“Nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”

La doctora Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Argentina y una de las máximas figuras políticas de la región, presentó a través de sus abogados –José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal-, un pedido de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, en el marco de la investigación por el fallido atentado cometido contra la máxima figura política de la región, el pasado 1 de setiembre. Irregularidades, negligencia, parcialidad, falta de celeridad e incluso mala fe, son algunas de las consideraciones que -según la parte querellante-, son motivo más que suficiente para desplazar a la magistrada y destrabar la investigación sobre el hecho de violencia política más grave del último tiempo en el país.

“El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”, plantea desde el inicio el escrito de 37 páginas, presentado por los abogados de Cristina, que lo publicó a través de sus redes sociales. Y deja en claro que “su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”.

Ubeira y Aldazabal consideran que la jueza “no impulso una sola línea investigativa (…), y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo”, encasillando de esta forma la causa que aún permanece con la caratula de homicidio en grado de tentativa. 

La impericia de la Policía Federal Argentina

Entre los hechos puntuales que sirven como fundamento de la recusación, figuran los errores “inexplicables” que se produjeron en torno a la pericia del teléfono celular secuestrado al pistolero la noche del fallido atentado. El móvil, que debía ser trasladado “en un paquete que garantice su cadena de custodia”, no solo llegó abierto a manos de los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sino que, más grave aún, llegó reseteado a cero. “Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo. De hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida”.

Seguidamente el escrito se refiere a las irregularidades en torno al seguimiento y captura de Brenda Uliarte siendo que se supo “a las pocas horas del atentado (…) que había estado involucrada”, y “en vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar”. Y dentro de esto los abogados querellantes apuntan directamente contra el obrar de la Policía Federal Argentina (PFA), que demoró varias horas en activar los mecanismos de escucha directa, además de que “Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio”. 

“Nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la PFA. Esta fuerza estaba presente el día del atentado, supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag Montiel, tardó tres horas en interceptar las llamadas de Brenda Uliarte y la dejó escapar”.

Agrupaciones de extrema derecha y vínculos con diputado Gerardo Milman

“Cuando esta querella se presentó en la causa, ya habían pasado doce días del atentado. Desde un principio nos llamó la atención la falta de pruebas que resultaban básicas. Entre ellas, el allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos de gente cuyos nombres surgían de intercambios de WhatsApp altamente comprometedores”, continúa el documento. “Entre ellos estaban, por ejemplo, Jonathan Posadas y Joana Colman, que habían tenido charlas con Gabriel Carrizo”, comprometedoras. “La razón de esta demora se explica, en parte, por una demora previa también injustificable: que haya tardado quince días en detener a Gabriel Carrizo cuando desde el día cinco tenía su celular en su poder y una montaña de pruebas en su contra”.

“Hasta ese entonces teníamos lo que considerábamos graves errores y tardanzas inexplicables. Cuando se solicitaron medidas que iban más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo, la parcialidad ya fue evidente”.

En primer lugar, la querella resalta el freno respecto de las investigaciones contra la agrupación Nuevo Centro Derecha, donde destacan dos nombres Hernán Carrol y Martín Almeida. En el caso de Carrol: “El 29 de setiembre fue cargado al expediente una nota manuscrita por Sabag Montiel, en la que el imputado encomendaba su defensa a Hernán Carrols”, que se confirmó a la brevedad de que se trataba de Hernán Carrol, quien “había dado una charla con Brenda Uliarte en Instagram pocos días antes del atentado (18 de agosto) y, en sus redes, constaba una serie de publicaciones de extrema violencia hacia Cristina Fernández”. Además “Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado Nueva Centro Derecha, vinculado, de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida, además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía 'se pudrió?'". Y agregan que “cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea. Nunca allanó a Carrol ni a Almeida y este tramo de la causa terminó por filtrarse a la prensa, lo que hirió de muerte toda posibilidad de éxito. La magistrada formuló una denuncia penal por esta filtración, como deslindándose de responsabilidad, cuando lo cierto es que las únicas filtraciones cuya autoría se conoce son las suyas propias, dado que los primeros días de investigación ¡enviaba un informe a la prensa!”. 

“En nuestra presentación inicial sobre Carrol también apuntamos a otra posible pista, la relacionada con Gerardo Milman (diputado nacional de Juntos Por el Cambio, ndr). Lo interesante es que había más de un indicio que permitía unir a estas personas. Uno eran todas las fotos de la Nueva Centro Derecha con el entorno de Patricia Bullrich, de quien Milman fue viceministro durante el macrismo”. Otro hecho “que llegó a oídos de esta parte es que Carrol habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Ángel Villares. Esta circunstancia no parece ser concordante con el relato de Carrol, quien se presentó como una persona sin casi recursos económicos”.

Hacía adelante Ubeira y Aldazabal, desarrollan lo referido al testimonio del testigo Jorge Abello, presentado ante el tribunal el 23 de setiembre. En su declaración Abello, dijo que “el día 30 de agosto, había estado en el bar ‘Casablanca’ y había escuchado a Gerardo Milman decirles a dos mujeres ‘cuando la maten voy a estar camino a la costa’”. Según reconstruyen los abogados, esas dos mujeres serían Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz, dos asesoras de Milman, que fueron identificadas por la PSA. Al ser interrogadas en sede judicial, las irregularidades por parte del juzgado volvieron a repetirse. El tratamiento sobre las declaraciones, las incongruencias, las mentiras y desdichos, no fueron contemplados debidamente, según la querella, siendo que “se había comprobado todo lo que dijo Abello, salvo la frase, y las testigos se habían contradicho, sino que había elementos adicionales que apuntaban a Milman y que la jueza ya conocía”.

