Por José Guzmán, desde Argentina-12 de abril de 2021

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, notificó, para declaración indagatoria, a 13 personas de la Comarca Andina, seis de los cuales ya están acusadas, por la supuesta agresión al presidente Alberto Fernández, cuando semanas atrás visitó la provincia de Chubut (Argentina), para hacer un relevamiento de las consecuencias de los incendios forestales de la región.

Las trece personas citadas están acusadas de “presunta comisión de los delitos de daño agravado y estorbo a un funcionario público en ejercicio de sus funciones”, según informaron las autoridades.

Las declaraciones se llevarán a cabo en el mes de abril en la sede judicial y las citaciones fueron dirigidas a aquellas personas que se cree tuvieron un papel activo en la agresión al vehículo en el que se trasladaba el jefe de Estado en aquella visita a la Patagonia. No obstante, fuentes judiciales indicaron que seguramente más personas serán convocadas por estar bajo sospecha de haber participado de diversas situaciones.

Al comienzo de la investigación, en el marco de una causa en la Justicia provincial, se detuvo a cinco personas que fueron identificadas y luego liberadas, aunque ahora forman parte de los citadas por el juez Otranto. La Justicia provincial de Chubut fue la que dio inicio a la causa, pero por tratarse de una agresión al presidente de la Nación, se le dio intervención al juzgado Federal 15º de Esquel donde preside Guido Otranto, conocido por su perfil “antimapuche”.

Los hechos se produjeron cuando el mandatario y su comitiva salían del Centro Cultural de Lago Puelo, una de las localidades de la Comarca afectadas por los incendios forestales en la cordillera argentina, y donde los manifestantes, vecinos y vecinas fueron a repudiar la zonificación minera. En la confusa salida del presidente hacia el coche se arrojaron piedras y golpearon los vidrios del vehículo presidencial ante la total ausencia de custodia, lo que produjo la suspensión de las actividades presidenciales para ese día, según indicaron las fuentes judiciales y policiales.

¿Pero acaso el presidente Alberto Fernández olvidó las declaraciones públicas que emitió en enero de este mismo año, alineándose a la megaminería, respaldando el proyecto minero en Chubut al reunirse con Mariano Arcioni gobernador de Chubut donde se trató la zonificación minera, un proyecto que la población casi de inmediato salió a repudiar en las calles?

El hecho importante que hoy se puso como tema secundario es que este fue uno de los incendios más grandes nunca antes visto en la región, un desastre ambiental donde cientos de personas quedaron desamparadas por el Estado Argentino hasta el día de hoy. Y que tras este incidente está la sombra de la mega minería presente, ya que los territorios quemados (intencionalmente), favorecen al mercado inmobiliario y extractivista de amigos del poder.

Para la criminalización, todos los recursos del Estado. ¿Y para las víctimas del incendio? En la Zona de Golondrinas, Cerro Radal, El Pinar, la Ecoaldea, Bosques del Sur, hoy, a un mes del incendio que se llevó más de 500 viviendas, siguen sin luz, agua y gas.

Las personas que se organizan día a día para reconstruir las vidas de las víctimas sin ningún apoyo del Estado denuncian que llegaron recursos al Municipio de El Hoyo, y de Lago Puelo, así como ayuda económica, pero esto nunca llegó a quienes realmente lo necesitaban.

A esta situación espeluznante, donde hay familias enteras durmiendo bajo la humedad en carpas, porque lo han perdido todo, hay esperanzas y fuerza para seguir en pie, y eso ha sido gracias a todos los pobladores que están poniendo su energía y solidaridad para que antes del invierno las víctimas tengan un techo para resguardarse. Esta solidaridad llega de diversas partes del país y de redes de artistas, artesanos, construcción, negocios locales, etcétera.

Las declaraciones de las personas afectadas, a las que Antimafia pudo acceder en el lugar nos dicen lo siguiente: “Policía Federal acusa de agredir al presidente y la comitiva. Varias personas fueron detenidas. Luego, con un uso desmedido de la fuerza realizaron allanamientos, secuestro de prendas y celulares. Primero actuó La justicia provincial, y en la segunda etapa Otranto reclama la causa, y pide que la Justicia provincial se inhiba para que actué la justicia Federal”.

“Se condena y se repudia que no se esté investigando a quienes son los responsables del incendio. Y están criminalizando a vecinos, desviando la atención, de los incendios intencionales y los negociados del negocio megaminero. Pero seguimos reclamando en la calle, no tenemos miedo, por las vidas que se perdieron en el incendio”.

Al Juez Guido Otranto debemos recordarlo por avalar las causas inventadas contra Facundo Jones Huala por las que luego fue absuelto, por su amistad con el poder y los terratenientes de la Patagonia como Luciano Benetton y Joe Lewis.

Aparentemente estamos ante la antesala de una persecución de ambientalistas y mapuches, quienes son los principales acusados por esta Justicia Federal aliada al poder, los mismos, que están en contra de la megaminería y los mismos que realmente ayudaron a los damnificados por los incendios, poniendo el cuerpo; porque el Estado Argentino no estuvo, no está y visiblemente vemos que se hace presente solo para perseguir a aquellos que reclaman por causas justas.

El enemigo interno existe en la Argentina, pero no son los militantes, los desposeídos, o los que gritan en las calles por dignidad o derechos de los que fueron privados.

El enemigo interno en este país es el mismo Estado, que tambalea ante el reclamo de la gente.

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*Foto de portada: www.antimafiadosmil.com