Dialogando con Cecilia Pérez,asesora de asuntos de seguridad del gobierno de Mario Abdó Benitez

Revelaciones importantes del caso del fiscal asesinado Marcelo Pecci

Por Jorge Figueredo, desde Asunción, setiembre de 2022

“Soy una convencida que el esquema del crimen organizado necesariamente tiene que tener procesos especiales, mecanismos especiales y habría que hacer algunos ajustes legislativos para poder trabajar de una manera más eficiente y eficaz, pero va a ser letra muerta si es que no hay una contribución de una gestión interna tanto del poder judicial como del Ministerio Publico. El legado de Falcone y Borsellino es un legado más allá del legado técnico y jurídico, es un legado de actitud, de coraje y de valor. La sociedad se tiene que levantar en contra del narcotráfico, se tiene que levantar en contra del crimen organizado, se tiene que levantar en contra de la mafia y eso es lo que nos falta a nosotros los latinoamericanos”

Estas fueron las palabras iniciales de la abogada en Ciencias Penales, y ex Ministra de Justicia, Cecilia Pérez (*), hoy asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia de la República en la lucha contra el crimen organizado, en el curso de una entrevista concedida a Antimafia Dos Mil, en Asunción del Paraguay, donde en el correr del año en curso, la lógica mafiosa golpeó duramente a la sociedad, sembrando muerte a diferentes niveles, pero en particular, instalando un alto nivel de desestabilización institucional, en un país contaminado por el crimen desde el advenimiento de la democracia. Recientemente el periodismo paraguayo debió llorar el asesinato de uno de sus integrantes -Humberto Andrés Coronel-  y cuando Pérez nos recibió en su domicilio, el país venía de vivir horas conmovedoras, tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, hecho de sangre que estaba ligado estrechamente con el incremento del delito mafioso  transnacional, cuya base debemos situar -inequívocamente- dentro de un país, y pese a quienes osen aún objetar, convertido literalmente en un narco-Estado. Las evidencias de este panorama se pueden advertir, sin error alguno, en las informaciones que el periodismo local brinda a diario a la opinión pública, sobre el incremento de los operativos contra el narcotráfico, el lavado de dinero y otras operaciones relacionadas estrechamente con el poder criminal, con el uso y el abuso de las armas de fuego, con un saldo de muertos tenebroso e impactante. Paraguay se desangra, progresivamente, y dentro de ese contexto, la experta en crimen organizado Pérez, aborda con nosotros temas candentes que son de hecho una fiel radiografía de un país, sometido, dominado, y subyugado por la criminalidad organizada, de la mano de un sistema político, funcional a la mafia, descaradamente. Tan descaradamente, que incluso nuestra entrevistada, recientemente, fue amenazada de muerte de parte del crimen organizado. Este diálogo con ella, es un resumen sobre su pensamiento, y sobre temas candentes: el caso Pecci; la necesidad de políticas anticriminales entre los Estados; la declaración de “corrupto” del expresidente Horacio Cartes, por parte del gobierno de los Estados Unidos; y el juicio político en el que estuvo a punto de caer la fiscala general Sandra Quiñones

-¿Cuáles serían las causas de las amenazas de muerte o amedrentamiento que usted ha sufrido, aparentemente de parte del crimen organizado?

“Hay un historial importante. Todos creemos, por el origen de la información que viene a través de distintas técnicas de investigación; el origen es inteligencia penitenciaria corroborada por otros sistemas de inteligencia de organismos de seguridad del Estado. Al ser el origen penitenciario no es muy difícil hacer una revisión de las medidas que nosotros tomamos cuando yo estaba en el ministerio de Justicia, que fue un trabajo bastante complicado en el sentido de hacer frente a los grupos del crimen organizado que operaban, inicialmente parecía que operaba solamente dentro de las instituciones penitenciarías, después uno se daba cuenta, se planificaban dentro de las cárceles atentados o eventos que sucedían afuera. Tenemos un listado de situaciones que pueden ser el origen y principalmente el Clan Rotela y su alianza con otros grupos o con otras personas miembros del crimen organizado que están privadas de su libertad”. 

