LA COMISIÓN PARLAMENTARIA PRO-MAFIA
- 4092
LA COMISIÓN PARLAMENTARIA PRO-MAFIA
Por Giorgio Bongiovanni - 19 de Octubre de 2013
Si la última Comisión antimafia, presidida por Beppe Pisanu, fue capaz de plantear tesis negacionistas y auto absolutorias con respecto al rol del Estado ante la negociación Estado-mafia (en su informe habló exclusivamente de un “tácito y parcial acuerdo”), la que vendrá nace con la intención de destruir a la antimafia.
Quien logrará con éxito esta “hazaña” será precisamente este Gobierno de la confabulación, el mismo que se ha prostituido ante un criminal como Silvio Berlusconi, que a pesar de la condena sigue ocupando un escaño en el Parlamento dictando la agenda política. La intención, que no es más que la de obstaculizar y ridiculizar a quienes buscan la verdad sobre las relaciones entre política y criminalidad organizada, no ha sido declarada pero resulta evidente al repasar los nombres de quienes compondrán esta Comisión.
Entre los citados hay algunos a los que definir como discutibles es decir poco. Personajes como Carlo Giovanardi (PDL), quien en estos últimos meses se 
ha visto involucrado en las empresas de la Región de Emilia Romaña que han quedado bloqueadas por la Prefectura porque existe el riesgo de que están bajo el condicionamiento mafioso, y por lo tanto deben quedar fuera de la reconstrucción post sismo, siendo que ha presentado enmiendas para modificar las medidas cautelares interdictivas antimafia, las cuales en cambio son consideradas fundamentales por los peritos 
competentes. O incluso Carlo Sarro (PDL), abogado de Nicola Cosentino, ex subsecretario acusado de concurso externo en asociación mafiosa (camorra). Un sujeto que se convirtió en el protagonista de una álgida polémica sobre los términos de la condonación edilicia contra la Asociación “Libera” y contra Don Luigi Ciotti. Luego está Vincenza Bruno Bossio (PD) cuyo marido está acusado de corrupción y de otros delitos en una investigación sobre las instalaciones de energía eólica de la Región de la Calabria. También está Giovanni Bilardi, Senador del grupo “GAL”, indagado por la Fiscalía de Reggio Calabria por peculado en el ámbito de la investigación por reembolsos por los gastos de los grupos regionales. Luego sigue Donato Bruno (PDL), candidato por su partido para el rol de Presidente de la Comisión antimafia. Una figura que siempre se opuso a todo tipo de acción directa del Estado contra las mafias, en especial al régimen de cárcel duro, el famoso 41 bis. Sin hablar de su amistad con Cesare Previti y Renato Schifani, indagado por concurso externo en asociación mafiosa.
Otro miembro indigno es Claudio Fazzone (PDL), acérrimo defensor de la Junta Comunal de Fondi antes de que la Municipalidad fuera disuelta por mafia, a pesar de las probadas infiltraciones de la 'Ndrangheta y de la Camorra. Pero Fazzone también fue el chófer de Nicola Mancino cuando era Ministro del Interior en el verano de 1992. Mancino hoy se encuentra acusado en el proceso judicial que se está celebrando en Palermo sobre la negociación y espontáneamente uno se pregunta si será capaz de investigar sobre lo ocurrido en aquellos años de atentados.
Pero no convence del todo tampoco quien fue elegido por el PD para competir por el cargo de Presidente de la Comisión. Con el debido respeto por la diputado Rosy Bindi, una persona honesta y culta, tenemos grandes dudas sobre la preparación en el tema antimafia ya que no posee la experiencia y la competencia que habrían podido tener otros miembros. Pienso en figuras como Giuseppe Lumia o Claudio Fava, cuya historia antimafia no puede ponerse en tela de juicio.
Como si no fuera suficiente en estos días salió a escena el indigno show de peleas, amenazas y vetos para imponer cada uno sus propios candidatos a la presidencia. Y por ello el nombramiento del nuevo Presidente que estaba previsto para el 15 de octubre fue postergado.
Pero también es impresentable el nombre que propuso “Scelta Civica”: Stefano Dambruoso. Sin recordar sus graves errores en las investigaciones sobre el secuestro de Abu Omar, cuando se encontraba en la Fiscalía de Milán, es suficiente con recordar lo ocurrido en el mes de Julio pasado, cuando en la Comisión de Justicia de la Cámara, intentó que se aprobara el art. 416 ter del Código de Proceso Penal – compra de votos – agregando palabras como “conscientemente” o “búsqueda” que habría podido dejar sin efecto la medida haciendo prácticamente imposible encastrar a los boss mafiosos y a los políticos complacientes.
Quien lo apoyó en esta iniciativa fue también Davide Mattiello (PD), quien también se encuentra entre los miembros de la Comisión anti-antimafia. Muchas ideas a favor de los criminales. Todo esto puede ser suficiente como para decir que la negociación Estado-mafia no solo llegó a buen puerto sino que aún hoy esta más que presente. Porque estar en contra del 41 bis, pensar en reformas de la Justicia que en lugar de reforzar el poder de la magistratura lo debilita, es la señal de una política que no solo se vuelve 
complaciente sino cómplice. La señal de que una parte del Estado jamás pretenderá derrotar a la mafia.
A los cronistas no nos queda más, por el momento, que observar y, en la medida de nuestras posibilidades, dar nuestro aporte para la búsqueda de la verdad. Y en el momento que nuestras sospechas se confirmen lucharemos también lucharemos contra esta Comisión que de antimafia no llevaría más que el nombre.
Si este Gobierno fuera coherente tendría que renunciar a crear esta Comisión antimafia o, si realmente no puede evitarlo, al menos tendría que llamarla con honestidad intelectual “Comisión pro-mafia. Consejos para una nueva Comisión provincial y regional de Cosa Nostra y organizaciones 
criminales relacionada”.