Arrestado en Río de Janeiro en 2007 a pedido de las autoridades italianas, Battisti, de 56 años, aguarda la decisión de Lula en una celda del presidio de Papuda, en las afueras de Brasilia, luego de un intrincado proceso jurídico y político que llegó a empañar las relaciones bilaterales.
El mandatario recibió en audiencia al presidente del Supremo Tribunal Federal, Cézar Peluso, y esta mañana se reunirá con el presidente de la defensoría de Estado, Luis Inácio Adams. Después de esto emitiría su opinión.
Como mañana pasa el poder a su sucesora Dilma Rousseff, Lula no dejará el problema en sus manos, pero tampoco estará para enfrentar las eventuales reacciones.
"Brasil es soberano, no temo represalias de Italia. ¿Quién hará represalias contra Brasil? Cada país hace lo que debe hacer y siempre respetaremos una decisión soberana de otro país", dijo el hasta hoy mandatario, ante la suba del tono por parte de altas autoridades italianas, antes de que el brasileño anuncie su decisión.
Brasil se vio envuelto en una polémica de tal calibre que el STF, la suprema corte, analizó el caso de Cesare Battisti durante nueve meses.
Battisti había sido detenido en 2007 por la Policía Federal brasileña a pedido de las autoridades italianas para que el ex militante del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) cumpla una pena de prisión perpetua al haber sido encontrado culpable de participar en cuatro asesinatos perpetrados en 1978 y 1979.
Sin embargo, los abogados del acusado, que niega los crímenes que le achacan, presentaron un pedido de refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). La entidad recomendó en noviembre de 2008 la no concesión del refugio a Battisti, pero en enero de 2009 el ministro de Justicia, Tarso Genro, decidió en favor de ese beneficio.
Ello promovió entonces una airada reacción italiana, que incluso llegó a convocar a su embajador en Roma para consultas y elevó el caso al STF.
Para las autoridades italianas, la decisión de Genro había sido una bofetada a la legitimidad del sistema judicial italiano, al tiempo que los brasileños en general (y Genro en particular) se sintieron ofendidos por lo que consideraron una intromisión indebida en la autonomía de la justicia local.
Después de una interminable serie de discusiones, el STF adoptó un complejo fallo para rechazar la concesión del refugio y autorizar la extradición de Battisti, pero dejando la última y definitiva palabra al presidente Lula da Silva.
INDIGNACIÓN. El ministro italiano de Defensa, Ignazio La Russa, dijo a la prensa de su país que la no extradición de Battisti sería "una herida a las relaciones bilaterales". "El `No` a la extradición tendrá consecuencias. Estoy dispuesto a apoyar boicots", sentenció.
En un comunicado oficial, el gobierno expresó que "en este momento delicado, ciertas informaciones hacen pensar que en la posible motivación del presidente Lula podría haber una referencia a (...) una presunta agravación de la situación personal de Battisti" en caso de ser extraditado.
Y, además de declarar la eventual decisión como "absolutamente incomprensible e inaceptable", Italia dijo que, en caso de rechazar la extradición, "el presidente Lula debería explicar tal decisión no sólo al gobierno sino a todos los italianos y en particular a las familias de las víctimas".
La prensa italiana se sumó a la corriente de indignación en el país, y un editorial incluso menciona que Roma ya tiene listos los recursos que presentará ante la justicia brasileña en 2011.
"Battisti queda libre de asesinar a la justicia", tituló en primera página el diario conservador que es propiedad de la familia del primer ministro Silvio Berlusconi, Il Giornale.
"La no extradición de Battisti es una ofensa grave a las instituciones italianas", sostiene el rotativo, que da por seguro que Lula concederá el refugio político al ex activista.
Por su parte, la mayor formación de la izquierda italiana, el Partido Democrático, solicitó en una carta abierta a Lula, "hombre de izquierda", que autorice la extradición de Battisti.
Fuente: AFP