-¿Cómo usted ve y siente la situación que nos relata, en relación sobre todo al asesinato del Fiscal Marcelo Pecci? ¿Tendría alguna relación estas amenazas que usted recibe?

“Puntualmente no. Técnicamente en la investigación creo que no, pero si es importante señalar que, en todos los casos, en los cuales nosotros o generábamos intervención en los centros penitenciarios que hasta hoy tiene sus consecuencias. O teníamos denuncias o aperturas de causas o sumarios en algún momento o vinculados al caso original de estas personas o las nuevas intervenciones que hacíamos en el contexto penitenciario eran todos procesos de la Unidad de lucha contra el Crimen Organizado, de la cual el Fiscal Marcelo Pecci era delegado y que tenía intervención específicamente en todos estos procesos".

-¿Nos puede relatar las circunstancias en que esas amenazas o amedrentamientos se habrían producido?

“Esto último es el descubrimiento de un posible atentado en mi contra a través de informaciones de inteligencia penitenciaría. En ocasiones anteriores yo tuve un episodio puntual que fue unos días antes de la fuga del pabellón del PCC, de la cárcel de Pedro Juan Caballero, donde de ida al penal de emboscada habían intentado cerrarme el paso y la información señala que después pudimos obtener información de inteligencia, de que detrás mío venía otro vehículo, que, si nosotros parábamos en esa ocasión o deteníamos la marcha, el otro vehículo venía para atentar contra nosotros”. 

-¿Qué trabajos específicos como ministra de Justicia ha realizado con el fiscal Marcelo Pecci?

“Nosotros desbaratamos un laboratorio de drogas dentro del penal de Tacumbú. En esa ocasión también hubo una importante incautación de dinero en efectivo, que era más de 170 millones de guaraníes, 35 mil dólares y había también dinero de otras monedas, que era dinero para algo. Según información ese interno que tenía dinero estaba por pagar algo y nosotros incautamos esas sumas de dinero. También en todos los casos del descubrimiento de un segundo túnel en Pedro Juan Caballero, los otros casos en donde evitamos cierta fuga o planes de fuga o de rescates, procesos donde él tenía intervención como es el caso de Waldemar Pereira alias “Cachorrao” que era un hombre importante dentro de la estructura del PCC y que está acusado de haber asesinado a un periodista en la frontera; el caso de Leo Veras está relacionado con otro líder del PCC, conocido como “Ryguasu” (gallina), Edson Barboza Salinas, en los procesos posteriores que tuvimos en Asunción también tuvo intervención. Esto genero apertura de investigaciones, hay personas imputadas, el motín de Tacumbú, que también tiene una importancia porque no solamente hay procesos abiertos en contra de los internos que generaron el motín, sino también hay otras derivaciones en otros casos, donde hay funcionarios investigados o sumariados”. 

-Y esas mismas personas que estarían detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci ¿no les estaría molestando también todos los procedimientos que usted realizó?

“Eso ya va a ser hipótesis de las investigaciones, yo no quisiera adelantar, por qué nosotros no podemos dejar de señalar que hay personas privadas de libertad que están en vinculación con estas personas, de los operativos A Ultranza, u otro tipo de casos vinculados al PCC, al Clan Rotela  o cualquier otro grupo que esté operando en los centros penitenciarios”. 

¿Cómo observa la situación del Poder Judicial, del Ministerio Publico y el régimen penitenciario en el Paraguay? ¿Cuáles serían actualmente sus falencias o debilidades para enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado y las mafias?

