El director nacional de Cárceles definió como uno de los principales objetivos de su administración combatir la corrupción policial. Sin embargo, consideró que el problema se puede disminuir, pero no erradicarlo.
El jerarca carcelario advirtió que la venta de drogas no es la única modalidad de corrupción. En este sentido afirmó que tanto policías como familiares de reclusos reciben presiones por parte de los familiares de otros presos.
Pereira Cuadra dijo que es “permanente” que los policías reciban presiones y amenazas en sus hogares, en los supermercados cuando van a hacer las compras, por medio de llamadas a sus celulares e incluso por intermedio de los hijos en las puertas de las escuelas.
En tanto, el oficial confirmó que recibe a diario denuncias por parte de familiares de reclusos que “han depositado dinero y que les han amenazado los hijos por deudas de droga contraídas afuera del penal pero que son cobradas adentro por medio de los presos más pesados”.
El director de Cárceles dijo que “es frecuente que un policía figure como que está de guardia en un establecimiento carcelario y en realidad está cumpliendo un servicio 222”, como otra modalidad de corrupción dentro de la Policía.
Estas modalidades de operar de algunos policías alteran las tareas policiales, dañan el sistema e incluso frustran a los policías que actúan según las normas, explicó el jerarca.
Sobre el ingreso a las cárceles de armas, drogas y celulares, Pereira Cuadra explicó que “el sistema de requisas a la entrada de los centros penitenciarios no es bueno en virtud que no tenemos los elementos tecnológicos suficientes”. “Muchas veces la droga ingresa en el cuerpo humano y nosotros no tenemos tecnología para advertir esas situaciones”, sostuvo. En tanto, el oficial afirmó que “si el Estado pretende tener cárceles como la gente, tiene la obligación de invertir”. Además, consideró que la Policía carece de armas como cartuchos disuasivos o pistolas paralizantes que mejorarían el trabajo de los policías dentro de las cárceles.
Pereira Cuadra asumió al frente de la Dirección Nacional de Cárceles el 1° de diciembre y tiene como una de sus principales tareas la implementación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que comenzará a funcionar la próxima semana y con el que se buscará un cambio en la política de reclusión carcelaria.
El jerarca dijo que la situación de hacinamiento carcelario va a seguir presente “en la medida que no se puede tener una respuesta efectiva de reintegrar los reclusos a la sociedad y de disminuir el número de reincidentes”.
El crecimiento anual de la población reclusa de Uruguay se sitúa entre 8,5 y 11,5%. Al respecto, Pereira Cuadra consideró que “la única solución práctica hasta ahora para el hacinamiento consiste en seguir construyendo plazas y cárceles para poder retener a quienes están afuera de la ley”. Si se mantiene la tendencia de crecimiento de la cantidad de reclusos, en 2015 habrá más de 12.000 personas privadas de libertad en Uruguay.
Sobre esta situación, el director de Cárceles dijo que “hoy por hoy lo que se hace es un almacenamiento de gente y nada más”. “El Estado interna gente en recintos donde no se hace nada por recuperar los internos”.
Pereira Cuadra busca “destruir” el círculo que genera la reincidencia de los presos, la cual es del 70% en los centros penitenciarios uruguayos.
Fondo nacional
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció la semana pasada la creación de un fondo nacional para asistencia de las víctimas de delitos, financiado a través de un porcentaje obtenido de las remuneraciones de los presos que trabajan. Pereira Cuadra explicó que aquel recluso que ingrese al sistema estará obligado
a aportar para el fondo. Además, agregó que los márgenes a instrumentar para este fondo están siendo estudiados por expertos en derecho penal.El director nacional de Cárceles consideró que la creación del fondo es un hecho “novedoso y muy importante que va a permitir que la sociedad uruguaya tenga una óptica y una mirada diferente sobre el sistema penitenciario actual”.
Imputabilidad
El director general de Cárceles, Felipe Pereira Cuadra, está en desacuerdo con bajar la imputabilidad y consideró a la medida como una “aberración”, porqué según la ley “las personas están sometidas a la Justicia a partir de los 13 años”. Además manifestó que desde su lugar no ve ninguna ventaja ya que “el hecho de bajar la edad de imputabilidad no colabora a solucionar el problema”.
El jerarca carcelario afirmó que Uruguay carece de políticas de inversión que contrarresten el accionar de la delincuencia infanto-juvenil. “Uruguay debe invertir en la minoridad, que está en calidad de riesgo”, sentenció.
Por otra parte, Pereira Cuadra dijo que está a favor de mantener los antecedentes penales de los menores que tengan entre 16 y 18 años.
El inspector explicó que “en algún momento de la maduración del sujeto, cuando está para pasar de la adolescencia a la mayoría, esos antecedentes tienen que figurar”. Sin embargo, advirtió que “antes de esa etapa no debe tomarse la medida “porque muchas veces los menores son influenciados para que cometan delitos sin tener una capacidad que les permita tener conciencia y voluntad de lo que están haciendo”. Sobre que los mayores de 16 años estén junto con los adultos en los centros de reclusión, el oficial dijo que esto haría “colapsar” el sistema carcelario porque estarían recibiendo un mayor número de internos.
Situaciones peligrosas
El director nacional de Cárceles, Felipe Pereira Cuadra, explicó que la frecuencia con la que se realizan las requisas dentro de los establecimientos carcelarios "depende de ciertas percepciones de los policías que consideran que ciertas situaciones se tornan peligrosas". Según el jerarca carcelario, una de estas situaciones ocurre "cuando salen muchos presos en días de mucho calor con prendas de manga larga o usan prendas holgadas ya que eso implica que los reclusos estén armados producto de que existen problemas entre los líderes. Una requisa general realizada en el Comcar el miércoles pasado permitió incautar 609 cortes, material metálico que sería utilizado por los reclusos para fabricar más de estas armas, 20 teléfonos celulares y varias dosis de pasta base y marihuana. Este operativo tuvo lugar luego del alto índice de violencia registrado en el Comcar en el último mes.

Fuente: Ultimas Noticias/ Gonzalo Charquero