PATRIMONIOS DE REPRESORES EN ARGENTINA: SANGRE, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
- Victoria
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Por Antimafiadosmil-16 de marzo de 2022
La Justicia Federal confirmo el procesamiento sobre Jorge Radice y su hermana Norma Radice, avalando la medida del magistrado Lijo en 2021. Ambos hermanos son acusados de robo de bienes de desaparecidos de la dictadura y su posterior lavado de activos para encubrir su origen ilegal.
Jorge Radice era el hombre de confianza del jefe de la armada, Emilio Eduardo Massera, trabajo en dos lugares estratégicos dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): en los grupos de tareas que salían a secuestrar y en el sector donde hacían negocios con los bienes de las personas que secuestraban y desaparecían.
Jorge tuvo un cómplice familiar, su hermana Norma Berta Radice. Ambos contadores, manejaban los bienes sumándolos al patrimonio familiar, tratando de limpiar su origen. Ambos hermanos están acusados del robo y posterior lavado de activos de detenidos-desaparecidos de la dictadura, así lo confirma la Cámara Federal porteña que ratificó la medida dictada por Ariel Lijo en 2021.
Radice era un hombre de identidades falsas, tal como lo dice su legajo militar: dentro del campo de concentración era “Ruger” o “Gabriel”, un contador especializado en el uso de armas. Afuera del campo de concentración (ESMA) asumía la identidad de “Juan Héctor Ríos”, con la cual hacía los negocios para los grupos de tareas. En junio y octubre de 1978 adquirió dos propiedades en Besares. Ambas propiedades pertenecían a personas que estaban privadas de su libertad. Una que estaba sobre la calle Warnes al 350/52, funcionó como una inmobiliaria del grupo de tareas que vendían bienes de los desaparecidos (en total fueron tres inmobiliarias usadas para estos fines por los grupos de tareas).
Otra inmobiliaria del mismo fin estaba ubicada en Jaramillo al 3083/87, comprada por el padre de los Radice en el ’78. Cabe mencionar que, en la misma localidad, la Armada armo una productora dedicada a la producción de contenidos audiovisuales llamada Chorma S.A. la que era sostenida por el trabajo esclavo de personas detenidas en la ESMA.
Hubo también otros activos que pasaron por los Radice. La familia tuvo tres embarcaciones, cinco caballos de carreras (apropiados a otro detenido) y once vehículos. Además, crearon sociedades en el exterior para tratar de limpiar los bienes de su origen ilícito.
Todo este entramado de activos y sociedades tuvo en cuenta Ariel Lijo para dictar el procesamiento. Proceso del que los Radice buscaron la nulidad, argumentando que la causa se originó con información de los servicios de inteligencia; también su hermana alegó que cuando se adquirieron las propiedades ella era menor de edad. Todos argumentos descalificados por los miembros de la Cámara Federal. Ahora, la misma Cámara se aboca a establecer cómo la familia Radice hizo para esconder el origen de los bienes y el rol de Norma Radice.
Los Radice solo lograron que la Cámara les anule un embargo por 200 millones de pesos. Los camaristas le ordenaron a Lijo que dicte otra resolución ya que la anterior no estaba fundada. La Cámara también anuló la prohibición de salida del país de Norma Radice. A raíz de esto cabe señalar que Jorge Radice está detenido en el penal de Ezeiza por crímenes de lesa humanidad, acontecidos en la ESMA.
En esta investigación sobre lavado de activos colaboraron otras instituciones públicas como la Unidad de Información Financiera (UIF) que además es querellante y la Procuraduría de criminalidad económica y lavado de activo, entre otras.
“Este cuadro de relaciones entre quienes participaron de la apropiación de bienes a personas desaparecidas con un resultado económico, relevante a partir de ello, es suficiente prueba de la conexión ilícita entre los delitos precedentes”, pronunciaron los camaristas Irurzun y Farah.
También añadieron que “se buscó ocultar dinero cuyo origen no estaba justificado y que provenía de un delito con contenido económico porque genero beneficios para los involucrados que aún continúan con su administración”.
La causa sobre el robo de bienes a los desaparecidos en la ESMA de la dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial se originó en el 2007. Esta causa es un foco más de luz para revelar los años oscuros de nuestra última dictadura y una gran bocanada de aire puro para nuestra justicia que pelea por ser independiente.
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*Foto de portada: Página/12