“Yo preferiría empezar por el final. El sistema penitenciario. El programa de reforma del sistema penitenciario, comenzando de cero en los centros penitenciarios y aprovechando los pabellones de máxima seguridad que están construidos en los centros penitenciarios, son determinantes para esto. Mientras nosotros no trabajemos en la segregación de perfiles. Por qué no podemos tratar de la misma manera al líder de un grupo, que al que esta privado de su libertad por robar gallinas. No tienen el mismo perfil y hay que darle a cada uno un tratamiento diferencial, separarlos, para evitar que esas personas que tienen casos menores sean reclutadas dentro del sistema para incluirse a grupos de la criminalidad organizada. Es urgente. Eso no podemos trabajar de otra manera, sino echamos mano a eso. Y lo otro es el trabajo, yo soy una convencida que los esquemas del crimen organizado necesariamente tienen que tener procesos especiales, mecanismos especiales y habría que hacer algunos ajustes legislativos para poder trabajar de una manera más eficiente y eficaz, pero va a ser letra muerta si es que no hay una contribución de una gestión interna tanto del poder judicial como del Ministerio Publico. 

-Como especialista en Ciencias Penales, ¿no le llama usted la atención que el Código Procesal Penal, y el Código de Ejecución Penal, no existe un capítulo sobre el crimen organizado? ¿Por qué se da esta situación?

“Yo creo que con el tiempo se fueron transformando las formas delictivas y el crimen organizado como tal tiene algunas leyes particulares, como las jurisdicciones especializadas, pero hay tipos penales dentro del código penal que nosotros tendríamos que echar mano y hacer algunos ajustes para adecuar  a la realidad de los tiempos actuales, porque las leyes tienen que estar echas para resolver problemas y ajustarse a la realidad y no intentar  nosotros encuadrar lo que estamos viviendo en vacíos legales o en lagunas . Las modificaciones legislativas deben abarcar absolutamente a todos los códigos, no solamente hablamos del código penal, procesal penal , el código de ejecución penal que no habla de una manera más profunda, de aspectos vinculados a la máxima seguridad o a personas consideradas miembros o líderes de la criminalidad organizada transnacional, y también ver si podemos mejorar los sistemas de extradición y expulsión en lo que tiene que ver con la cooperación internacional para generar situaciones más efectivas y eficaces frente al crimen organizado. Y un elemento muy importante es el Tratado de Medellín que está en estudio en el Senado que es un tratado que permite la tramitación electrónica de exhortos y cartas rogatorias en el ámbito penal y en otros ámbitos, que va a acortar sustancialmente los tiempos y también va a generar un esquema mucho más eficiente y eficaz de toda la cooperación internacional en materia penal, tanto judicial como fiscal”.

-Usted ha participado de un evento internacional en Italia denominado Programa Falcone y Borsellino. ¿Cuáles serían los objetivos de esta iniciativa diplomática y cuál sería la lección o los conocimientos más importantes que usted adquirió en este encuentro en relación a la lucha contra la mafia y el crimen organizado?

“Lo que tiene el programa Falcone Borsellino es que toma las ideas de los líderes del pool antimafia a los efectos de tener un esquema de diplomacia jurídica eficaz. No olvidemos que ellos desarrollaron lo que conocemos como seguir la ruta del dinero. Ellos establecieron la necesidad de no solamente detener a los líderes y llevarlos presos sino atacar las estructuras financieras, que es lo que realmente los debilita y que la experiencia demuestra que eso fue un golpe importante para Cosa Nostra después del maxiproceso de Palermo y también trabajar en -como le llaman los italianos- ‘la construcción del coraje’. El legado de Falcone y Borsellino es un legado más allá del legado técnico y jurídico, es un legado de actitud, de coraje y de valor. Por supuesto no estamos buscando mártires, no queremos más Marcelo Pecci, pero nosotros tenemos que trabajar también con la sociedad civil organizada, que eso es lo que le falta a América Latina.La sociedad se tiene que levantar en contra del narcotráfico, se tiene que levantar en contra del crimen organizado, se tiene que levantar en contra de la mafia. Eso es lo que le salvó a Sicilia de caer definitivamente en las redes y eso es lo que nos falta a nosotros los latinoamericanos”.

-¿Que la lucha contra la mafia forme parte de un proyecto social, una cuestión social acá en Paraguay?

