas, los productos farmacéuticos, los seguros, decenas de miles de millones que podrían haberse destinado a ayudar a millones de familias en graves dificultades, a financiar la sanidad pública y el Estado de bienestar.

Incluso está en juego la estabilidad del Estado y la defensa de los ciudadanos contra el ataque conjunto de los poderosos y variados ejércitos de la mala política, los grandes y pequeños lobbies, la corrupción y las mafias.

Los ejércitos a veces compiten entre sí en la nueva fiebre del oro que consiste en apropiarse de miles de millones de PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) y en el desmantelamiento del Estado de bienestar y la privatización de los servicios públicos, pero, sin embargo, siempre son aliados en el plan común de desmantelar los controles de legalidad y los poderes de investigación de la magistratura.

La cuestión de la justicia no puede reducirse a problemas de carácter técnico jurídico o a la mera racionalización de recursos, como quisiera creer el público en general.

La cuestión de la justicia está indisolublemente ligada a la cuestión de la democracia y a la cuestión del Estado.

Las políticas económicas clasistas se traducen en una justicia clasista que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes.

A la espera de la solución final que prevea la reforma de la Constitución para volver a poner a la magistratura bajo control gubernamental, como lo estaba en los tiempos de los Estados monárquicos liberales y fascistas, esta mayoría, desde el comienzo de la legislatura, ha producido un ininterrumpido goteo de nuevas normas que están reescribiendo el sistema penal articulándolo en una doble vía: una vía reservada a los delitos de cuello blanco pertenecientes a las clases altas y una vía destinada a la gente común.

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La primera vía reservada a las clases altas se construye con la progresiva despenalización de los delitos de cuello blanco -como el abuso de poder, el tráfico de influencias y otros- y con la simultánea y metódica castración progresiva de las facultades de investigación de la magistratura ante este tipo de delitos.

Su obsesión, su bestia negra, son las escuchas telefónicas porque constituyen el único talón de Aquiles que puede atrapar a los funcionarios administrativos, perforando el escudo impenetrable del silencio blindado que los protege.

Las escuchas telefónicas son una obsesión no sólo porque elevan al máximo el coeficiente de riesgo penal, sino también porque aumentan el riesgo de perder apoyo electoral, ya que revelan a la opinión pública los antecedentes de una política que se ha convertido en gran medida en una correa de transmisión de intereses. de pequeños y grandes lobbies, de comités empresariales en los que políticos, empresarios y mafiosos hablan el mismo idioma y comparten los mismos intereses.

Desde el inicio de la legislatura ya se han aprobado tres reformas y están en trámite dos más para limitar de algún modo el uso de escuchas telefónicas para delitos de cuello blanco.

Por cuestiones de tiempo no puedo entrar en detalles técnicos, me limito sólo a un ejemplo paradigmático para darles una idea respecto a una modificación introducida en el art. 270 del Código Procesal Penal.

Tras esta modificación, si durante una escucha autorizada para un delito mafioso se escucha una conversación sobre un robo en un supermercado cometido por sujetos no mafiosos, esa escucha puede ser utilizada.

Sin embargo, si durante una escucha aparece un hecho referido a una corrupción de diez millones de euros, esa intercepción no puede utilizarse, porque esta mayoría cree que, a diferencia de los robos con agravantes, la corrupción no clasifica entre delitos graves, sea cual fuere su importe.

Está en la recta final la reforma que limita a solo 45 días el tiempo máximo de las intercepciones.

Un verdadero desarme unilateral del Estado en la lucha contra el crimen, incluido el crimen mafioso, cuyos líderes han entendido desde hace tiempo que para enriquecerse sin riesgos criminales deben practicar los mismos métodos ilegales que los funcionarios de cuello blanco -corrupción, abuso de poder, delitos económicos- y reservan las actividades criminales con mayor riesgo criminal -extorsión y tráfico de drogas- a los miembros de la clase trabajadora, tratados como carne de cañón desechable, en cuanto los arrestados son inmediatamente reemplazados por otros dispuestos a tomar su lugar.

