En este sentido, subraya que las leyes antidrogas "han contribuido a la crisis carcelaria" en esos ocho países porque "imponen penas desproporcionadas", sin tomar en cuenta otros castigos "alternativos" y "promueven el uso excesivo" del auto de prisión preventiva.
"En su mayoría, las personas encarceladas por drogas no son altos o medianos mandos del narcotráfico, sino los eslabones más bajos de la cadena", dice el informe de las ONGs.
Entre otras medidas, propone despenalizar la tenencia de estupefacientes y un "debate abierto" sobre "las ventajas y desventajas de avanzar hacia un mercado regulado" para el consumo de marihuana.
A pesar de las diferencias entre los ocho países analizados, el estudio encuentra "muchos problemas en común" y pone de relieve que las personas encarceladas por drogas "provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad".
La legislaciones antidrogas "han hacinado las cárceles, con un alto costo humano, pero no han frenado la producción, tráfico y consumo de drogas", remarca el estudio, denominado "Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina".
"Países con más recursos para luchar contra el narcotráfico, como México o Colombia, tienen menos personas encarceladas por drogas y las personas que van a la cárcel son por delitos menores", aseguró Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI.
"Encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los altos jefes los reemplazan. Pero para los encarcelados, la prisión les destruye la vida", aseguró al presentar el estudio en la privada Universidad de Palermo, en Buenos Aires.
El estudio concluyó que en Colombia el 98 por ciento de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas entre 2007 y 2009 eran ofensores de menor grado, o por lo menos, no se les pudo probar lo contrario.
Metaal insistió en que la mayoría de los encarcelados por drogas en los ocho países analizados tienen bajos niveles de ingresos y de educación, además de carecer de "oportunidades" de desarrollo personal.
Coletta Youngers, investigadora afiliada a WOLA, destacó a su vez que "muchas de las personas entran al 'negocio' de las drogas por desesperación económica", cuando "la realidad es que el transporte, venta y producción a este bajo nivel no saca a nadie de la pobreza".
También señaló que hay una "feminización" del delito de drogas, en referencia a que el porcentaje de mujeres encarceladas es mayor al de los hombres, un hecho "particularmente visible" en Argentina y Ecuador.
"Muchas de estas mujeres son madres solteras y pobres. El miedo que les puede generar caer en la cárcel o involucrarse en el tema de drogas es superado por la necesidad de sacar adelante a sus familias", advirtió.
El estudio detectó además que las cárceles de los países analizados tienen "presupuestos e infraestructuras deficientes" que "no garantizan estándares mínimos", hecho "particularmente grave" en Bolivia, "donde la falta de recursos ha generado problemas de nutrición y salud entre los reclusos".
En este sentido, apunta que "el presupuesto de alimentación en las cárceles de Bolivia es de 80 centavos (de dólar) por preso por día".