En cuanto a los operativos del Ministerio del Interior, dijo que hay que esperar para "ver su repercusión en el índice de criminalidad" y señaló que la SCJ no descarta consultar a los jueces penales para conocer su opinión al respecto.
-Usted se ha pronunciado en contra de bajar la edad de imputabilidad a 16 años. Ahora, con la existencia de una campaña en ese sentido y la formulación de un debate con argumentos a favor y en contra, ¿varió su posición o mantiene la misma visión?
-Yo mantengo mi opinión respecto a que la baja de la edad de imputabilidad penal de los 18 a 16 años es un tema que recién estaremos en condiciones de discutir holgadamente cuando el INAU o el organismo que se cree a tales efectos esté en condiciones de contener, capacitar y rehabilitar a los menores infractores. Y en ese sentido creo que discutir la imputabilidad es innecesario, porque el punto fundamental es ése.
-Entonces, según su opinión, no serviría de nada bajar la edad de imputabilidad si antes no se logra un mejor funcionamiento del INAU.
-Yo me pregunto si el INAU hubiera cumplido en los últimos años adecuadamente con su función de contención, rehabilitación y capacitación de niños y adolescentes para la vida en sociedad, se estaría discutiendo la idea de bajar a 16 años la imputabilidad.
-¿La problemática de las fugas es el único asunto que genera dificultades en el INAU?
-El tema no es sólo la contención y asegurar que no se fuguen, sino lograr que los establecimientos de privación de libertad cumplan con la recuperación del menor, preparándolo y capacitándolo. Y no es una gestión tan imposible, porque dentro de la Colonia Berro, en el Hogar Ituzaingó, que es para chicos internados por hechos graves, los índices de recuperación son altísimos y los porcentajes de fuga son bajísimos, y eso lo vi yo mismo hace algunos años. Y eso no debe ser algo tan difícil de emular o imitar. Entonces, no sé si se requerirán grandes inversiones.
-¿Es frustrante para los jueces saber que ordenan la internación de un menor y que días u horas después va a estar nuevamente en la calle?
-He escuchado opiniones de jueces que se sienten frustrados en la medida que hacen la instrucción de un caso, reúnen la prueba, y luego de dictarse una medida de privación de libertad, a los dos o tres días tienen al joven otra vez en el juzgado.
-¿Cómo observa el debate político en torno a la legislación sobre los menores infractores? ¿Es positivo?
-Todos los debates sobre temas de sensibilidad pública son agentes de formación de opinión. Hay que esperar el curso de los acontecimientos. Pero repito: la baja de la imputabilidad penal a 16 años es una decisión que está en manos del sistema político o del cuerpo electoral, si se llega a las firmas.
-¿Se corre riesgo de utilizar un tema de alta sensibilidad pública con fines políticos?
-Sobre ese tema no opino.
-Los jueces suelen quedar atrapados en medio de la polémica entre, por un lado, el Ministerio del Interior que muchas veces cuestiona el excesivo uso de la prisión preventiva y, por el otro, la ciudadanía que reclama penas más severas. ¿Cómo observa eso?
-Quizás estar en el medio puede ser la pauta de que se está en la posición correcta. Es obvio que los jueces procesan en función de las pruebas que les lleva la Policía. Ningún juez va a procesar a una persona sin la prueba o semiplena prueba de la existencia de delito o por el solo hecho de una detención policial. Y de esto tenemos pruebas recientes con los operativos policiales en zonas conflictivas, donde en los últimos días fueron detenidas 50 personas y resultaron procesadas dos, pero porque los jueces encontraron que había delito solo en esos casos específicos. En cuanto a los reclamos de las víctimas, es claro que los jueces aplican las penas que están prefijadas por la ley.
-A propósito de los operativos policiales de los últimos días, ¿qué opinión tiene sobre estos procedimientos?
-No tengo opinión formada porque me falta perspectiva y no conozco el tipo de procedimientos que se han hecho más allá de lo que he visto por la prensa. Hay opiniones favorables y también visiones críticas. Pero creo que para tener una posición definitiva hay que esperar un tiempo para ver cuál es la repercusión de estos operativos en el índice de criminalidad de las zonas donde se han realizado.
-¿Hasta qué punto estos procedimientos policiales no son violatorios de los derechos de las personas que son detenidas sin haber sido encontradas en actividades delictivas?
-No conozco episodios concretos. Por lo que ha dicho el ministro (del Interior, Eduardo Bonomi) todas las detenciones obedecieron a actos concretos de desacato o alguna otra situación. Pero más allá de eso no tengo mayores elementos.
-Excepto para pedir órdenes de allanamientos, los operativos no han sido coordinados con los jueces de turno. ¿Cree que eso será necesario si estos procedimientos se siguen desarrollando?
-Las coordinaciones son positivas en todo sentido, pero no sé qué tipo de datos sería necesario coordinar con la Justicia, porque son experiencias nuevas sobre las cuales todavía no hay una evaluación muy certera.
-Si estos operativos se tornan de aplicación rutinaria, ¿la Corte podría hacer alguna sugerencia o proponer un trabajo en conjunto para mejorar los resultados?
-Habrá que esperar cuál es la opinión -si es que la formulan- de los jueces que han actuado tras cada operativo.
-¿La Corte prevé consultar a los magistrados que han intervenido?
-Por ahora no lo tenemos pensado, pero es una posibilidad que depende de las preocupaciones que se expresen en los informes que ellos nos remitan de oficio.
-¿Qué opina del proyecto que existe a nivel parlamentario para regular el autocultivo de marihuana?
-No tengo una opinión muy formada sobre el tema. Se dice que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. En lo personal es una idea que no me parece buena ni que contribuya a nada positivo, pero tampoco tengo mayores objeciones desde el punto de vista jurídico, pero tengo todo el derecho a opinar que el proyecto no me gusta.
-¿Cree que podría incentivar el consumo de marihuana?
-No sé si fomentará el consumo de marihuana o si va a fomentar la plantación para otros fines más allá del consumo personal. Es una sustancia adictiva y, pese a que no tengo información acabada sobre el punto, pienso que puede causar efectos negativos sobre la salud psíquica de las personas.
-¿Se deberían aumentar las penas para los traficantes y vendedores de pasta base?
-Sí, creo que el traficante de pasta base debería sufrir una penalidad más severa, porque es una droga que tiene un efecto devastador para los jóvenes y porque se ha transformado en una fuente generadora de hechos delictivos y violencia, cosa que era absolutamente imprevisible años atrás.
Fuente: Pablo Meléndrez/ El País