El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) de la Capital Federal hará lectura de su sentencia sobre las 18.00 horas, tras la culminación de los alegatos finales y duplicas de las partes querellantes y la defensa de los cuatro ex represores imputados, según información divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial argentino.
En este sentido, los ministros del TOF 1, Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, deberán expedirse sobre el pedido de condena a cadena perpetua contra el ex jerarca de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), general (r) Eduardo Cabanillas, y de 25 años de prisión para los ex agentes de inteligencia Raúl Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo, por 65 delitos de privación ilegal de libertad e imposición de tormentos, y seis delitos de homicidio calificado.
El juicio oral fue seguido además contra los represores Néstor Guillamondegui y Rubén Visaura. Empero, Visaura falleció sobre principios de 2011 (previo a la lectura de los alegatos finales) y Guillamondegui fue eximido, tras sufrir un ataque cerebral y ser declarado incapaz.
El caso fue elevado a juicio oral tras el procesamiento de los seis represores oportunamente dispuesto por el juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Daniel Rafecas. El magistrado comparó "Orletti" con los "campos de concentración del nazismo".
"Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la SIDE, siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecución de exiliados políticos en la República Argentina. Por las entrañas de OT 18 desfilaron unos 200 presos políticos de diversas nacionalidades.
En este sentido, el juicio oral por los crímenes perpetrados en OT 18 supuso la comparecencia de más de 80 testigos, entre ellos, una treintena de uruguayos, víctimas en Argentina de la represión trasnacional desatada en el marco del "Plan Cóndor" como: Sara Méndez, Elizabeth Pérez Lutz, Ana Inés Quadros, Nelson Eduardo Dean, Sergio López Burgos, Sandro Soba, Brenda Falero y Macarena Gelman.
Asimismo, el TOF 1 recibió el testimonio del senador Rafael Michelini y de su hermana María Margarita Michelini (hijos del extinto senador Zelmar Michelini), del soldado Julio César Barboza, el historiador Alvaro Rico, los periodistas Roger Rodríguez, Fabián Kovacic y Samuel Blixen, y del reconocido investigador chileno Carlos Osorio (integrante de la National Security Archive -NSA- de EEUU).
La lista de querellantes incluyó al secretario de Derechos Humanos de la República Argentina, Eduardo Luis Duhalde; la representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Carolina Varsky; el representante de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo Yanzón; y el abogado Gonzalo Romero, representante de ciudadanos uruguayos detenidos y torturados en el centro clandestino de detención, entre otros.
EXTRADICION DE URUGUAYOS
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) concedió en marzo de 2010 la extradición a la República Argentina del coronel (r) Luis Maurente y el capitán (r) Ernesto "Drácula" Soca, para ser juzgados por los crímenes perpetrados por los servicios represivos uruguayos, en "Automotores Orletti" (OT 18). Empero, las disposiciones nunca pudieron efectivizarse.
El fallo del máximo órgano del Poder Judicial prorrogó la extradición de Maurente hasta el cumplimiento de su sentencia en Uruguay, por cuanto el oficial fue condenado a 20 años de penitenciaría como autor responsable de una veintena de "delitos de homicidio muy especialmente agravados", en el marco de la causa "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.
Por su parte, la Corte habilitaba la extradición de Soca. Sin embargo, pocos días antes de efectivizarse su traslado para responder ante los Tribunales argentinos, el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso su procesamiento con prisión como autor responsable de "veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados". El fallo del magistrado dejó en suspenso la extradición de Soca.
La extradición de ambos militares había sido solicitada por el juez Daniel Rafecas, en virtud del cúmulo de pruebas documentales y testimoniales recopiladas durante la instrucción en la República Argentina.
Fuente: La República