Documentos que prueban unos US$ 21 millones de subfacturación aduanera y otro tanto en evasión tributaria, así como pruebas de la adulteración de consolas de video e incluso, de la fabricación en serie de discos de juegos piratas, son los cargos imputados a R.C. y F.M., responsables de operaciones que la jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti, procesó con prisión, según informaron a El País fuentes de la Aduanas y de la Dirección de Investigaciones de prefectura (Divin).
Una empresa en la zona franca de Nueva Helvecia importaba juegos de video de proveedores en Estados Unidos. Esta firma le vendía a cuatro empresas de plaza, mayoristas y distribuidoras. En los trámites de importación a la plaza local "se falsificaban boletas; modificaban el valor y la especie" indicaron las fuentes.
Además de presentar facturas por valores inferiores a los que compraban en EE.UU., se modificaban los productos y se usaba el genérico "videojuegos" y además los pasaban como refurbished (recertificados).
Esas empresas que comercializaban la mercadería en el mercado local hacían pagos a proveedores extranjeros en nombre de la empresa importadora. Estos giros iban dirigidos a un banco en Hong Kong y otro en el estado de Florida, en Estados Unidos.
Siguiendo esos pagos, con ayuda de la embajada de Estados Unidos, se pudo establecer que en esas boletas fraguadas figuraban direcciones y teléfonos supuestamente de Estados Unidos que eran inexistentes o estaban escritos con faltas de ortografía.
"De algunas de las empresas obtuvimos todos los datos. La DGI investigó la documentación y las PC de dos de las empresas investigadas, algo a lo que la Dirección de Investigaciones de Prefectura no hubiera tenido acceso sin una orden de allanamiento", indicó un jerarca de la Divin.
Detrás de las empresas investigadas "aparecían siempre las mismas personas", y todos "coincidieron en señalar a la misma persona" como el principal responsable de las maniobras. Esta persona "tenía testaferros paraguayos en la empresa de zona franca".
La persona que fue descrita como "el mayorista del Playstation" y otro empresario fueron procesados por un delito continuado de falsificación de documento privado y un delito de defraudación tributaria. Además, la misma organización tenía una "fábrica" de copias falsificadas de juegos para Playstation y discos de música, afirmaron los investigadores. Por "violación a las disposiciones de protección al derecho de autor" y "un delito continuado de adulteración" fue procesada una tercera persona confirmaron fuentes judiciales a El País.
"La mecánica era traer los Playstation originales, los destrababan mediante la instalación de una plaqueta para que sean capaces de leer cualquier disco, incluyendo copias, ya que los equipos están configurados para leer sólo discos originales. Había empleados de esta empresa que se dedicaban a colocar estas plaquetas", afirmaron los investigadores.
Se comprobó que estas maniobras se hicieron al menos durante los últimos cinco años, de acuerdo a la información de contadores y estudios contables que fue investigada.
Ahora hay otra empresa que está distribuyendo Playstation en el país, y "mejoraron los precios que aparecen en la documentación de Aduanas".
Los Playstation adulterados y subfacturados ofrecían entre 200% y 300% de ganancia, de acuerdo a las estimaciones de Aduanas.
Fuente: El País digital