"Sí, un movimiento cultural como decía Borsellino, y en ese sentido trabajar. El Estado ya sabe lo que tiene que hacer, los organismos de seguridad ya saben lo que tienen que hacer, los organismos del Poder Judicial, de persecución penal, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que nos falta tecnología, sabemos que nos falta presupuesto, sabemos que tenemos que capacitarnos constantemente, y que tenemos que generar organismos especializados, que tenemos que establecer doble y triple control para evitar las infiltraciones, que tenemos que trabajar de una manera transversal, no solamente quedarnos en organismos de seguridad sino ir a los organismos de prevención de lavado de dinero, a los organismos de políticas antidrogas, trabajar en la disminución de la oferta y de la demanda en todo este esquema que son otros aspectos sociales que llevan al Estado  a asumir mayores compromisos. Pero falta que nosotros como sociedad rechacemos la presencia, porque si no estamos entrando en una cultura narco. Inclusive tenemos casos de objetivación de la mujer: en Perú y en México les llaman las buchonas, que tienen una estructura femenina inclusive hasta en el narco estético, que las mujeres tienen que tener un modelo específico de mujer que es la mujer del narco y que, aunque a la mujer no le gusta, el cirujano tiene que hacer porque el narco le paga. Entonces la mujer es un objeto, y hasta eso se está admitiendo y eso no podemos permitir que avance”.

-¿Qué vínculos entabló en Italia? ¿Con qué organismos y referentes la lucha antimafia se relacionó?

“Tenemos como América Latina el vínculo directo con el PACTO que es el Programa de la Unión Europea para América Latina. El líder penitenciario del PACTO es un magistrado italiano prestado a la Unión Europea, que a través de él también trabajamos con el IILA (Instituto Ítalo-Latino Americano), que el presidente del Consejo y el Embajador paraguayo en Italia, y también con todos los programas de la Unión Europea y el programa Falcone Borsellino. El Copolad, Eurofront, todos los programas que hoy están operando con América Latina”.

¿Existe en Latinoamérica actualmente una política criminal unificada de los Estados para luchar contra las mafias?

“Están las estrategias regionales que se han desarrollado en distintos ámbitos. Nosotros como Paraguay tenemos un trabajo binacional con Colombia, se estableció un gabinete binacional que tenemos el convencimiento que vamos a poder seguir trabajando con el cambio, a pesar del cambio de gobierno, con el nuevo gobierno. También tenemos el trabajo binacional con Brasil. Nosotros hacemos la broma de que Brasil estornuda y nosotros nos enfermamos. Brasil tiene un tamaño continental. Solamente dos países no tienen frontera con Brasil en toda Sudamérica, y eso nos lleva a la necesidad principalmente por la infiltración en Paraguay de grupos de origen brasilero como son el PCC, el Comando Vermelho, necesariamente tenemos que trabajar con Brasil, y con Brasil tenemos un trabajo bilateral bastante importante no solamente a nivel de investigación y de estrategias de lucha contra el crimen organizado sino en el esquema operativo. Hace poco pudimos ver la Operación Basalto, que en un programa de solamente 15 días superamos todos los records de incautación histórica en Paraguay de marihuana tanto prensada como picada. En un solo día, en la Colonia Estrella, se lograron incautar 190 toneladas, lo cual implica un golpe importante para el crimen organizado: más de 8 millones de dólares en un solo día, y eso trae sus consecuencias. Entonces necesariamente tenemos que trabajar, regionalmente como Mercosur, cuidar la hidrovía, trabajar vinculándonos con Colombia y con Perú, que son los que envían sus cargamentos de cocaína a través de la hidrovía y que terminan en Europa y en puertos importantes. Ya sabemos que tienen también su vinculación o su influencia con la ‘Ndrangheta”.

-¿Cuál es su visión de la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, de “significativamente corrupto” del expresidente de la República Horacio Cartes? ¿En qué afecta o ha afectado a las instituciones en nuestro país?

