Mauricio Macri deberá presentarse ante el tribunal que preside el juez federal Martín Bava, donde se tramita la causa por el espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan, que había desaparecido en las costas argentinas en noviembre de 2017. Sus restos fueron hallados recién un año más tarde. Las 44 personas que componían su tripulación murieron.

Un halo de misterio y de conjeturas giró en torno a este hecho por la naturaleza bélica, y quizás experimental, del submarino. Los familiares de los tripulantes se lanzaron desde el primer momento contra el gobierno del entonces presidente Macri, quien mostró, al menos públicamente, total inoperancia, falta de sensibilidad y nula transparencia sobre el hecho. Mientras los familiares reclamaban al gobierno medidas, sectores de la inteligencia se dedicaron a infiltrar, perseguir, espiar y hostigar a los familiares; de esta conducta surge la causa que investiga Bava.

El expresidente Macri debe presentarse para ser indagado por su responsabilidad en tales acciones; es la tercera vez que es citado. En las dos primeras ya se ausentó, en una ocasión por estar en Miami presentando un libro, dejando en claro el poco interés que le genera ponerse a disposición de la justicia, ante un hecho tan grave, y en un tema tan sensible para el pueblo argentino.

Pero esta conducta dilatoria, evasiva ante la justicia, es para Macri una constante, que forma parte de una cultura familiar. Cabe destacar que el abogado de Macri, Pablo Lanusse, presentó un pedido de recusación contra el juez Bava, por considerar que este prejuzgaba a Macri y que su investigación era parcial. Bava instantáneamente negó estas acusaciones, y explicó que solamente había cumplido con informar los pormenores de la causa, una causa sensible que en aquel presente tenía al país en vilo. En esta causa están imputadas nueve personas, entre ellas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respectivamente, ambos nombrados en aquellos puestos por el propio Macri.

Lanusse también representa a Macri en la causa que investiga el tráfico ilegal de armas a Bolivia durante el conflicto político y social que convulsionó al país andino en noviembre de 2019, y que terminó con un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, para que luego Jeanine Añez se autoproclamara presidenta del país, con una biblia en la mano. El abogado también interviene en la causa iniciada por los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, dueños del Grupo Indalo, que gestiona el multimedio C5N, que fue muy crítico durante la gestión de Macri. La denuncia se basa en las acusaciones que presentaron los empresarios por las presiones y extorsiones que recibían del entorno de Macri, para censurar los contenidos y ante la negativa de vender el grupo. 

Aquí me parece válido recordar las denuncias públicas que hiciera el periodista Alconada Mon, cuando dijo que había presenciado una reunión donde Macri, durante la campaña presidencial, le pedía a los empresarios el uno por ciento de su patrimonio para que llegara a ser presidente. Esto dentro de la mega causa 'aportantes truchos' que investiga las irregularidades del financiamiento de las campañas políticas del PRO. Otro escándalo inconcluso.

Misma táctica, misma lógica, la de la presión y la extorsión, se investiga en la causa mesa judicial, donde nuevamente desde las filas de Macri se realizarían maniobras tendientes a condicionar y adoctrinar jueces y fiscales que intervenían en las causas que investigaban a sus amigos o a sus opositores políticos. Dentro de estos entra la jueza Martina Forns, quien fue duramente perseguida y hostigada por los adláteres de Macri y varios medios de comunicación sibilinos, durante los aumentos desproporcionados de tarifas, que fueron dolarizadas en espacio de pocas semanas, llevando a la quiebra a numerosos comerciantes. También están entre los perseguidos por la lógica cambiemita, como suele decir el investigador Rocco Carbone, la jueza Ana María Figueroa, quien denunció maniobras tendientes a consolidar un lawfare. Otro fue el juez Luis Raffaghelli quien atiende en materia laboral, y había declarado presiones por parte de Jorge Triaca, en ese entonces ministro de trabajo, para consensuar los fallos.

Pero la madre de todas las causas evadidas por Macri es la del Correo Argentino, donde se puede apreciar sin ninguna complejidad, utilizando el sentido común, el abuso que el Grupo Macri, encabezado en aquel entonces por el capo Franco Macri, hizo sobre los contratos de concesión del Correo Argentino, donde no cumplió con el pago de los cánones acordados, generando una deuda millonaria con el Estado. Deuda, que durante la gestión de Macri se pretendió negociar, siendo Macri, a uno y otro lado del mostrador, una quita que la fiscal Gabriela Boquín, que atiende el caso, calificó de abusiva; implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional. Según las estimaciones de la Procuraduría General de la Nación, este acuerdo, propuesto por la familia Macri, implicaría una pérdida para el Estado argentino de 70 mil millones de pesos, cotizados a ese presente.

El procurador del Tesoro de la Nación pidió la quiebra de Socma Americana

Carlos Zannini, actual procurador, pidió el pasado lunes a la jueza Marta Cirulli, quien decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. en julio de este año, que extendiera la quiebra a la empresa Socma Argentina (Sociedad Macri Argentina), que es la empresa madre del grupo, y operaba como controlante de la empresa creada ad hoc para administrar la concesión del Correo Argentino. En sus argumentos, Zannini recordó que en la Ley de Concursos, la quiebra se extiende a toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte, esto dentro de un marco de maniobras irregulares tendientes a crear un vaciamiento de la empresa como antesala de una quiebra fraudulenta.

Este jueves 28 de octubre de 2021, veremos si Mauricio Macri tiene un mínimo gesto republicano para con los ciudadanos que democráticamente confiaron en él. O si nuevamente, se sumirá en la lógica del silencio, de la falta de colaboración con los procesos de justicia y de la impunidad. ¿Un Macri omertoso? No es de descartar, dadas las circunstancias y su historial.

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*Foto de portada: laizquierdadiario.com