En un dictamen de más de 100 páginas que presentó el martes pasado ante el juez Pedro Salazar, Cancela pidió los procesamientos de José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Maurente (todos militares retirados) y Ricardo Medina y José Sande Lima (ambos expolicías).
Todos los indagados y ahora acusados por el representante del Ministerio Público están en prisión desde hace varios años por otras causas de homicidios y desapariciones durante la dictadura (1973 - 1985).
El fiscal Cancela solicitó al juez Salazar que los procesamientos sean dispuestos por el delito de desaparición forzada "o en su defecto" homicidio especialmente agravado, según la parte resolutiva del extenso dictamen del fiscal.
El secuestro y desaparición de la joven argentina María Claudia García de Gelman, ocurrido en 1976, es un caso emblemático de la represión en la región y muestra la coordinación de los regímenes de facto en el marco del Plan Cóndor.
La joven, de solamente 19 años de edad, al momento de ser detenida, se encontraba embarazada de su hija Macarena, quien nació el 1° de noviembre de 1976.
Tras el nacimiento de la niña, María Claudia García de Gelman fue asesinada y desaparecida. En Uruguay permaneció detenida en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), que se encontraba en Bulevar y Palmar.
El fiscal también pidió que se continúen los trabajos de búsqueda de los restos de García de Gelman. Actualmente un equipo de expertos realiza excavaciones en el Batallón 14 de la ciudad de Toledo.
En el pasado mes de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado uruguayo a esclarecer el caso de María Claudia García de Gelman, tras una denuncia que presentaron ante el organismo su hija Macarena junto a su abuelo, el poeta argentino Juan Gelman.
La sentencia también obligó al Estado a resarcir con casi US$ 500.000 a los demandantes, al concluir que el Estado fue el responsable de la desaparición de la joven.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también señaló que la ley de Caducidad "carece de efectos" por cuanto es contraria a la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La investigación judicial en Uruguay se reabrió en febrero de 2008, a pedido de Macarena y Juan Gelman. El caso había sido archivado en 2005, cuando el entonces fiscal Enrique Möller, lo consideró amparado en la ley de Caducidad. En ese momento, el juez Gustavo Mirabal se disponía a citar a varios militares.
El fiscal Cancela también pidió al juez Salazar -que ayer notificó del dictamen a los abogados de los implicados- que tramite la extradición del coronel (r) Juan Manuel Cordero, quien cumple prisión en Argentina
El militar, que actualmente cumple prisión domiciliaria, está siendo juzgado en Buenos Aires por la desaparición de diez personas y la tortura de 32 presos del centro clandestino "Automotores Orletti".
Sin embargo, el fiscal pidió el archivo del expediente en relación al coronel (r) Ernesto Ramas por falta de pruebas en su contra. Ramas está siendo juzgado por otras causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.