El operador judicial macrista vive cómodamente al amparo del gobierno de Luis Lacalle Pou

Por Alejandro Diaz-14 de diciembre de 2022

El caso de Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, el operador judicial macrista, indudablemente ocupará un lugar en la historia de la diplomacia entre Argentina y Uruguay. O al menos debería. Lo cierto es que el prófugo de la justicia argentina, cumplió dos años de su estadía cuasi permanente en el país oriental. Lejos de las cámaras y de la opinión pública, ‘Pepín’, veranea cómodamente en una de las exclusivas playas de Punta del Este, mientras el país al que representa ante el Parlasur, transita por uno de los momentos institucionales más complejos de los últimos tiempos.

El abogado macrista está requerido por la justicia argentina en el marco de la causa que investiga una mesa judicial de operadores afines al gobierno de Mauricio Macri, que condicionaban a jueces y fiscales, y amedrentaban a empresarios y opositores políticos a través del armado de causas judiciales; situación, que no debe ser considerada de forma aislada del resto de elementos que componen el entramado de espionaje ilegal que funcionó (si es que no sigue funcionando), durante la gestión de Cambiemos al poder. Un sistema extorsivo que incluye las causas judiciales del falso abogado de la DEA Marcelo D’Alessio; los Super Mario Bros que operaban en el territorio del AMBA; el espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, y la Gestapo macrista del Tercer Reich, como denominó la Comisión Bicameral de Inteligencia, a la mesa judicial que se reunía en las oficinas del Banco Provincia, bajo el amparo del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

A esta ya de por sí compleja trama, hay que agregarle el viaje de “placer” que realizaron un grupo de jueces, escoltados por agentes de los servicios de Inteligencia y directivos del multimedio Clarín a la propiedad que tiene en Lago Escondido el británico usurpador Joe Lewis, con todo lo que eso implica.

‘Pepín’ en suelo oriental

'Pepín' fue requerido en Argentina para prestar declaración por la jueza María Servini, pero en vez de presentarse a declarar, eligió escapar al Uruguay. Ante la ausencia, la jueza lo declaró en rebeldía y elevó un pedido de captura internacional. Mientras tanto, el hábil abogado macrista, hizo uso de sus conocimientos y de sus contactos en el suelo oriental, y dio inicio a un pedido de asilo político por considerarse un perseguido ideológico y temer por su seguridad al no estar las pautas dadas para que se respeten sus garantías constitucionales. La justicia uruguaya tras tomarse todos los tiempos procesales posibles, rechazó en primera instancia el pedido, dejando en claro que no existen elementos fundados de la persecución política. El fallo fue refrendado por el tribunal de apelaciones del primer turno de Montevideo. Ahora, debe intervenir la Corte Suprema que, tiempo procesal mediante, deberá ratificar o no decisión.

Esto solo determinara su condición legal en el país o no. Luego, si la condición de asilado político fuera rechazada, recién ahí empezaría un proceso judicial para tramitar la extradición. Una vez que pise suelo argentino deberá ser detenido inmediatamente para ser puesto a disposición de la justicia, que deberá dar curso a las investigaciones que lo requieren, y a los delitos en los que haya incurrido por permanecer prófugo durante este tiempo.

‘Pepín’ en la boca de Cristina

La vicepresidenta Cristina Fernández, se acordó de 'Pepín' durante su descargo público y mediático luego de que fuera condenada por la causa Vialidad. Allí señalo directamente que en la Argentina “hay un Estado paralelo y una mafia, una mafia judicial”. Dentro de ese discurso recordó que “la procuradora Gils Carbó fue obligada a renunciar por 'Pepín' Rodríguez Simón, que no estaba en este vuelo, porque está prófugo desde hace dos años en Uruguay”. El vuelo al que se refiere es al viaje político-judicial a Lago Escondido, y la participación del abogado macrista en la presión contra los magistrados incomodos para el gobierno de Macri.

En junio de 2021, la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó había declarado ante los tribunales la serie de hechos vinculados a la presión que recibió por los funcionarios dependientes de Macri, en connivencia con los periodistas del diario Clarín. Textualmente dijo que “el 12 de octubre de 2017, el juez Ercolini –el mismo que proceso a Cristina y uno de los tripulantes del avión a Lago Escondido-, me procesa por administración fraudulenta. Al día siguiente, el 13 de octubre de 2017, el periodista Ricardo Roa en el diario Clarín publica el teléfono de mi hija. Utilizaron violencia contra mi hija menor, violando su privacidad, sometiéndola a la violencia de personas que leen ese diario y que llamaron para insultarla”.

“El 30 de octubre –prosigue Carbó- mis colaboradores me transmiten que el fiscal Gabriel De Vedia les había contado que había tenido una reunión -de la cual yo no estaba enterada, el a mí no me lo había consultado-, con el señor ‘Pepín’ Rodríguez Simón. Y este le había expresado que si yo no renunciaba iban a ir presas mis hijas y yo”.

Gabriel De Vedia, que es primo hermano de la exesposa de 'Pepín', ratificó esta denuncia ante la Comisión de Acuerdos del Senado en julio del 2017.

A pesar de todo esto, 'Pepín' continúa insistiendo con su condición de perseguido político, gracias al abrazo del lento proceso uruguayo. Esta indecisión sumada a la poca perseverancia del gobierno argentino –recordemos que Alberto Fernández estuvo recientemente en Uruguay y no hizo referencia alguna sobre el caso-, sirven como excusa a los miembros del Parlasur para evitar el tratamiento de juicio político por inhabilidad moral para destituir a 'Pepín', que continúa representando al país ante un organismo multinacional, sin prestarse a derecho en el país que representa. Una más de las tantas paradojas de la Argentina.

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*Foto de portada: enorsai.com.ar