Escándalo en el Uruguay

Integraba una red delictiva con funcionarios públicos ubicados “en puntos estatégicos”

Privado de libertad con todas las comodidades

Por Antimafia Dos Mil-30 de setiembre de 2022

Es inevitable pensar, a esta altura del partido, que ser funcionario público es un privilegio, y que los privilegios son un arma de doble filo. Las facultades que otorga tener acceso a datos, información y decisiones de todo un país, han hecho que, en no pocos casos, ciertas personas se atribuyeran licencias que no les correspondían, y transformaran una actividad de beneficio para el país, en un robo a mano desarmada, pero a conciencia (delictual) llena.

Días atrás, el jefe de la custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, fue detenido por estar vinculado a una red de falsificación de pasaportes -para facilitar ciudadanía uruguaya falsa a ciudadanos rusos-, donde había funcionarios del Estado involucrados. Astesiano es un policía retirado, de la confianza de los Lacalle Herrera, ya que había trabajado años atrás con el expresidente Lacalle, y padre del actual: una dinastía protegida por un mismo servidor, del cual dijo el actual mandatario tener una confianza absoluta, por ser un hombre “intachable”.

Sin embargo, los hechos fueron dejando al descubierto (que no era tan “intachable”) y que tenía más de 20 indagatorias por estafa, hurto y apropiación indebida, que no llegaron a antecedentes, por razones que se desconocen. Según consignaron medios locales, llegó a cumplir condena por estafa en 2002 y luego en 2013, estuvo recluido en la cárcel de Las Rosas, en el departamento de Maldonado.

El legajo judicial no tenía huella, porque, según publicó El País con información del gobierno, estos se limpian cada cinco años. En el caso de Astesiano, la causa de 2013 habría sido cerrada por la justicia en abril de 2015.

Luego de ser investigado durante cuatro años, Astesiano fue detenido el pasado domingo 25 de setiembre por personal de Inteligencia policial de Uruguay en la residencia de Suárez y Reyes, cuando volvía junto al jefe de Estado de unas vacaciones en el extranjero. Desde ese entonces, Lacalle Pou realizó declaraciones a los medios bastante contradictorias, dejando más dudas que claridad, y más disconformidad que calma.

El martes 27 de setiembre, fue imputado el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias. Astesiano pasó a cumplir 30 días de prisión preventiva en la cárcel de Florida, pero no pasó por los tratamientos habituales de todos los presos. Como hemos comentado en notas anteriores, cada persona que ingresa al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), va en primera instancia a la Unidad n°1 del penal de Punta de Rieles, al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, donde se define a qué unidad penitenciaria deberá ir, debido a su perfil y otras condiciones.

Pero con Astesiano no ocurrió esta formalidad, y evadiendo los requisitos de la legalidad, fue enviado a la cárcel de Florida, considerada como un lugar privilegiado en el sistema carcelario de Uruguay. Cuando se dio la audiencia de formalización, el hombre pidió que lo tuvieran a buen recaudo de una banda de delincuentes -‘la banda de los cabecitas’- que habrían robado a su hijo meses atrás, y que fue tiroteado por ellos, lo que le generó temor a nuevas represalias, y razón que habría derivado en la elección del centro penitenciario.

Otro de los argumentos fue que el ahora destituido custodio presidencial, tiene diabetes y “una piedra en la vesícula”.

En esa misma instancia, el juez a cargo, Matías Porciúncula, dijo que el juicio no sería público ni transmitido por las vías habituales -a pesar de que la Suprema Corte de Justicia mediante el nuevo Código de Proceso Penal haya dispuesto que todos los juicios deben ser públicos-, utilizando las mismas palabras que horas antes habría dicho el presidente Lacalle Pou, y que sería su argumento para preservar el juicio -de público interés, sin ninguna duda- y pasarlo a la órbita de lo reservado: nadie es culpable, hasta que se demuestre lo contrario.

La fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossatti, fue quien tomó el caso. En la audiencia, Fossatti aseguró que el jefe de la custodia del presidente “ofrecía ‘contactos’ reales o ‘simulados’ con funcionarios ubicados en puestos estratégicos”, gestionando encuentros en la Torre Ejecutiva, en su despacho del cuarto piso.

Hasta ahora serían cinco las personas involucradas en la red delictiva de Astesiano, incluyendo a un escribano, que confeccionaba la documentación falsa.

