La violencia del operativo incluyó golpes con palos, balas de goma disparadas a corta distancia, y una violencia descargada sobre los manifestantes y transeúntes que pasaban por el lugar.

Los detenidos estuvieron 48 hs incomunicados en la Comisaría 7ma del Prado, donde fueron amenazadas con aplicarles el “submarino”, un método de tortura de la dictadura. Literalmente los molieron a golpes y uno de ellos fue desnudado y amenazado con violarlo. Finalmente fueron liberados sin cargos por no existir prueba alguna contra ellos.

Se han violado todos los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales a los que el Estado Uruguayo ha adherido, además de que se criminalizó nuevamente la protesta social y se demonizó a quienes concurren a las movilizaciones.

Sin embargo, al día siguiente a la represión, el Ministerio del Interior emitió un comunicado que fue colgado en su página web donde respaldaba el operativo, mientras que el Sindicato Policial también salió a defender corporativamente a quienes allí intervinieron.

Pero distintos sectores de la sociedad, impresionados con el terrible accionar y la violencia inusitada que se desplegó, que incluyó la intervención del PADO y la Guardia Republicana, han salido contundentemente a rechazar la violencia que se vio en los videos y fotos que recorrieron los medios de comunicación y las redes sociales.

En algunas declaraciones se rechaza la Reforma “Vivir Sin Miedo” que permite la militarización de las calles, pero se señala que la represión aplicada por este gobierno tampoco es la forma.

Desde el ámbito sindical, el PIT-CNT y gremios de la educación como ADES Montevideo denunciaron la represión, siendo que la misma había sido convocada para denunciar la injerencia de UPM en la enseñanza. Mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) responsabilizó en su comunicado directamente al gobierno, al decir que “Entendemos que este accionar por parte del gobierno no es aceptable. Atenta contra la libertad de expresión y es un claro ejemplo de la criminalización de la protesta social”.

ADES, que nuclea a docentes de enseñanza secundaria, convocó a la movilización. Y frente a los hechos, manifestó que “Una muestra más de la entrega de nuestra soberanía fueron los episodios de la noche de ayer, donde se utilizó al aparato represivo para intentar acallar las voces de distintas organizaciones sociales y sindicales, que estamos denunciando el atropello con que el capital multinacional avanza con complicidad directa del gobierno, quien ha puesto a disposición de la empresa, todo el sistema público y el dinero del pueblo para seguirles cumpliendo el sueño a estas multinacionales de maximizar el saqueo”.

Por su parte, el Sindicato de Artes Gráficas, además de condenar la represión, llamó a suspender al Sindicato Policial como integrante del PIT-CNT. “Decimos, con responsabilidad y firmeza, que vamos a plantear en la próxima Mesa Representativa que se SUSPENDA la participación del Sindicato Policial (SIFPOM-U) hasta el próximo Congreso del PIT-CNT; en el que plantearemos la EXPULSIÓN de esta organización, con la cual no queremos seguir compartiendo ninguna instancia colectiva”, manifestó en su declaración.

En tanto que el Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, emitió un comunicado donde manifiesta que el accionar represivo en esta marcha no constituye un hecho aislado. Denuncia la criminalización de la protesta y llama a defender el derecho a la libre expresión: “Es preciso frenar la expansión del punitivismo en nuestra sociedad. Eventos como la persecución, vigilancia e infiltración de manifestaciones contravienen estos principios en la medida que intentan inhibir o criminalizar la protesta social” en tanto que “estas prácticas son propias de los tiempos más oscuros de la historia de nuestro país”. Finalmente, la UdeLaR “reitera su llamado al gobierno para que revise las prácticas policiales señaladas y convoca a la sociedad en su conjunto a esta alerta ante la extensión de este tipo de prácticas”.

Desde el ámbito de los Derechos Humanos, el SERPAJ, entre otros organismos, emitió un comunicado donde “repudia y denuncia una práctica cada vez más extendida en el uso exacerbado de la fuerza policial durante manifestaciones públicas, de proporciones sumamente injustificadas y abusivas, con un claro objetivo de criminalización de la protesta social”.

Finalmente, desde sectores políticos del propio partido de gobierno, debieron salir a desmarcarse del accionar del Ministerio del Interior. Rafael Paternain, Senador suplente por Casa Grande/Frente Amplio, denunció a través de su cuenta de Twitter el exceso de violencia en el procedimiento de las fuerzas de seguridad y agregó que “Esta violencia, que fue visible, nos hable también de otra que no vemos, y que se da a diario en los barrios, en las cárceles”.

En tanto que el Secretariado Ejecutivo del PVP-Espacio 567, recordó en su comunicado que este hecho debe sumarse a otros ocurridos recientemente, como las detenciones a estudiantes en distintos liceos (el 45 de Aires Puros y el 1 de Solymar). Y exigió respuestas de parte del gobierno: “Repudiamos este accionar represivo y solicitamos al Ministerio del Interior que brinde explicaciones a la fuerza política sobre esta actuación de las fuerzas policiales”.

En concordancia con todas estas manifestaciones de repudio, varios otros organismos y colectivos se pronunciaron contra la represión y la violencia institucional, demostrando el amplio arco político que confluyó para condenar la criminalización de la protesta como práctica de este gobierno.

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(*) Gentileza de La izquierda Diario

*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com.uy