Aún así reclaman anular la condena y archivar el caso

Sus abogados piden intervención de la Comisión Interamericana de DDHH

Por Victoria Camboni-5 de febrero de 2021

Los tres hermanos Peirano Basso, condenados por fraude bancario, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se anule el proceso contra ellos,así como los antecedentes penales, alegando faltas a sus derechos humanos y un exceso de tiempo sin haber recidido condena.

La familia Peirano Basso, a cargo del grupo Velox, fue responsable en 2002 de fundir el Banco de Montevideo y el Banco La Caja Obrera en Uruguay, dejando al Uruguay sumido en una crisis financiera sin precedentes, profundizando notablemente la pobreza, al tiempo de provocar que cientos de ahorristas perdieran todo su dinero. Tras la histórica y descomunal estafa, calculada en 800 millones de dólares y un país al borde de la quiebra, Jorge Peirano Facio y tres de sus hijos, que contaban con gran parte de las acciones del grupo económico, fueron a prisión, mientras que el otro hermano, considerado el jefe del grupo, Juan Peirano, fue extraditado desde Miami recién en 2006, a donde se había dado a la fuga.

El tema volvió a la luz pública luego de que el fiscal Luis Pacheco asumiera el caso el 10 de diciembre del año pasado. Pacheco recibió en el expediente una solicitud de la defensa de Juan Peirano Basso que podría ser una "prueba" determinante, indican los abogados, para definir la inocencia o culpabilidad del acusado, pero debido a que la solicitud inicial de dicha prueba se hizo en 2012 -y hasta ahora no hay respuestas ni avances en el proceso-, y pidió a la jueza del caso, IsauraTórtora, que desestimase la solicitud. La respuesta de los abogados del líder del grupo económico fue un pedido de anulación de la causa.

Paralelamente la Justicia examina la denuncia presentada ante la CIDH por los tres Peirano procesados, donde reclaman que se anule tanto el proceso abierto contra ellos, como los antecedentes penales, argumentando que se violaron sus derechos humanos por haber pasado años sin una condena.

Su argumento se sostiene en que desde agosto de 2002, cuando sucedió la estafa millonaria con desviación de dineros del Banco de Montevideo a cuentas de las empresas que manejaba la familia, el proceso a Jorge, José y Dante Peirano Basso se extendió hasta el 2017, año en el que finalmente se les condenó con prisión por fraude bancario.Sin embargo el líder del grupo, Juan Peirano, aún no recibió una sentencia.

Ese mismo año, los imputados presentaron una denuncia, que aún está en estudio, donde solicitan al Estado la anulación del proceso penal en su contra y que sus antecedentes penales sean eliminados.

Su pedido se basa en que el delito por el cual estaban siendo investigados fue anulado mediante una ley durante el tiempo que transcurrió el proceso y su juicio cancelado por un tribunal de la Justicia. Mientras sucedía todo esto, Juan Peirano permaneció fugado hasta que años más tarde se lo extraditó al país; los restos del padre, que falleció en prisión, fueron exhumados para determinar su identidad; el juez estuvo envuelto en una polémica política y se apartó del caso; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino debido a los años de prisión preventiva sin una sentencia para los hermanos Peirano. Pero la Suprema Corte de Justicia decidió retomar el caso, condenando finalmente en 2017 a los tres hermanos que permanecieron en el país desde la quiebra y estafa al Banco de Montevideo y al Banco La Caja Obrera, dos de más las más de diez grandes empresas que manejaba la familia en Uruguay.

En la demanda, presentada en la CIDH, los hermanos hoy condenados solicitan que se anulen las condenas y que se les otorgue una “reparación integral” y una “disculpa pública” por parte del Estado uruguayo, ya que alegan que la extensa duración de la prisión preventiva resultó en una violación “gravísima” a sus derechos humanos, superando los plazos convencionales del proceso. Se trata de la segunda vez que la familia interpone una demanda contra el Estado por las mismas razones. Sus abogados, el uruguayo Pablo Donnángelo y los argentinos Carlos Varela Álvarez y Carlos de Casas, presentaron un escrito en el que sostienen que la sentencia en su contra “adolece de nulidad absoluta”, y que se encuentra “en directa y franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos”.

En ese sentido, en el escrito se manifiesta que a casi mil días de comenzado el proceso a los hermanos Peirano, "del expediente judicial no surgía una sola constancia de actividad procesal de índole alguna encaminada al esclarecimiento de los hechos imputados".

También señalan que el Estado violó el principio legal de congruencia, ya que en el proceso hubo hacia ellos un "cambio sorpresivo e injustificado" de la imputación que se les aplicó, para, según ellos, "justificar una prisión injustificable". Y reclaman que la Suprema Corte de Justicia "se tomó tres años para decidir el recurso de casación que finalmente desestimó".

Otra de sus protestas es que cuando se aplicó una Ley que buscaba descongestionar las cárceles, los Peirano fueron excluidos, sufriendo así "discriminación legislativa".

Pero los cuestionamientos se dirigen también a autoridades del Poder Ejecutivo, de quienes se quejan que utilizaron la "causa Peirano como botín político", actuando basados en la "alarma pública".

Esta vez Juan Peirano, que sigue sin condena desde 2006, cuando se solicitó a Estados Unidos su extradición -donde se encontraba prófugo de la justicia uruguaya-, hizo su planteamiento ante el juzgado penal de 23er turno, donde a través de su abogado, Daniel Sellanes, solicitó a Tórtora que “disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones”, por considerar que se violó el “derecho al plazo razonable en el proceso penal” de su cliente. Hasta el momento no hay acusación presentada por Fiscalía, y Peirano por lo tanto sigue en un limbo jurídico, sin posibilidad de ser absuelto o condenado ya que no está dado el paso previo que es la acusación.

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*Foto de portada: www.lainformacion.com