A menos de mil días del Mundial de fútbol de 2014 en Brasil, el encarcelamiento de más de una decena de policías vinculados al asesinato en agosto de la jueza Patricia Acioli, que estremeció a la sociedad brasileña, abre nuevas interrogantes sobre cuánto puede mejorar la seguridad en Río, una de las sedes del evento.
"La Policía no va a cambiar porque cambien los nombres. Se precisa un cambio profundo en la formación, un control más efectivo sobre los policías, una mayor independencia policial en relación a los controles territoriales y electorales de la élite política de Río. Mientras eso no suceda, esto no es una limpieza", dijo el diputado estatal Marcelo Freixo a la AFP.
Freixo puso asimismo sobre la mesa el problema de las milicias, integradas por policías y ex policías, guardias carcelarios y bomberos.
"La cuestión de las milicias en Río está lejos de ser resuelta", afirmó el diputado de extrema izquierda, que presidió la comisión legislativa de investigación sobre estos grupos parapoliciales en 2008 y fue por ello amenazado de muerte.
Las milicias tuvieron su origen en los escuadrones de la muerte que asesinaban a opositores a la dictadura (1964-1985) y fueron largamente consideradas como un "mal menor" que los narcotraficantes.
En agosto, Acioli, una jueza de 47 años conocida por su rigor en el combate contra las milicias, recibió 21 balazos en la puerta de su casa. Hoy 11 policías están presos por sus vinculaciones con el crimen, incluido un teniente coronel acusado de ser el autor intelectual del crimen.
Varios de estos policías encarcelados son sospechosos de esconder el asesinato de un joven de 18 años en una favela de la zona norte de Río en junio, un caso investigado por la magistrada.
La Justicia cree que los policías mataron a Acioli para intentar evitar ir a prisión por la muerte del joven. Pero desconocían que Acioli había firmado horas antes de su muerte su orden de prisión.
El asesinato, inédito en Río, sorprendió a muchos en medio de una sensación de mejora en la seguridad de la ciudad tras la "pacificación" de casi 20 favelas donde viven 300.000 personas, iniciada en 2008, y cuyo control ha sido retomado por el gobierno.
A raíz del homicidio de la jueza, Mario Sergio Duarte, comandante de la Policía Militar de Río, presentó su renuncia la semana pasada. Fue reemplazado por Erir Ribeiro da Costa Filho, un oficial con fama de incorruptible que apenas asumió despidió a toda la cúpula de la corporación y pidió que la controladuría policial, que fiscaliza a los policías, sea más rigurosa.
Para Ignacio Cano, del laboratorio Análisis de la Violencia de la Universidad de Río de Janeiro (UERJ), "hay una sensación de que la tolerancia de la sociedad brasileña con la corrupción y la violencia policial está disminuyendo".
"Con el Mundial de fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos que albergará Río en 2016, hay una presión mayor para que se haga algo", señaló Cano a la AFP.
Pero Jacqueline Muniz, experta en seguridad pública de la Universidad Católica de Brasilia, sostiene que no bastan los castigos individuales.
"La teoría de las manzanas podridas es falsa. Retirar al policía corrupto es insuficiente, el problema es el cesto, no la manzana", dijo Muniz al diario "O Dia".
La caída de Duarte representa "una búsqueda de mayor transparencia en la investigación, es saludable", indicó a la AFP Claudionor Mendonça, presidente de la ONG Ministerio Público Democrático, que reúne a fiscales y funcionarios judiciales.
No obstante, llega "un poco tarde". "La gente ya no soporta más la corrupción de la Policía", agregó.
Mendonça destacó la pésima imagen de la Policía Militar, llamó a invertir más en formación y consideró que los salarios "muchos veces indignos" arrastran a los uniformados a la corrupción.
Fuente: AFP/La República