¿POLICIA MILITAR EN URUGUAY?
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que con ese mismo nombre tiene una cuenta en Facebook.
El grupo está integrado, en su mayoría, por familiares de víctimas de hechos delictivos, que en los últimos días han realizado actividades en distintos barrios de Montevideo y algunas zonas de Canelones para convocar a la movilización que realizarán el martes 15, a la hora 16:00, frente al Palacio Legislativo.
A pesar del dolor, el descreimiento y la bronca, los integrantes del Movimiento Justicia y Seguridad llegaron a la conclusión de que sus reclamos son muy similares y por eso, sus voces tendrán más eco reuniéndose en un grupo.
"La inseguridad y la injusticia nos han avasallado y queremos que lo malo que nos pasó a nosotros sirva para que no les ocurra a los demás", explica Graciela Barrera, madre de Alejandro Novo, un repartidor de productos avícolas asesinado el 14 de enero de 2009 cuando tenía de 30 años de edad.
"Creemos que la única forma que tenemos, luego de haber batallado cada uno por su lado sin obtener respuestas, es llevar una simple propuesta a los legisladores", señala Barrera, aunque aclara que sus iniciativas "son solo ideas" que deben ser elaboradas.
"Solos no podemos hacer nada, pero juntos podemos cambiar muchas cosas", dice, por su parte Ruben Tatto, quien todavía no sabe quiénes fueron los autores de la rapiña que sufrió su madre hace diez años, y a causa de la cual ahora padece serios daños cerebrales.
Con motivo de la difusión en los distintos barrios y también a través de Facebook que ha tenido la movilización del martes, los organizadores esperan una concurrencia de no menos de 1.000 personas.
La intención del grupo es concurrir al Palacio Legislativo y esperar que algún legislador acepte recibirlos y mantener una reunión donde puedan transmitir sus planteos.
En principio, el borrador donde plantean sus reclamos, tienen previsto que sea entregado por Fernando Filgueira, un empleado de una farmacia que quedó parapléjico a causa de una herida que sufrió en 2006, en una rapiña.
El Movimiento Justicia y Seguridad tiene ideas que buscan mejorar la seguridad pública y también aumentar la presencia de los familiares de las víctimas en los procesos judiciales, ya que actualmente no tienen participación alguna en los juicios.
En tal sentido, una de las propuestas que maneja el grupo de familiares es la creación de una Policía Militar bajo mando castrense que pueda colaborar con la Policía en las tareas de patrullaje.
"No es militarizar el país", aclara Barrera. La propuesta va en la misma línea que el proyecto de ley que prevé presentar el senador Jorge Saravia (Espacio 609) y que ya ha recogido críticas tanto desde el FA como desde la oposición.
Por otro lado, pretenden que se establezca un mecanismo de querella privada que permita que los familiares de las víctimas sean parte en los juicios penales, instancias de las que actualmente no participan, sino que todo queda en manos del juez y el fiscal del caso.
El Movimiento Justicia y Seguridad también aspira que el Estado instale un mecanismo de resarcimiento económico y social para las familias de las víctimas de la delincuencia
Fuente: El País digital/Pablo Meléndrez
El grupo está integrado, en su mayoría, por familiares de víctimas de hechos delictivos, que en los últimos días han realizado actividades en distintos barrios de Montevideo y algunas zonas de Canelones para convocar a la movilización que realizarán el martes 15, a la hora 16:00, frente al Palacio Legislativo.
A pesar del dolor, el descreimiento y la bronca, los integrantes del Movimiento Justicia y Seguridad llegaron a la conclusión de que sus reclamos son muy similares y por eso, sus voces tendrán más eco reuniéndose en un grupo.
"La inseguridad y la injusticia nos han avasallado y queremos que lo malo que nos pasó a nosotros sirva para que no les ocurra a los demás", explica Graciela Barrera, madre de Alejandro Novo, un repartidor de productos avícolas asesinado el 14 de enero de 2009 cuando tenía de 30 años de edad.
"Creemos que la única forma que tenemos, luego de haber batallado cada uno por su lado sin obtener respuestas, es llevar una simple propuesta a los legisladores", señala Barrera, aunque aclara que sus iniciativas "son solo ideas" que deben ser elaboradas.
"Solos no podemos hacer nada, pero juntos podemos cambiar muchas cosas", dice, por su parte Ruben Tatto, quien todavía no sabe quiénes fueron los autores de la rapiña que sufrió su madre hace diez años, y a causa de la cual ahora padece serios daños cerebrales.
Con motivo de la difusión en los distintos barrios y también a través de Facebook que ha tenido la movilización del martes, los organizadores esperan una concurrencia de no menos de 1.000 personas.
La intención del grupo es concurrir al Palacio Legislativo y esperar que algún legislador acepte recibirlos y mantener una reunión donde puedan transmitir sus planteos.
En principio, el borrador donde plantean sus reclamos, tienen previsto que sea entregado por Fernando Filgueira, un empleado de una farmacia que quedó parapléjico a causa de una herida que sufrió en 2006, en una rapiña.
El Movimiento Justicia y Seguridad tiene ideas que buscan mejorar la seguridad pública y también aumentar la presencia de los familiares de las víctimas en los procesos judiciales, ya que actualmente no tienen participación alguna en los juicios.
En tal sentido, una de las propuestas que maneja el grupo de familiares es la creación de una Policía Militar bajo mando castrense que pueda colaborar con la Policía en las tareas de patrullaje.
"No es militarizar el país", aclara Barrera. La propuesta va en la misma línea que el proyecto de ley que prevé presentar el senador Jorge Saravia (Espacio 609) y que ya ha recogido críticas tanto desde el FA como desde la oposición.
Por otro lado, pretenden que se establezca un mecanismo de querella privada que permita que los familiares de las víctimas sean parte en los juicios penales, instancias de las que actualmente no participan, sino que todo queda en manos del juez y el fiscal del caso.
El Movimiento Justicia y Seguridad también aspira que el Estado instale un mecanismo de resarcimiento económico y social para las familias de las víctimas de la delincuencia
Fuente: El País digital/Pablo Meléndrez