En pleno 8M, el máximo representante del sistema de opresión del neoliberalismo latinoamericano, Mauricio Macri, estaría en Montevideo, Uruguay, tras haber tenido que pedir permiso a la justicia argentina para dejar el país, según informaron días atrás Página/12 y otros medios de prensa, para reunirse con un grupo de empresarios especialistas en fondos de inversión offshore, organizado por Becon Investment Management. La cita tendría lugar en el majestuoso hotel Sofitel de Carrasco. ¿Macri -en lugar, que se ignora- se reuniría también con su “abogado de cuadras”, el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez Simón (quien, como se recordará, se encuentra en el Uruguay, prófugo de la justicia de su país)?. Mientras tanto en Argentina, oficialistas y opositores se rasgan las vestiduras en las discusiones por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que firmó el gobierno del tibio Alberto Fernández, para pagar la deuda multimillonaria creada por Macri durante su gestión presidencial, que hoy está bajo investigación de la justicia del hermano país.

Mauricio Macri, ha sumado -durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019, cuando ejerció la presidencia del país- unas 144 causas judiciales en su contra, que continúan su lento tránsito por la burocracia y el amiguismo de la justicia argentina. Es importante tener en consideración que, en una de esas tantas causas, Macri, está siendo investigado por organizar, siendo presidente, una red de mesas judiciales y espionaje ilegal dedicadas a condicionar y desvirtuar el correcto funcionamiento e independencia del Poder Judicial.

Mauricio Macri, para llegar a Montevideo tuvo que pedirle permiso al juez Julian Ercolini, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n°10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tramita la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017, en circunstancias aún no aclaradas por la justicia. Macri, está bajo sospecha de haber organizado una red paraestatal e ilegal de espionaje, que derivó en varias investigaciones, la del ARA San Juan, la de las Bases del AMBA, donde un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espiaban a políticos y opositores en Buenos Aires, durante el gobierno de María Eugenia Vidal; y por último, pero no menos importante, la causa que investiga la mesa judicial, conformada por agentes de la AFI, abogados y especuladores que se dedicaban a apretar a jueces y empresarios. En el marco de esta última causa, es que se halla prófugo el exdiputado del Parlasur, Fabián Rodríguez Simón, quien supo ser, y quizás siga siendo uno de los máximos asesores legales de Macri. ‘Pepín’ Rodríguez, como se apoda, actualmente se encuentra en Uruguay, gracias a la benevolencia del gobierno de Luis Lacalle Pou, que demora todo lo posible la resolución por el pedido de asilo político que realizó el abogado macrista, intentando de esa forma no ser extraditado a la Argentina por el pedido de captura internacional liberado por la jueza Servini, a raíz de las denuncias presentadas por los empresarios filokirchneristas Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes alegan haber sido apretados por el “abogado de cuadras” para vender el multimedios Grupo Indalo, mientras estuvieron presos de manera preventiva durante dos años.

Mauricio Macri, también tiene otras tres causas judiciales que están en un estado avanzado y que podrían comprometer la agenda política, social y de impunidad del expresidente de los argentinos. Estas son la investigación por el crédito concedido por el FMI a mediados de 2018, la investigación por la defraudación contra el Estado del Correo Argentino (¡que inició en setiembre de 2001!), y la investigación respecto al envío de material bélico a Bolivia en el marco del golpe de Estado contra el expresidente, Evo Morales, en noviembre de 2019.

Días atrás, durante el inicio de sesiones del Congreso argentino, mientras el tibio presidente Alberto Fernández, por una lado anunciaba la decisión del Ejecutivo de pagar la deuda adquirida contra el FMI, y avanzar políticamente hacia el esclarecimiento por las irregularidades en torno a esa deuda, por el otro, la bancada de congresistas fieles a Mauricio Macri, se levantó de sus butacas y abandonó el recinto, dejando en claro, que no alcanza con pagar la deuda, sino que además hay que sostener la impunidad de los funcionarios públicos que la gestionaron.

En junio de 2018, Morgan Stanley, eleva la categoría de la Argentina en los índices que miran principalmente los especuladores financieros, y categoriza al país como una economía “emergente”. Esto en el ámbito de los mercados, significaba lisa y llanamente que la Argentina, bajo el liderazgo de Macri, aplicaría todas las medidas económicas, políticas y sociales necesarias para desregularizar los controles sobre el flujo de capitales, asegurando por supuesto la necesaria sobreabundancia de dólares que permitiría ese movimiento. Algunas semanas después, Macri, por decreto presidencial, y faltando a todos los controles constitucionales e institucionales –que motivaron otra denuncia, hoy cajoneada-, volvió a convocar al FMI -que había negociado con Néstor Kirchner su salida del país-, para inundar el mercado argentino de dólares. 45 mil millones de dólares fue el “pequeño” préstamo que Christine Lagarde, en nombre del FMI y del neoliberalismo, otorgó a la Argentina.

Casualmente, a fines de 2017, el trio José Noguerol, Florencio Mas y Frederick Bates, todos miembros históricos de MFS Investment Management, uno de los fondos de inversión más añejos de los EEUU, abrieron su propio proyecto para atraer capitales del cono sur, especialmente de la Argentina.

Este proyecto se inició bajo el nombre de Becon Investment Management, que durante los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en su cartera de clientes, habiéndose invitado al expresidente, y a otros empresarios a una reunión de actualización de los mercados en el lujoso Sofitel Hotel y Casino de Carrasco, en Montevideo.

En la ciudad de Buenos trascendió en las últimas horas que el evento en cuestión tiene como finalidad la discusión de estrategia y perspectivas para el año 2022, como así también temas relacionados con la actualidad que se compartirán con los asociados de Becon Investment Management.

Fuga de capitales

En marzo de 2021, la Oficina de Anticorrupción por pedido del tibio Fernández, inició la querella por las irregularidades en torno al préstamo firmado por el gobierno de Macri. Y es que los objetivos del préstamo no fueron cumplidos y en la práctica y en la realidad, los dólares otorgados por el fondo, permitieron que las fortunas argentinas, o creadas en la Argentina, fueran bruscamente fugadas al exterior. La causa en manos de la jueza María Eugenia Capuchettti, incluye no solo el incumplimiento de las pautas presupuestarias, sino los mecanismos diseñados y utilizados por el gobierno de Macri, para favorecer la fuga de esos capitales, entre estos mecanismos se incluye la “bomba financiera”, como titulaba en aquellos días a la prensa, de las Lebacs, que generaban una tasa de interés inusitada a nivel mundial, y que en pocos meses se “comió” más del 40% del préstamo del FMI solo para pagar dividendos, de los “abusadores” del mercado de valores argentino.

En esta causa se encuentran imputados, además de Mauricio Macri, Marco Peña, jefe de gabinete del expresidente; Nicolás Dujovne, el títere que ocupó el Ministerio de Economía una vez que Alfonso Prat Gay dejara todo listo; Luis Caputo, el íntimo amigo de Macri, que estuvo a cargo de la cartera de Finanzas; y los extitulares del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

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*Foto de portada: El Diario Ar