El 10 de enero de 1994 ejecutaron con más de 270 disparos a cuatro personas

Por Alejandro Diaz-22 de diciembre de 2022

Siete expolicías de la maldita policía bonaerense fueron condenados a 25 años de prisión por la Masacre de Wilde. Casi 28 años tuvieron que pasar para que uno de los casos más emblemáticos de ‘gatillo fácil’ en la Argentina, tuviera una condena. Casi 28 años de impunidad amparados por un sistema político y judicial que confirman la fragilidad del sistema democrático en el que vivimos. Aquel fatídico día, más de 270 disparos segaron la vida de Norberto Corbo, Edgardo Citutín, Héctor Enrique Bielsa y Claudio Mendoza

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora, condenó, el pasado lunes, a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; a los exoficiales Osvaldo Lorenzón, Pablo Dudek, Julio Gatto y Marcelo Valenga; y a el excabo Marcos Rodríguez, por considerarlos coautores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en cuatro hechos y un quinto en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí. Los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández determinaron una condena de 25 años de prisión, que será efectiva una vez que el fallo sea confirmado. Mientras tanto los expolicías permanecerán en libertad.

La Fiscalía, constituida por Jorge Bettini Sansone y Viviana Simón, había dado lugar al pedido de parte de la querella que pretendía una condena a cadena perpetua.

La ratonera

El 10 de enero de 1994, un grupo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en la Provincia de Buenos Aires, salió de cacería para interceptar un botín de guerra. El operativo falto de toda legalidad tenía como objetivo interceptar a una banda de ladrones de banco, al menos en la primera versión que contaron los policías, que intentaron justificar la balacera alegando un enfrentamiento armado. Luego se sabría que en realidad los supuestos ladrones eran ‘buchones’ de la policía y que a veces traficaban con drogas para la caja negra de la bonaerense. Pero algo en los negocios no estaba claro, y los policías salieron a ejecutarlos.

Es importante tener en consideración que la maldita bonaerense de los 90, estaba consolidada en el remanente de policías represores que participaron activamente en las patotas de secuestradores, torturadores, violadores y ladrones que asolaron a la sociedad y particularmente a la juventud durante la etapa militar de la dictadura cívica, empresarial y eclesiástica. Tal es así que, en la sede de la Brigada de Investigaciones de Lanús, funcionó durante la dictadura el Centro Clandestino de Detención llamado ‘El Infierno’, que estaba bajo la lógica predadora del represor multicondenado, Miguel Etchecolatz.

Aquella mañana, once agentes vestidos de civil y armados con once pistolas 9 milímetros, una carabina, dos fusiles Uzi y tres Itakas, subieron a cuatro automóviles sin patente, sin identificación, y salieron al cruce de los “ladrones”, que según los datos de “inteligencia” se movían en un automóvil Dodge 1500 y en un Peugeot 505.

Los supuestos ladrones eran Héctor Enrique Bielsa, Claudio Mendoza, Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón. Bielsa era un buchón de la policía, con vínculos directos con varios comisarios. Mendoza, Quintana y Leguizamón tenían antecedentes penales. Los dos autos en los que se desplazaban aquella mañana eran remises. El Peugeot era conducido por Norberto Corbo; el Dodge, por Guillermo Correa, ninguno de los dos tenía relación con la banda, simplemente aquel día estaban cumpliendo con su trabajo. Según publicó La Retaguardia, que volvió a cubrir las instancias judiciales de una causa sensible para la ciudadanía, durante el juicio se planteó la hipótesis de que el encuentro entre los policías y los ladrones estaba pautado. Esto se pudo establecer a partir de los registros telefónicos y gracias al testimonio de Cristian, el hijo de Bielsa. Pero, por cómo se dieron los hechos quedó confirmado que los policías ese día salieron a matar, como se dice en la jerga, el encuentro más que una cita fue una “ratonera”.

En el lugar equivocado

Esa misma mañana, Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, dos vendedores de libros de Palermo, viajaban rumbo a Burzaco, en provincia de Buenos Aires. Se desplazaban en un Dodge 1500, similar al manejado por Correa. Los libreros nada tenían que ver ni con policías, ni con ladrones, pero sus vidas quedarían condicionadas de por vida.

