Giro en la causa que intenta dar con la verdad sobre el paradero de los estudiantes

Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, fue apresado por agentes de la fiscalía general (FGR) de México.

La detención sucedió luego de que el gobierno mexicano presentase los fundamentos de la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, que indica que la operación podría catalogarse como crimen de Estado, por lo tanto, la FGR llevó a cabo la detención por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Murillo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, y será puesto a disposición de la orden de captura señalada, informaron medios locales.

El exmagistrado había sido el fiscal general de México entre diciembre de 2012 y febrero de 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nieto había sido muy criticado por ese entonces, por el manejo de la investigación. El letrado por ese entonces, estuvo al mando de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.

Murillo había afirmado el 28 de enero de 2015 que la “verdad histórica” pasaba por el hecho de que los jóvenes fueron asesinados, “incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan”, y que dicho asesinato fue perpetrado por parte de las autoridades locales que formaban parte de un grupo criminal.

Por su parte, el gobierno mexicano afirmó este jueves que “no hay indicio alguno” de que sigan con vida los 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron en 2014 a las afueras de Iguala en el estado de Guerrero, en un hecho que, según una nueva investigación, centra toda la atención en un posible crimen de Estado. Las pistas ubican a la organización Guerreros Unidos, como los posibles responsables, pero también se menciona la intervención de las fuerzas de seguridad.

Alejandro Encinas, es el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, y afirmó que en este atentado contra la comunidad estudiantil “concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, descartando a su vez, que los normalistas pudieran estar con vida. “Todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, apuntó Encinas ante los medios.

Sin lugar a dudas, la desaparición de los 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 quedó marcado como un hecho de viva impunidad de los grupos armados y su connubio con instituciones del Estado. Ese Estado que está ausente en muchos aspectos y que sigue otorgando su autoridad al crimen organizado, desangrando su potestad de tutor de los derechos humanos del pueblo mexicano a diario.

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*Foto de portada: lasillarota.com