"Las Abuelas estamos viviendo lo de Schoklender con mucha preocupación, pero con necesidad de aclarar. Abuelas es una organización autónoma, completamente distinta, nos diferenciamos aunque tenemos una raíz común, un comienzo de dolor, todas somos madres", quiso especificar Carlotto en diálogo con radio La Red.
Sergio Schoklender, exapoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, su hermano Pablo y más de una docena de allegados son sospechosos de cometer maniobras irregulares con los fondos estatales recibidos por la organización para construir viviendas populares. Consultada sobre la responsabilidad de la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, en las presuntas irregularidades, respondió: "Ella es la que dirige esa institución, no puede estar ajena a lo que pasa y a lo que ha pasado. Cuando la Justicia hable nosotros escucharemos pero no emitiré opinión de eso".
Sobre el rol que Schoklender jugó en la entidad, indicó: "A nosotros nos produjo asombro su incorporación, porque no tenía nada que ver".
Carlotto también hizo referencia a la historia de ambas entidades de Derechos Humanos: "En la Plaza de Mayo estaban los depredadores que jamás nos recibieron, ahí íbamos todas". Pero especificó: "El camino de las Abuelas era otro, buscábamos a los nietos, sin olvidar a los hijos. La división no fue por diferencias sino por necesidades, caminos distintos".
Ya el pasado miércoles, el gobierno de Cristina Fernández, había intentado desvinculare del caso. El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Alberto Bontempo, dijo ante los miembros de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados que el control directo de las obras llevadas a cabo por las Madres no estaba en manos del Poder Ejecutivo sino de las jurisdicciones municipales y provinciales que recibían los fondos para las edificaciones en Buenos Aires y otras ciudades del país.
"Nosotros financiamos a la jurisdicción. Nos regimos por las leyes de cada jurisdicción; son ellas las encargadas de contratar y controlar, de pagar e inspeccionar la obra", afirmó ante varios diputados del oficialismo y la oposición.
"Nosotros no tenemos trato directo con las Madres. Tratamos con las jurisdicciones", dijo a su vez el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
Schoklender y el resto de los sospechosos son investigados en una causa judicial que tiene a las Madres por "damnificadas" por supuesto lavado de dinero, defraudación a la administración y asociación ilícita. El juez Norberto Oyarbide investiga los desvíos de dinero del exapoderado a empresas que serían de su propiedad. Bonafini, que estaba muy unida a Schoklender, lo tildó de estafador; además y dijo que si es culpable debe ir preso.
Fuente: La Nación/GDA/AP/El País