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Antonio de la Cruz, periodista de Tamaulipas y Juan David Ochoa, activista de Antioquía
 
Por Antimafia Dos Mil -1 de julio de 2022

Casi en simultáneo, dos atentados se cometieron en dos países que tienen un común denominador: la violencia criminal, destinada a barrer con quienes, bien sea desde la redacción de un diario o noticiero de televisión, o desde filas del activismo rural, social o ambientalista, resultan ser obstáculos o “molestia” para los intereses mezquinos y pútridos de quienes desde ámbitos -en algunos casos cercanos al poder de turno- son funcionales a una lógica mafiosa que ya -de un tiempo a esta parte- no tiene límites, bajo ningún parámetro para apagar vidas, de personas que son funcionales a los valores de la verdad, la justicia y la solidaridad. Las poblaciones de México y de Colombia, en las últimas horas están literalmente abrazadas por la tragedia, sumergidas en el dolor más indescriptible. En el Estado de Tamaulipas, en el noreste del territorio mexicano se dio muerte a balazos, al periodista Antonio de la Cruz, quien trabajaba en el diario “Expreso”, mientras que, en Colombia, en el departamento de Antioquía, zona noroeste de ese país, ultimaron a balazos al activista ambientalista Juan David Ochoa, quien además hace parte militante de la coalición izquierdista Pacto Histórico, siendo líder también del movimiento político encabezado por el actual presidente Gustavo Petro.

Ya es norma, lo decimos con dolor, con impotencia y con indignación -que por momentos nos sume en la ira- que lleguen a nuestra mesa de trabajo en la redacción, despachos internacionales aludiendo a crímenes contra periodistas y activistas. Noticias con el luto a cuestas que frecuentemente proceden de México y de Colombia, y desde países centro americanos y de otras zonas de América Latina, como Brasil, Chile, Paraguay y Argentina, por mencionar algunos puntos “calientes” del planeta, aunque también de otros continentes.

En esta oportunidad, por ejemplo, tuvimos que acusar recibo de un nuevo atentado a la vida humana y al derecho a informar, cometido, en Ciudad Victoria, en el Estado de Tamaulipas, en México. Fue muerto a balazos el colega Antonio de la Cruz, disparándole además a una hija suya. Sería la duodécima víctima dentro del periodismo mexicano, en el año que corre. Una cifra de horror, que incluso supera la del 2017.

Doce colegas han sido asesinados. A saber: Yessenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera, Luis Enrique Ramírez, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Heber López Cruz, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero Zazueta, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Armando Linares, y en las últimas horas Antonio de la Cruz. Doce vidas cercenadas por el accionar criminal, solo porque cada uno de nuestros colegas llevaron adelante una labor de denuncia, en la que, de hecho, alguna figura del poder iba a ser puesta al descubierto, a la vista pública. Y frente a esa posibilidad, desde las entrañas del entramado criminal, habida cuenta signado muchas veces por el narcotráfico o la corrupción policial o política, la opción de barrer con sus vidas, ha sido la que han adoptado desde tiendas criminales, como medida cautelar y de protección, de sus intereses y estructuras non sanctas.

Desde las agencias internacionales se ha consignado que el asesinato de Antonio de la Cruz tuvo lugar cuando el colega salía de su domicilio, acompañado de su hija y de su esposa. Ha trascendido, no ha podido ser confirmado al menos mientras redactamos estas líneas, que su hija está herida -y que su estado sería de extrema gravedad, temiéndose para las próximas horas un desenlace fatal- como así también su esposa, desconociéndose la identidad de ambas.

Hay que puntualizar que México tiene en su haber, mejor dicho, el Estado mexicano, una cifra alarmante de casos de periodistas asesinados en los últimos cinco años, y la faceta no menos estremecedora es que la impunidad ha extendido su velo protector sobre casi el cien por ciento de todos estos repudiables hechos.

