y bajar la edad de imputabilidad violenta algunos acuerdos internacionales firmados por Uruguay.
-¿Cuál es su opinión personal sobre el tema?
-Yo en principio estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad, porque no es solución para alejar a personas menores o mayores de los actos delictivos. Hoy se baja la imputabilidad a 16 años, y mañana se puede avizorar que haya jóvenes menores de esa edad que salgan a delinquir.
-Entonces, a su juicio, es una medida que no aporta una solución de fondo al problema.
-Cuando se pone en el tapete bajar la edad imputabilidad no se está pensando en el sistema de adolescentes, sino en que los jóvenes han sido protagonistas de hechos violentos que nos han conmocionado como sociedad en el último tiempo. Y pensarlo desde ese punto ya no es bueno.
-¿Qué opina de mantener los antecedentes a los menores? ¿Sería útil para los jueces?
-Cuando alguien llega al juzgado, muchas veces la Policía informa si tiene antecedentes como menor. Incluso, el interrogado dice que ha estado internado en el INAU. Así que a la hora de imponer una pena, el juez conoce el perfil de la persona, aunque sin que consten sus antecedentes de manera formal. En realidad, no conozco el fundamento por el cual se decide que sería bueno mantener los antecedentes.
-¿Esa información se toma en cuenta para resolver?
-Puede tomarse en cuenta como cualquier otro dato de la persona que uno tiene que juzgar, más allá de la formalidad de que la planilla de antecedentes judiciales no registre delitos anteriores.
-¿Está a favor o en contra de mantener los antecedentes a los menores infractores?
-Estoy en contra, porque se corre el riesgo de no juzgar el acto, que es lo que tiene que hacer el derecho penal, y se estaría condenando a alguien por su pasado o por su futuro. Los antecedentes solo pueden generar un plus en la pena en el caso de los reincidentes. El mantenimiento de los antecedentes es algo contrario a los principios de juzgamiento del acto, porque los jueces no vamos a juzgar ni por el pasado ni por el futuro, sino por el acto cometido.
-El argumento que se plantea para mantener los antecedentes es que es injusto juzgar igual a un mayor de 18 años que haya cometido delitos, que a otro que no haya delinquido. ¿Qué opina al respecto?
-Para eso existe un mínimo y un máximo de pena. La personalidad del individuo, sus antecedentes personales, la peligrosidad, son pautas que tenemos para fijar una pena entre un mínimo y un máximo. Si esa condición se va a transformar en juzgar más allá del acto que originó el juicio, los jueces estaríamos incurriendo en una arbitrariedad.
-Uno de los principales cuestionamientos que cada tanto hace el gobierno a los jueces es que procesan a mucha gente con prisión. En cambio, la población reclama que haya más envíos a la cárcel.
-Según el momento histórico se escucha que los jueces procesan mucho o poco con prisión. Pero las lecturas que haga la sociedad sobre la actuación de los magistrados no pueden afectar sus decisiones. El estado de las cárceles y la violencia que se vive en ellas es algo que los jueces deberíamos tener en la mira cuando resolvemos procesar con prisión a alguien, cosa que por muchos motivos debemos decidir de forma mesurada. Siempre cuento que a un juez alemán le avisaron que en la cárcel tenía lugar para 100 presos, y cuando fue sometido a su jurisdicción el número 101, lo dejó en libertad. Pero nosotros somos jueces uruguayos, aunque creo que en algún momento el Estado y nosotros como parte de él, deberíamos responsabilizarnos de dar un lugar adecuado de rehabilitación, aunque sea por razones egoístas, porque la rehabilitación tiene sentido para quien está privado de libertad y también para la sociedad.
-¿Cómo se logra la rehabilitación en el estado actual de los centros de reclusión?
-Hoy quien se rehabilita lo hace en base a mucho esfuerzo personal, porque es claro que al Estado le falta mucho para insinuar que está cumpliendo con ese mandato constitucional.
-¿Qué opina de los operativos de saturación que está realizando la Policía?
-La Policía tiene dos funciones bien diferenciadas, que son la prevención y la represión del delito, y hasta donde yo sé, estos operativos tenían como fundamento no sólo la represión -que es lo que puede derivar en detenciones y eventualmente procesamientos- sino más bien la prevención.
-¿Cómo ve la baja relación de procesamientos en cuanto a las detenciones?
-Los jueces no evaluamos los operativos en función de los procesados. Nuestra labor no es sólo procesar, es también dejar en libertad por entender que no hay pruebas.
-¿Estos operativos pueden propiciar abusos policiales?
-Finalizado el operativo deberá averiguarse si la actuación de la Policía estuvo enmarcada a lo que prevé la ley o tuvo alguna infracción.
La doctora Anabella Damasco tiene 51 años de edad y es jueza desde 1989. Ha ejercido principalmente en materia penal. Su primer destino fue en Rocha, luego Florida y finalmente Montevideo. Desde junio de 2009 integra el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno. Está en su segundo período al frente de la Asociación de Magistrados (período 2010-2012). Antes había ocupado el cargo entre 2004 y 2006. Tiene cuatro hijos y suele veranear en Santa Teresa.
Fuente: El País/Pablo Meléndrez