“Por ejemplo, los proyectos de resolución presentados por Milman en la Cámara de Diputados vinculados con la custodia de Cristina Fernández. El primero, del 18 de agosto, sugiere la posibilidad de un atentado y parece una cobertura por si alguien mira para su lado”. A continuación los abogados incluyen parte de un documento con membrete oficial de la Cámara de Diputados de la República Argentina, con la firma del diputado Gerardo Milman donde textualmente dice: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre (Día de la lealtad peronista, ndr), que la reivindique ante sus seguidores”, y remata al píe de página: “Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo sigue, habiendo Argentina”, algo completamente injustificable que raya con la reivindicación de la figura del detenido-desaparecido. Un comentario que de boca o de puño y letra de un legislador de la democracia debería solo de por si prender todas las alertas cívicas e institucionales para imponer normas mínimas de respeto y ética.

El segundo proyecto presentado por Milman al que hacen referencia los abogados querellantes, se trata de un pedido de informes para conocer al detalle todo lo referido a la custodia de la vicepresidenta de la Nación y de su entorno familiar. Este proyecto fue retirado el mismo día del atentado, e incluso horas antes Milman había publicado un twit, donde cuestionaba nuevamente el volumen de la custodia policial alegando que “Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta”. 

“Lo importante, de todas maneras, es que había una multiplicidad de elementos que apuntaban a Milman, y no solo el testimonio de Abello. Y también es relevante notar que lo que esta parte pidió fue, simplemente, el secuestro de los celulares de sus asesoras; no una detención, ni una indagatoria. Solo pedimos que se investigue”, ruegan los abogados. Pero en la constante negativa por parte de la jueza “aparece no solo su impericia sino su mala fe”. 

“Luego de que las asesoras (Gómez Mónaco y Bohdziewicz, ndr), salieran lo más tranquilas con sus celulares y sus mentiras, aparecieron nuevas pruebas (…). Para empezar, surgió que Gómez Mónaco trabajaba, en el periodo 2015/2019, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un alto cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en ese periodo abrió una serie de sociedades que se sospecha que se financiaron con fondos reservados de inteligencia criminal que manejaba su hermana, jefa de Administración de la citada Dirección (…). Una de las sociedades la puso junto con Alejandra Mroue. Mroue es panelista del programa de Crónica TV en el que por primera vez apareció Brenda Uliarte. Llamativamente, lo único que dio de baja de internet Gómez Mónaco es la página de la sociedad que tiene con Mroue. Es decir, lo que podría ser su nexo con Uliarte”.

Los querellantes también remarcan la falta de investigación respecto a las posibilidades de que el atentado hubiera estado financiado por un tercero, por fuera de los tres implicados directos (Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo). “Capuchetti no quiere ir más allá de lo que ya está”, alegan. 

La jueza, los servicios de Inteligencia (desviados) y Mauricio Macri

“En las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicha agencia estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria (un think tank fundado por Cristina Fernández, ndr). Ambos fueron salvados de ser procesados en una maniobra muchísimo más compleja por el argumento del cuentapropismo que ahora parece aplicarse para explicar lo hecho por Sabag, Uliarte, y Carrizo”.  El cuentapropismo se refiere a que actuaron separadamente de la organización a la que pertenecen, deslindando no solo responsabilidades sino, más grave aún, evadiendo la real naturaleza de personajes criminales infiltrados en los estamentos del Estado.

“Lo importante, de todos modos, es que Capuchetti visitaba una dependencia que no debía visitar y que, además, estaba comandada por personas que se dedicaban a delinquir contra nuestra poderdante”. Y agregan los abogados de Cristina: “Cuando Capuchetti visitaba la AFI aún no era magistrada. Pero esto no hace sino agravar la situación. Es que está claro que no fue en una misión oficial. La causalidad parece ser visitar la AFI y luego ser nombrada jueza federal”. Y luego, “como si esto fuera poco, el trabajo de la Comisión Bicameral de Inteligencia mostró que la hermana de Capuchetti trabajó en escuchas en la dirección de Contrainteligencia durante el espionaje ilegal al kirchnerismo. Específicamente, se habría desempeñado en la Base Pilar, uno de los focos del llamado ‘Proyecto AMBA’. En esa base, por ejemplo, se realizaron trabajos de inteligencia ilegal sobre personas que se sacaron una foto con Cristina Kirchner”. La causa por el ‘Proyecto AMBA’ forma parte de las investigaciones en torno a al uso indebido, cuando no ilegal, cuando no terrorífico, de los aparatos de inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri.

Los abogados también destacan las reuniones que la jueza Capuchetti sostuvo con el editor del diario Clarín, Ricardo Roa a días de iniciada la investigación por el fallido atentado: “¿Eran necesarias instrucciones, no fuera a ser que se molestara a quien no se debía molestar? ¿Alguien digita u opina por detrás de las autoridades judiciales el curso de la causa y su comunicación por demás extraña y fuera de lo normal?”, se preguntan. 

“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”. Finalizan su escrito los representantes legales de la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.

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*Foto de portada: pagina12.com.ar