"incluso antes del golpe de Estado de 1973", y solicitan investigar y juzgar a los responsables por estarse ante un delito imprescriptible, en virtud de sus características, expresa el escrito patrocinado por el abogado Oscar López Goldaracena.
La práctica de torturas "no fue algo casual", en el marco de la represión desatada por el aparato estatal bajo la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad (1968-1973) y la propia dictadura. "Las prácticas de tortura constituyen un muestrario de horror que perseguía la destrucción física y mental del detenido mediante métodos que, en muchos aspectos, recuerdan las arbitrariedades de la Segunda Guerra (Mundial). El encapuchamiento, el plantón, la picana eléctrica, el submarino, el caballete, colgamientos, abusos sexuales, simulacros de fusilamiento y otros castigos corporales, son ejemplos de la reiterada violación de los derechos humanos del individuo privado de libertad", agrega.
La denuncia penal solicita, por tanto, investigar a "los involucrados que a cualquier título, tengan responsabilidad por acción u omisión, ya sea en calidad de autores mediatos o de coautores, en el crimen de lesa humanidad de torturas o de genocidio, sufrido por los comparecientes cuando estuvimos detenidos en la Base Aérea de Boisso Lanza, en algunos casos desde antes de la dictadura cívico-militar que gobernó al país entre 1973 y 1985". Ningún integrante del aparato represivo del Estado fue juzgado por la tortura de presos políticos en dictadura.
BASE"Estado terrorista"
"Durante la dictadura cívico-militar uruguaya se violaron sistemáticamente los derechos humanos y se detentó un autoritarismo totalitario que eliminó la separación de poderes y suprimió derechos y garantías individuales". "La actuación de las Fuerzas Armadas persiguió la eliminación de todo posible peligro para el orden interno, fundamentalmente la eliminación de cualquier expresión contraria a la política oficialista, no reparando en ningún límite", con lo cual "se fue edificando un verdadero 'Estado terrorista'", señala el escrito.
"Desde el gobierno y al amparo del mismo, se dirigían acciones para eliminar a cualquier opositor que cuestionara la política de la dictadura.
Se recurrió a la práctica sistemática de tortura, la prisión arbitraria e ilegítima, el homicidio y la desaparición forzada de personas, incluso de niños, como un patrón regular de represión en forma coordinada entre las dictaduras de la región", expresa la denuncia.
La comprobación de "la intencionalidad de aniquilamiento de un sector o grupo de nuestra sociedad por intermedio de la aplicación de la tortura" implicaría, por tanto, ingresar en el supuesto de "crimen de genocidio". En este sentido, "se tendrá presente por la Sede que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (art. II) fue aprobada por Uruguay por Ley Nº 13.482 de 30 de junio de 1966 y consecuentemente en la década del 70 del siglo pasado, existía para el Uruguay derecho vigente al momento de perpetrarse los hechos, que obligan a su castigo", señala el texto.
El escrito promueve la citación de denunciantes y testigos para asentar la existencia de torturas en Boisso Lanza, cuya "notoriedad" se hizo pública en la indagatoria por el "homicidio político" de Chaves Sosa. Asimismo, la denuncia copia extractos del libro "La Ira del Leviatán", escrito por el capitán da navío (r), Jorge Tróccoli (prófugo de la Justicia uruguaya), donde se reconoce la tortura como "una práctica habitual de todas las Fuerzas Armadas como método para obtener información".
"El torturar, el hacer sufrir a alguien era un medio para llegar a un fin, para tener un objetivo. (...) Era, como fue y es en todas partes del mundo, una característica más de este tipo de lucha. Varias veces mis superiores estaban presentes durante el interrogatorio, era una instancia más.
La tortura en los interrogatorios era un secreto a voces durante la guerra, antes y después de 1973. Y esto no era ignorado por nadie y mucho menos por los altos mandos militares", escribió Tróccoli.
Fuente: diario La República