Estas reformas se venden a la opinión pública como expresión de una cultura garantista por parte de la misma mayoría que, en cuanto llega a legislar sobre delitos que afectan a la gente común, cambia completamente de registro y se transforma en feroces justicialistas, prediciendo el uso de escuchas telefónicas y encarcelamiento a gran escala.

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Esta es la segunda vía de este nuevo sistema penal clasista y de seguridad reservado a la clase trabajadora, a los inmigrantes, a la disidencia social y a la gente corriente.

Son decenas de nuevos delitos que por razones de tiempo no puedo detallar, y nuevas normas que refuerzan los poderes represivos de las fuerzas policiales.

Me limito a recordar la introducción del delito de fiesta rave, es decir, la organización de reuniones musicales no autorizadas, que implica el uso de escuchas telefónicas, incluidos troyanos, medidas de prevención antimafia, arrestos y penas muy severas.

Por último, los ministros Nordio, Piantedosi y Crosetto presentaron a la Cámara de Diputados un paquete de seguridad que prevé el uso de escuchas telefónicas y sanciones muy severas para el delito de inducción a la mendicidad.

El mismo paquete incluye nuevas reglas para la criminalización de la disidencia política expresada en manifestaciones públicas.

Esta política criminal clasista continúa llenando las cárceles sólo con población perteneciente a los niveles más bajos de la escala social, garantizando la impunidad de los privilegiados que viven en los niveles superiores. No es casualidad que las prisiones estén abandonadas en un estado de degradación perpetua e incivilizada.

El panorama político y social que se perfila constituye un hábitat ideal para la proliferación incontenible de las mafias de Sur a Norte.

En el Sur, la extensión progresiva y la cronicidad de la pobreza significan que, en ausencia de alternativas legales, la ilegalidad y la economía criminal se han convertido en una economía de supervivencia para grandes segmentos de la población.

Desde las interminables colas de pobres dispuestos a romperse brutalmente los huesos a cambio de unos cientos de euros, desde asociaciones criminales dedicadas al fraude de seguros, hasta vendedores ambulantes ilegales, pasando por quienes viven de pequeños y grandes hurtos, hasta familias enteras que desembarcan para llegar a fin de mes traficando drogas y trabajadores desechables dedicados a la extorsión, hay una línea de continuidad casi ininterrumpida.

Una pobreza que no es fruto de un destino cínico y tramposo, sino de la depredación ininterrumpida y sistemática de miles de millones de fondos públicos que, en lugar de promover el trabajo y el desarrollo, acaban en el agujero negro de la corrupción y en el despilfarro clientelar practicado por las clases dirigentes.

Para este sistema de poder, la pobreza no es un problema sino un recurso. Si se promueve el desarrollo y el trabajo, las masas populares se emancipan de las cadenas de la necesidad y el sometimiento económico y pueden expresar un voto de opinión que constituye una variable fuera de control.

De aquí surge la gestión del subdesarrollo que se basa en el intercambio de votos, es decir, en el uso de recursos públicos para financiar enormes redes clientelistas que a cambio de favoritismos de las más diversas clases garantizan un voto fiel en el tiempo a padrinos políticos y mafiosos.

La máquina de intercambio de votos que estuvo bloqueada durante los años de austeridad debido a los recortes lineales en el gasto público está de nuevo en pleno funcionamiento gracias a los miles de millones del PNRR.

Una máquina de clientelismo ahora generalizada de Sur a Norte, como lo demuestran las últimas investigaciones penales, y que en esta legislatura la mayoría gubernamental ha perfeccionado científicamente para evitar contratiempos: la nueva ley sobre adquisiciones ha incrementado dramáticamente el valor de los contratos que puede adjudicarse con asignación directa sin licitación a libre discreción de los administradores públicos En primer lugar, los controles del Tribunal de Cuentas se han reducido al mínimo, se están aboliendo, sí, los delitos de abuso de poder, de interés privado en actos oficiales y de tráfico de influencias que constituyen los principales instrumentos para la gestión del voto de intercambio, y se están eliminando las facultades de intercepción de la magistratura.

