La ministro de la justicia, Paola Severino, ha hecho saber que “los informes de servicio en los cuales se indicaban las peculiaridades de los coloquios” de la diputado Alfano y del senador Lumia “han sido transmitidos a la magistradura”. Seguidamente la ministro ha solicitado al Departamento de administracción penitenciaria al respeto de las normas que prevé que los políticos pueden hablar solo de las condiciones de detención, so pena de la interrupción del coloquio “en el caso que la conversación exceda los límites de la visita y se transforme en coloquio sobre procedimientos en curso”.

Palabras al viento. El art. 67 del ordenamiento penitenciario (intitulado “Visitas a los institutos”) dice así: “Los institutos penitenciarios pueden ser visitados sin autorización por parte de: a) el presidente del consejo de los ministros y el presidente de la Corte constitucional; b) los ministros, los jueces constitucionales, los vicesecretarios de estado, los miembros del parlamento y los miembros del consejo superior de la magistradura; c) el presidente de la Corte de Apelaciones, el procurador general ante la corte de apelaciones, el presidente de la fiscalía, el procurador de la República ante la fiscalía, el pretor, los magistrados de vigilancia, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones; cualquier otro magistrado por motivos de desempeño de sus funciones; d) los consejeros regionales y el comisario de gobierno para la región, en el ámbito de su circunscripción; e) el diocesano ordinario para el desempeño de su ministerio; f) el prefecto y el cuestor de la provincia; el médico provincial; g) el director general para los institutos de prevención y de pena y los magistrados y los funcionarios delegados por él; h) los inspectores generales de la administracción penitenciaria; i) el ispector de los capellanes; l) los uficiales del cuerpo de los agentes de custodia. La autorización no es necesaria tampoco para aquellos que acompañan a las personas mencionadas en el apartado precedente por razones de oficio y para el personal indicado en el art. 18-bis. Los oficiales y los agentes de la policía judicial pueden acceder a los institutos, por razones de oficio, previa autorización de la autoridad judicial.
Pueden acceder a los institutos, con la autorización del director, los ministros del culto católico y de otros cultos”. Sonia Alfano y Giuseppe Lumia han entrado en el desempeño de sus prerrogativas parlamentarias (la norma se aplica también a los europarlamentarios y región por región a los consejeros regionales). En este caso nos encontramos delante de una maniobra que sobreexpone peligrosamente a Alfano y Lumia  poniéndose como una cabeza de ariete contra el proceso relativo a la negociación Estado-mafia y contra la fiscalía de Palermo. Sonia Alfano y Giuseppe Lumia no han hecho coloquios investigativos. No han hablado de ningún hecho judicial ni de ningún hecho procesual. La norma no dice que pueden verificar solamente las condiciones de detención. Hablar con los detenidos de las leyes del Estado, decir que la única alternativa para esas formas de expiación de la pena es confiarse a la justicia y al accionar sereno de los magistrados no es hablar de hechos procesuales. El parrafeo de los muchos lacayos del poder refleja una vez más ese sagrado terror a la verdad que anima a distintos hombres de las instituciones. La solicitud de Sonia Alfano de renunciar a la escolta porque proviene de ese mismo estado que después de forma esquizofrénica la ataca a ella y al senador Lumia choca con un país que finge sin pudor tutelar a sus servidores.

Todo aquel que vive su propia existencia con espíritu de servicio tiene en cuenta  los peligros que corre su incolumidad. Pero en este caso estamos frente a riesgos predispuestos por quien tiene todo el interés en que no se haga nunca realidad la hipótesis de que salgan a la luz verdades devastadoras gracias a la “colaboración” de boss de primer nivel. Plena solidaridad y apoyo a Giuseppe Lumia y a Sonia Alfano en esta búsqueda de la verdad que auna a todos los ciudadanos que esperan y luchan por un País libre.