Repercusiones

El senador frenteamplista Mario Bergara, encabezó nuevamente un discurso de rechazo contra las actuaciones dudosas del gobierno. El miércoles 28, ante la prensa, declaró: "Es difícil de entender de que no haya habido los mínimos filtros imprescindibles como para la definición de un jefe de seguridad, ni más ni menos, de un jefe de Estado".

“Está claro que hay, al menos, un componente de improvisación”, fueron sus palabras.

También reaccionó públicamente el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que, en su alocución de radio, declaró: “Acá hay un problema país", y recordó lo sucedido con el pasaporte brindado desde el consulado uruguayo en Dubai al narcotraficante requerido por Interpol, Sebastián Marset, mientras estaba detenido en el país árabe por portar un pasaporte paraguayo falso.

Recordó además a Jorge Larrañaga, anterior ministro del Interior uruguayo, que en agosto de 2020 dio a conocer públicamente la documentación de Astesiano vinculada a sus marcas judiciales.

De todas formas, comentó que cree en lo que dice Lacalle Pou “cuando dice que está muy golpeado por esto, que le afectó por ser nada menos que alguien que está muy cerca de su familia".

Por su parte, la intendenta Carolina Cosse, dijo a la prensa: "La situación es seria, expreso mi profunda preocupación”, "realmente me parece grave que operara desde Torre Ejecutiva; que los datos de miles de uruguayos hayan sido malusados. La seguridad es un tema fundamental y es función del Estado protegerla", manifestó.

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez fue más contundente en sus declaraciones en el Parlamento: "Lo que se ha intentado hacer pensar, que esto es simplemente el guardaespaldas del presidente, no es así. La custodia presidencial en Uruguay es controlada por el prosecretario de Presidencia de la República”, Rodrigo Ferrés.

"El gobierno se tiene que hacer cargo políticamente de esta situación. Darle explicaciones al Parlamento", expresó, y señaló que Astesiano "tenía antecedentes penales cuando el presidente dijo que no tenía".

Y aún fue más incisivo: “No es de recibo que el presidente diga 'me dieron la mitad del informe'”, eso “nos preocupa”, aseveró.

Desde la bancada del Frente Amplio, evalúan pedir una comisión investigadora para evaluar la situación.

El líder del Partido Colorado y hermano de ‘Betingo’, exdirigente del Club Atlético Peñarol -procesado por lavado de activos y recibir millones de dólares en coimas-, Julio María Sanguinetti, opinó que “no debemos magnificar” este caso de estafa de un funcionario tan cercano al presidente.

“No creo que tenga esa trascendencia”, declaró el expresidente.

De acuerdo a lo informado, en el marco del operativo en torno al caso de Alejandro Astesiano, agentes de Inteligencia Policial allanaron su domicilio, y encontraron partidas de nacimiento falsas.

En este punto la investigación está en sus inicios, ya que aún falta precisar cuántas personas están involucradas y formaban parte de la organización delictiva, y cuántas personas contrataron los servicios ilegales para hacerse de pasaportes falsos.

Lo que se sabe con certeza es que el 22 de setiembre, una pareja de rusos, ella de 20 años y él de 46, acudieron a las oficinas de Identificación Civil en Montevideo. Allí, luego de realizar algunas consultas, fueron detenidos gracias a que el funcionario que los recibió notó que estaban manejando documentación falsa; un hecho que fue recurrente en reiteradas ocasiones en las mismas oficinas, con ciudadanos extranjeros provenientes de China, Pakistán y República Dominicana.

El vínculo con Astesiano se descubrió luego de detener al escribano que elaboró la documentación presentada por los rusos. En el celular del profesional, saltaron a la vista los chats que evidenciaban una organización que llevaba adelante las actividades ilegales.

La documentación que falsificaban utilizaba información de personas fallecidas, que tomaban para confeccionar la ciudadanía uruguaya de ciudadanos rusos y luego hacerles pasaportes falsos.

Mientras tanto, el presidente Lacalle Pou declara a los medios que está sorprendido por la situación, y que “la Justicia tiene que actuar a fondo”.

Nuevamente, complicidades dentro de las altas jerarquías del gobierno multicolor, generan dudas y mucha desconfianza en un sistema político que cada vez da más muestras de servir intereses que no corresponden a su función, y resignifican su verdadera cara, al servicio del dinero, saltándose las normas de convivencia, y dejando al descubierto un aparato de corrupción que nos deja como ciudadanos con dudas, más que razonables.

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*Foto de portada: teledoce.com