Los autos de los ladrones en algún momento se separaron, y por razones del destino, el Dodge de los libreros quedó en el medio de la trama. Fue entonces cuando los policías irrumpieron en la escena, a la altura del parque Dominico, y abrieron fuego cortando violentamente la circulación de los autos. Descargaron más de 200 disparos contra el Peugeot. El remisero Corbo, Héctor Bielsa y Claudio Mendoza murieron prácticamente en el acto. No hubo tiempo a nada, no hubo reacción posible, y por sobre todas las cosas, no hubo tiroteo. Ningún oficial resultó herido, ninguna bala se impactó contra los autos de los policías. Casi instantáneamente el infierno se desencadenó sobre el Dodge de los libreros. Diaz intento maniobrar para esquivar las balas, pero no logró avanzar más que unos pocos metros, y se apuraron a bajar del vehículo que ya era una coladera. Los policías, vestidos de civil, sin identificación, se abalanzaron sobre ellos.

“¿Dónde están los fierros?”, le gritaban los policías de civil a Díaz, que alcanzó a responder, “el único fierro que tengo es la lapicera”. Reducido, Díaz -que logró sobrevivir-, escuchó una ráfaga de disparos, e instantáneamente sintió los sollozos de su amigo, Edgardo Cicutín, que según se pudo confirmar murió fusilado por la espalda, por las balas de la maldita policía bonaerense.

Como es regla entre los delincuentes y asesinos uniformados e institucionalizados, tras la matanza, y el grosero “error”, dado que había víctimas no previstas, intentaron plantar armas, y desde entonces, con la cobertura de las jerarquías policiales, y el amparo del sistema judicial, comenzaron a construir la mentira del enfrentamiento. El desvío fue la piedra fundamental de una impunidad que lleva 28 años, y que seguirá contando hasta que esta condena quede firme, y hasta que sean enjuiciados los cómplices del encubrimiento y los responsables políticos.

El otro Dodge, conducido por Guillermo Correa, donde viajaban Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón, fue detenido varios metros atrás. Ellos si iban armados, y pese a que dispararon algunas veces, ninguno resulto herido. Indudablemente la matanza no era para todos. Tanto Quintana como Leguizamón, años más tarde durante las audiencias del juicio, intentarían abonar la teoría del supuesto robo a una financiera en Wilde, que fue desde un principio la justificación de los policías.

Impunidad, el sello de la dictadura

La jueza natural del caso fue Silvia Susana González, quien siguiendo el rastro innegable de sangre proceso a once policías. Además de los ahora condenados, fueron procesados los comisarios Cesar Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, que murieron impunes durante el largo proceso. También escapó al juicio el subteniente Marcelo González, quien sufrió pocos meses atrás un ACV, y quedó invalidado a ser juzgado por incapacidad. Todos eran miembros de la Brigada de Lanús, que en aquel entonces estaba guiada por el subjefe, comisario Juan José Ribelli, el mismo que fue procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA, ocurrido también en aquel sangriento 1994. El día de la masacre, Ribelli se encontraba de viaje, lejos de Buenos Aires. Es importante destacar que Ribelli, estando preso, se recibió de abogado y actualmente comparte un despacho con José Manuel Ubeira, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad; causa en la que fue recientemente condenada. Ubeira, en el juicio por la Masacre de Wilde, es el representante legal del excomisario Marcelo Valenga. Solo un detalle anecdótico.

“Se probó que falsificaron el sumario desde un primer momento, lo que motivó que pidiera en el alegato que se promoviera una denuncia en contra del jefe de la brigada de investigaciones de Lanús y de los oficiales que intervinieron en los primeros actos de la instrucción, porque incurrieron en el ocultamiento de elementos fundamentales para la investigación. Eso es fraude procesal”, dijo por su parte a Tiempo Judicial, Ciro Annicchiarico, abogado de Raquel Gazzengo, la viuda de Cicutín, que nunca bajó los brazos.

La jueza González en aquel fatídico 1994, chocó desde un principio contra el sistema de impunidad. Pese a que los acusados fueron detenidos en un primero momento, al poco tiempo fueron sobreseídos por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Avellaneda. Los familiares de las víctimas apelaron los fallos en reiteradas ocasiones, pero el sobreseimiento se sostuvo en distintas instancias en 2003 y en 2007. Recién en el 2014, veinte años después de la masacre, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó los fallos del sobreseimiento, y ordenó reabrir el expediente. Durante 20 años, los asesinos sin juicio continuaron libres, y lo que es peor, operando sobre el territorio. Todos salvo el excabo Marcos Rodríguez, que se dio a la fuga, pese a que él declara que no estaba enterado de ser requerido por la justicia.

