Jonathan Morel de Revolución Federal, ¿vinculado al atentado a CFK y al macrismo?

Por Antimafia Dos Mil-21 de octubre de 2022

Durante la jornada del jueves, fue detenido Jonathan Morel, líder de la agrupación de extrema derecha Revolución Federal, denunciado por realizar una serie de amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Morel además, mantuvo una serie de relaciones comerciales millonarias con allegados del expresidente Mauricio Macri. Las autoridades intentan dilucidar si estuvieron involucrados en el intento de asesinato de CFK. Otros tres integrantes también quedaron a disposición de la justicia.

La captura de Morel se realizó en la provincia de Entre Ríos, cuando intentaba alejarse de la capital federal en un ómnibus, según informó C5N. La detención fue ordenada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien además ordenó once allanamientos en Buenos Aires, donde se realizaron las detenciones de Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Los tres, durante los días que se realizó el atentado contra CFK, estuvieron en el edificio donde vive la vicepresidenta.

La cuarta detenida es Sabrina Basile, hija del director técnico de fútbol Alfio Basile. La mujer se presentó por sus propios medios ante la justicia.

¿Vínculos con el macrismo?

Según las evidencias recolectadas hasta el momento, Jonathan Morel habría recibido un pago superior a los ocho millones de pesos, de parte de dos fideicomisos vinculados directamente a una firma de nombre Caputo Hermanos, la cual es propiedad de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Macri, y Nicolás Caputo, con quien el expresidente del PRO comparte una amistad personal y laboral de hace años, a tal punto que Macri lo presenta como su “hermano del alma”. Según los trascendidos de prensa, los pagos estaban vinculados a un trabajo de carpintería que Morel había realizado en la Patagonia argentina en el periodo entre diciembre de 2021 y agosto de 2022.

A los detenidos se les podría acusar por la violación al artículo 213 bis del Código Penal argentino, que establece “reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

La vicepresidenta fue aceptada como querellante en la causa, y sus representantes legales, el abogado José Manuel Ubeira y los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, pidieron desde un principio que esta causa se unificara con la causa que investiga el intento de homicidio, bajo dirección de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien hasta el momento se ha negado rotundamente a investigar la naturaleza política del atentado fallido contra CFK. 

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*Foto de portada: pagina12.com.ar