Diez sentencias a perpetua, una de 25 años de prisión y una absolución -tras un juicio cercano a los cuatro años- es el saldo que arrojó el extenso proceso que estuvo en el seno del Tribunal Oral Federal 1, de la Plata, respecto a varios secuestros y desaparición de personas, y al caso conocido como la “Noche de los Lápices”, uno de los episodios de la represión argentina que fue altamente conmovedor, desde todo punto de vista, tanto que generó inclusive una realización cinematográfica que permitió que no pasara inadvertido a nivel de la opinión pública a través de varias generaciones. Hace 47 años esta terrible historia -una de muchas más- daba comienzo cuando la represión llevó al Pozo de Banfield a un grupo de estudiantes de la secundaria de La Plata, sobreviviendo solo tres -Pablo Díaz, de 65 años, Emilce Moler,y Gustavo Calotti- quienes estuvieron presentes en la sala en el momento mismo en que el Tribunal dictó las respectivas condenas. El operativo represor se llevó a cabo en el mes de setiembre de 1976. En aquella fecha hubo una redada lapso después de una protesta estudiantil y la mayoría de los adolescentes -de 16 y 17 años- que fueron secuestrados de sus respectivos hogares, terminaron privados de su libertad en uno de los centros clandestinos, y de ellos, salvo Díaz, Moler y Calotti, nada más se supo, engrosando la extensa nómina de desaparecidos en los días de la dictadura militar, empresarial y eclesiástica, que reinó a precio de muerte y torturas, dentro del territorio argentino.

Fue el magistrado Ricardo Basílico quien dio lectura al veredicto sobre crímenes cometidos en las brigadas (pozos) de Banfield, Quilmes, Lanús, Avellaneda y San Justo.

Seguramente, Pablo Díaz debe haber recordado cada una de las escenas de aquellos días de horror, cuando se hallaba “chupado” junto a su compañeros de militancia. Debe haber vivido momentos inenarrables -al oír las sentencias- cayéndole la ficha, con sus propios ojos, que sus amigos no estaban allí. Presentes en la jornada de hacerse justicia, 47 años después.

Tras una sesión de cinco horas, en la sala se oye decir a Pablo Díaz: “Ahora necesitamos saber dónde están. Quiero saber dónde están los chicos”. Un reclamo legítimo, hecho 47 años después, de que esos “chicos” fueran secuestrados, torturados y desaparecidos.

Durante el juicio, cuyo inicio se sitúa en octubre de 2020, declararon ante el tribunal numerosos testigos detallando qué sucedió con las más de 600 víctimas que estuvieron secuestradas en los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, mencionados anteriormente, estando entre ellas los jóvenes estudiantes de la Plata, mediáticamente conocidos como los prisioneros de la “Noche de los Lápices”.

Los magistrados, en definitiva, dieron a conocer diez condenas de perpetuas. Estos son los sentenciados: Federico Antonio Minicucci (Jefe de Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada); Guillermo Domínguez Matheu (Jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata); Jorge Héctor Di Pasquale (Jefe de la Sección de Operaciones Especiales del Destacament de Inteligencia 101 de La Plata); Carlos María Romero Pavón (Jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La PLata); Roberto Balmaceda (Jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata); Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno) ; Juan Miguel Wolk (Jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana); Jorge Antonio Bergés (médico policial) ; Horacio Luis Castillo (Comisario); y Carlos Gustavo Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia).

Se sumaron otras resoluciones: A Alberto Julio Canditi (integrante del Destacamento 101, que oportunamente fue extraditado desde Uruguay) se le condenó a 25 años de prisión; mientras que a Enrique August Barre -el numero 2 en el Pozo de Banfield- se lo absolvió.

A excepción de Di Pasquale (detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo) todos los represores mencionados gozan de prisión domiciliaria.

El Tribunal Oral Federal 1, en torno a estos condenados, que no han estado presentes en la sala, dispuso la realización de estudios para determinar si cumplirán las sentencias de esa forma o en una prisión estatal. Cabe consignar que el fundamento de las resoluciones se darán a conocer recién el día 5 de julio, como así también que tanto las querellas como la fiscalía habrán de apelar la decisión de absolver al represor Enrique Augusto Barre.

No hay tiempo límite para hacer justicia, especialmente cuando son delitos de lesa humanidad. Y los represores, por el solo hecho de saberse condenados, deben asumir que todo el peso de la ley les ha caído sobre sus espaldas, haciendo añicos esa oprobiosa impunidad, con la que han sido beneficiados en todos estos años.

Cada testimonio ha sido un contundente golpe a esa impunidad; a ese represor que alguna vez tuvo la idea de que nadie le pediría cuentas sobre sus actos; a ese argentino que no dudó un instante -abrazado al poder, y en su respectivo puesto en el aparato represor- a ser funcional a un plan genocida.

Este día de condenas por los crímenes en los centros clandestinos de la Provincia de Buenos Aires, y por la “Noche de los Lápices” resume -hoy por hoy- que hay jueces y fiscales que todavía hacen honor a la honestidad en el ejercicio de su profesión y de su función pública. Aún a paso de tortuga, en la Argentina, los procesos judiciales para hacerse justicia tras la dictadura, se cumplen, dentro de un sistema que por el momento, aún con los contratiempos generados por la cultura de la impunidad -agazapada a los responsables del terrorismo de Estado- sigue manteniendo incólume y vivo, el espíritu de dar castigo a los que formaron parte del aparato represor.

Es solo esperar, que hayan más condenas. Condenas a los represores que están quizás, en medio de nosotros. Pero por encima de ellos hay ojos atentos, que los están observando. Observando con paciencia y con la certeza de que no habrá una paz para pregonarla, si no hay justicia.

La justicia que les debemos a todos y a cada uno de los desaparecidos, de la Argentina, y del Uruguay. Porque en ambas márgenes del Río de la Plata, y allende de sus fronteras: en Paraguay, Chile y Brasil, el Plan Condor hizo estragos. Y muchos, y bajo diferentes formas.

Ahora es el tiempo de hacer justicia. Cuanto antes. De inmediato. Ya. Porque se corre una verdadera carrera contra reloj. ¿Lo duda? Yo no.

Foto: gentileza de Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires