En tanto, acusaron al Poder Judicial de hacer "una interpretación antojadiza de la Ley de Caducidad".
La nota enviada al Parlamento está firmada por los coroneles Carlos Calcagno, Luis Maurente y Jorge Silveira; el capitán Juan Larcebeau, el agente Nelson Bardesio, el inspector Ricardo Medina y el soldado Ernesto Soca.
Según los denunciantes, en los expedientes judiciales de sus causas se cometen "flagrantes violaciones a los principios y normas de derecho interno e internacional, evidenciadas desde el desconocimiento de las garantías del debido proceso penal".
Además se sostiene que los juicios a los que están enfrentados "son ilegales e ilegítimos por razones jurídicas y judiciales y responden a intereses espurios o de orden político", indica la misiva a la que accedió El País.
Los reclusos de Domingo Arena descartan los principios de "igualdad de trato" y "juicio democrático". En tanto, expresan que desde enía en dos oportunidades se pronunció revalidando la vigencia de una ley que generó igualdad de todos los habitantes de la nación". Asimismo, los militares señalan que "se les imputa 28 homicidios muy especialmente agravados, sin ningún fundamento probatorio y sin restos de desaparecidos".
De esta forma, argumentan que durante el proceso judicial al que fueron sometidos, "se imputaron delitos como la desaparición forzada y el homicidio político, contraviniendo a lo establecido en la Constitución de la República y los tratados internacionales que no admiten la retroactividad de las leyes penales, salvo en los casos que sean beneficiosas para el inculpado". También se acusa a jueces y fiscales de trasladar información entre las causas, admitir como prueba investigaciones periodísticas, realizar comparaciones testimoniales con expedientes de la Justicia Militar e invocar normas de derecho internacional que se sitúan por debajo de las de la Constitución.
"Los jueces no se limitan a cumplir la ley, sino que hacen su voluntad", afirman los militares recluidos en el establecimiento carcelario de Domingo Arena. En la nota remitida a legisladores se advierte sobre la aplicación de "un derecho de enemigos". Por el cual, los magistrados y fiscales "fallan según el sentido de los vientos políticos que corran, los que terminarán por contribuir al derrumbe del Estado de Derecho".
Fuente: El País digita/Valeria Gil