¿Qué hacer?

Si es cierto que lo que está en juego hoy es total y es la propia supervivencia de la democracia, ya no hay tiempo para malgastar recursos y energías en juegos palaciegos de suma cero que no están a la altura de los desafíos de los tiempos.

Creo que todas las fuerzas auténticamente democráticas hoy deberían formar un frente común, construir un cartel que tenga un objetivo prioritario y esencial: la defensa de la Constitución sin peros.

La defensa de la Constitución sigue siendo el último recurso. El terreno electivo de la nueva resistencia.

Mientras esta Constitución siga viva, sabremos por dónde empezar de nuevo. Es como cuando en un edificio se desfigura la fachada, se derriban las paredes, pero los cimientos permanecen; si se derriban los cimientos, ya no existe una casa común.

La Constitución no es solo la Línea Maginot de resistencia democrática. Es también el faro y la brújula que indican la dirección a seguir en el futuro de la acción política de todas las fuerzas auténticamente reformistas.

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Es necesario tomar conciencia de que la reversión de las políticas económicas y sociales practicadas en los últimos años, indispensables para sacarnos de una crisis sistémica que afecta todas las relaciones humanas, está orgánicamente conectada con la lucha por la defensa y aplicación de la Constitución, porque el sistema social previsto en la Constitución es antinómico, es incompatible con el sistema social que la vieja derecha antidemocrática y la nueva derecha neoliberal quieren implantar.

Salvar la Constitución, y aquí concluyo, significa salvar lo mejor de nuestra historia y tender un puente hacia el futuro.

Este es un momento de lucha y no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Cada uno está llamado a hacer su parte para no traicionar los sacrificios de todos aquellos que se dejaron matar para dar vida a esta Constitución y defenderla. Precisamente por este motivo y con este espíritu me parece que la mejor manera de concluir este discurso es recordarles a todos ustedes las palabras que pronunció, en memoria de los muertos de la Resistencia, uno de los padres de nuestra Constitución, Pietro Calamandrei, en la sesión de trabajos de la asamblea constituyente del 7 de marzo de 1947.

Les leo sus palabras: "Me pregunto, señoras y señores, cómo juzgará nuestra posteridad dentro de cien años a esta Asamblea Constituyente nuestra. Me pregunto si se sentirán elevados y solemnes como nosotros nos sentimos elevados y solemnes hoy. Creo que sí. Creo que nuestra posteridad sentirá más que nosotros, dentro de un siglo, que realmente nació una nueva historia a partir de esta, nuestra Constitución, y se imaginarán que, en esta Asamblea nuestra, mientras se discutía la nueva Constitución republicana, sentados en estos escaños no estábamos nosotros, hombres efímeros, cuyos nombres serán borrados y olvidados, sino que había toda una población de muertos. De esos muertos que conocemos uno a uno, que cayeron en nuestras filas, en las cárceles, en la horca, de Matteotti a Rosselli, de Amendola a Gramsci. Murieron sin retórica, sin grandes frases, con sencillez. Como si fuera un trabajo diario. El gran trabajo que se necesitaba para devolver la libertad y la dignidad a Italia. Se reservaron la parte más dura y difícil de este trabajo, la de morir, la de dar testimonio de la fe en la justicia con la resistencia y la muerte. Nos queda una tarea cien veces más fácil: traducir su sueño de una sociedad más justa y más humana, de una solidaridad de todos los hombres aliados para erradicar el dolor, en leyes claras, inestables y honestas. Muy poco, en verdad, piden nuestros muertos, no debemos traicionarlos".

*Discurso en la Conferencia Nacional "Contra la mafia y la corrupción" organizada en Palermo por la CGIL Nacional, el 29 de abril de 2024

*Foto de Portada: © ACFB