Trascendió que, en el caso de Antonio de la Cruz, que era reportero del diario “Expreso” desde hace unos quince años, su grupo editorial constantemente exigía “a todas las autoridades para que se haga justicia” frente a tantos asesinatos de periodistas. Obviamente, una consigna que compartimos y que entendemos fue la llave para la materialización de un nuevo atentado, esta vez el del colega de la Cruz. Una infamia del destino. Una verdadera canallada del sistema de poder que reina y rige la vida mexicana de nuestros días, ante las mismas narices de toda la comunidad local, la internacional y lo que es peor -y más grave- ante el gobierno, cuya pasividad, la convierte en cómplice de la mano criminal que aprieta gatillos o que da las órdenes, amparados en las sombras de las instituciones y de los grupos mafiosos, que actúan con impunidad pasmosa, infiltrado en rincones inimaginables del propio Estado.

Por hipocresía, o por puro ejercicio diplomático del gobierno, tras este nuevo atentado, desde la Fiscalía General han anunciado “solemnemente” que abrirán (pondrán en práctica) el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión para concretar avances en la investigación del asesinato de Ciudad Victoria, en Tamaulipas.

La criminalidad que hace tiro al blanco con el periodismo que lo denuncia, vive y reina dentro de un marco de impunidad que nos deja a todos, fuera y dentro de las fronteras mexicanas, boquiabiertos y en constante estado de lucha y de resistencia, porque los resultados de las investigaciones brillan por su ausencia, salvo muy contadas excepciones -con los dedos de una mano-, como por ejemplo en el caso del periodista independiente maya Edwin Canché, que fue víctima de un atentado del cual sobrevivió y a quien además se le pidió disculpas, desde la cúpula de la alcaldía y de la policía de Mérida. Unas disculpas inusuales, absolutamente.

En Colombia: el activista Juan David Ochoa

Desconocidos -obviamente sicarios pagados por los ideólogos del ataque- ubicaron a Juan David Ochoa, en Granada, en la región noroeste de Antioquia y lo tirotearon cuando este se encontraba junto a su padre y su pareja, quienes también fueron alcanzados por las balas.

Cometida la acción criminal los asesinos se dieron a la fuga y ahora las autoridades procuran definir líneas de investigación para aclarar el hecho, y que no quede (lo que se dice) en la cuenta del olvido, tal como frecuentemente ocurre cuando se trata de atentados contra activistas rurales, sociales o ambientales, dentro de suelo colombiano.

La víctima de este atentado tuvo destacada participación como militante y como líder del movimiento político cuya cabeza es el flamante presidente Gustavo Preto. Seguramente por esta circunstancia, el fiscal adscripto a la Unidad Especial de Investigación declaró a la prensa internacional que asumirá la investigación del hecho, que tuvo lugar exactamente en la pequeña localidad de Santa Ana en Granada.

De acuerdo a datos proporcionados por organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del presente año, ha sido asesinados la friolera de 91 líderes sociales. Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH dio a conocer que se recibieron 89 denuncias -solo entre enero y marzo- verificándose momentáneamente 21; y que, de esas 89 denuncias, unas 51 están en proceso de verificación y que una 17 no fueron concluyentes.

Lo cierto es que los departamentos en los que mayor número de activistas han sido asesinados, en los tres primeros meses del año, son Cauca (siete casos); Arauca y Chocó (tres casos) y Cesar y Meta (dos casos). Mientras que, en las regiones de Antioquia, Bolívar, Casanare y Nariño, se constataron un asesinato en cada uno de ellos.

En México y en Colombia, ahora mismo, hay familias que viven el dolor, la desazón, la indignación, y el reclamo de justicia se torna indispensable, una vez más. Un panorama que nos lleva de la mano al repudio generalizado, que se debe dar la mano con la acción inmediata, desde el extranjero, de la denuncia internacional inmediata, para que el silencio no sea funcional a la mano criminal, ya moneda corriente por esas latitudes.

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Foto de portada : www.abc.es