“Yo particularmente creo que a sabiendas que es una decisión política, tampoco los Estados Unidos de América van a tomar una decisión sin tener elementos contundentes. Eso implica una percepción o un análisis de cuáles son los siguientes pasos, si va a haber apertura de investigaciones o acciones judiciales de Estados Unidos con relación a esta persona o a cualquier otra persona que esté vinculada a hechos por los cuales a esta persona se la pone en ese rol que creo que el gobierno de los Estados Unidos fue bastante claro, que habló de hecho de terrorismo y de obstrucción a investigaciones del crimen transnacional organizado. Es una llamada de atención también para los organismos del sistema de Justicia y persecución penal en Paraguay porque no está bien que un Estado extranjero nos venga a decir quiénes están en la mira de la justicia en otros países. Nosotros deberíamos tomar al toro por las astas y en todo caso cooperar en esas investigaciones internacionales”.

-Esta declaración de “significativamente corrupto”, ¿puede tener consecuencias económicas y judiciales para el afectado?

“Yo creo que sí. Teniendo en cuenta que cuando se habla de terrorismo los Estados Unidos generan sanciones para empresas que cooperan o colaboran y se genera una decantación natural de quienes normalmente están comercializando o haciendo negocios con grupos empresariales de los cuales esta persona es miembro. Yo creo que va a haber una afectación económica necesariamente, como una consecuencia natural, más allá de la apertura o no inmediata de una investigación".

-¿Qué opinión tiene usted de la fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez? ¿Cuál es su visión respecto a las causales presentadas por los propulsores del juicio político, que debería ser enjuiciada por mal desempeño de su función y que ahora se está estudiando todavía en la Cámara de Diputados?

“Esta situación con relación a la fiscala general del Estado, el juicio es político, pero el juicio político por más político que sea tiene que tener, a mi criterio, argumentos y fundamentos. No es solamente, o no debería ser solamente una cuestión de votos. De hecho, tomemos a la inversa: creo que hay suficientes argumentos, sin embargo, no hay la suficiente cantidad de votos. Pero es importante la discusión, porque de hecho también pone en tela de juicio el trabajo y se genera un control ciudadano sobre las instituciones públicas”.

“Nosotros estamos en un Estado de derecho, somos una sociedad democrática y estamos bajo la lupa del escrutinio ciudadano. Y este tipo de juicios más allá de las consecuencias, hace una revisión desde la ciudadanía, de la gestión de los órganos de investigación penal y judicial, que son determinantes en cuanto a eficacia y eficiencia, y sobre todo hacer una aplicación igual para todos los sectores”.

-Como referente de la lucha contra el crimen organizado en Paraguay, ¿qué mensaje usted puede dar? Sobre todo, a los jóvenes, no solamente paraguayos sino latinoamericanos y a nivel mundial. ¿Cómo se puede enfrentar con éxito al crimen organizado y a la mafia desde el lugar en que estamos como ciudadanos?

“Nosotros tenemos que levantarnos y rechazar. Yo sé que es muy difícil para los sectores vulnerables, donde hay muchas necesidades. Ahí es donde el Estado tiene que entrar, porque en cada espacio en que el Estado deje un lugar abierto, ahí va a estar el crimen organizado. Por eso es que avanzan las mafias, o las estructuras organizadas; ante las necesidades hay una responsabilidad del Estado, y también de la mano de la corrupción pública, eso hay que decirlo. El crimen organizado tiene que encontrar una afrenta desde el Estado y no una complicidad de los funcionarios del Estado, ya sea de cualquier ámbito o de estructura, y nosotros los paraguayos tenemos que tomarnos de la mano y luchar de frente, rechazando estas estructuras, de la mano con el Estado, no contra el Estado”.

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*Dra. Cecilia Pérez, Abogada con Maestría en Ciencias Penales.  Fue viceministra de Política Criminal en el periodo 2016-2018, exministra de Justicia desde noviembre del 2019 y actualmente ministra Asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia de la República, en la lucha contra el crimen organizado. Representante Regional ante la Comunidad Europea en la lucha contra el Crimen Organizado 

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*Foto de portada: Omar Cristaldo / Antimafia Dos Mil

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