Según declaró Rodríguez, el único policía involucrado en la masacre que no era oficial, luego de los hechos fue amenazado, él y su familia, y por tal motivo decidió trasladarse a la provincia de Córdoba, donde vivió anónimamente durante casi 20 años, hasta que finalmente fue apresado por estar considerado prófugo de la justicia, ya que según consta en el expediente, se habría fugado de la comisaria donde se hallaba detenido tras la masacre. Durante 20 años, nadie lo buscó.

Entre líneas

“Yo quiero hablar porque veo que un árbol les está tapando el bosque”, dijo el excabo Rodríguez ante el tribunal. “Tomate el palo o barremos con toda tu familia”, dijo sobre los motivos que tuvo para mudarse a Córdoba. Aunque no aclaró quien era puntualmente el que realizó las amenazas.

Rodríguez, ahora condenado sostuvo en todo momento su inocencia, y se animó, aunque superficialmente, a intentar deshilvanar la interna de la maldita policía, y en particular sobre la Brigada de Lanús. “El jefe era Ojeda, pero estaba desdibujado, porque ni él, ni Juan José Ribelli hablaban con la tropa”, dijo Rodríguez durante la audiencia según público la retaguardia. El comisario inspector José Miguel Ojeda era el responsable máximo de la brigada, además era el cuñado de Ribelli. Y luego afirmó, “el verdadero poder lo tenían los jefes de operaciones, porque nada se hacía sin su conocimiento. (…) Los jefes operativos iban a cada uno de sus destinos acompañados con su ‘familia’", refiriéndose a una suerte de cofradía formada entre los jefes y sus subalternos de confianza, que se movilizan claramente bajo parámetros similares a los de las organizaciones criminales de tipo mafioso.

Seguidamente el excabo echó por tierra la teoría del supuesto robo a la sucursal financiera, “para la prevención se usaban móviles identificables de las comisarías”, dijo, dejando en claro la completa y total irregularidad del operativo en que los policías no solo iban vestidos de civil, sino que además se movilizaban en autos particulares sin identificación alguna.

Otro dato de curiosidad que aportó Rodríguez fue siguiente: mientras estaba detenido en la cárcel de Marcos Paz, conoció a Carlos Telleldín, quien estuvo involucrado directamente en el desvío de la investigación por la Causa AMIA. Telleldín había recibido 400 mil dólares de los servicios de inteligencia para involucrar en la causa a las bandas de comisarios. Según Rodríguez, “Telleldín se sentó delante de mí y me dijo: ‘¿Cuánto querés para hacerte cargo de lo de Wilde? Mira que pueden llegar a vivir muy bien tus hijos y tus nietos”.

El pulpo

Desde hace algunos años, se han abierto varias causas judiciales que intentan desmarañar la compleja trama de los agentes de inteligencia, que desvariados de su función dedican sus esfuerzos para perseguir opositores políticos, activistas o familiares de víctimas donde el Estado está involucrado. Casos como el espionaje sobre los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, o el espionaje sobre los familiares de Santiago Maldonado, y ni hablar de la Gestapo macrista del Tercer Reich, como lo definió recientemente la bicameral de Inteligencia del Congreso argentino.

El 11 de enero de 1994, un día después de la masacre, la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), inició el legajo 37102 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos), bajo el título “Enfrentamiento armado entre personas de la Brigada de Investigaciones de Lanús y Delincuentes de Wilde – muerte de civiles ajenos al procedimiento, Norberto Corbo y Edgardo Cicutín”, según publicó el portal andaragencia.org. El legajo incluye recortes periodísticos e informes sobre la actividad de los familiares que pedían por justicia.

A pedido del abogado Gustavo Romano Duffau, quien representa a la viuda de Norberto Corbo, Patricia de Angelis, pidió al tribunal que se incorpore al expediente los “informes secretos” de la ex SIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado.

Según informó La Retaguardia. Por supuesto que toda esta información está cubierta por la ley de Inteligencia, por lo que es de carácter reservado: por lo que solo quienes componen el tribunal pueden acceder a la información. Pero más allá de esto, es claro que los espías hicieron su parte quizás no sobre la masacre de Wilde propiamente dicha, pero sí en la contención de los daños que podría haber causado a la estructura criminal de haberse investigado en tiempo y forma.

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*Foto de portada: diarioconvos.com

*Foto 2: inforegion.com.ar