“Matar a un miembro de la justicia es generar el terror”, fue una de las expresiones más dramáticas de la vicefiscal Marta Mancera cuando en las últimas horas, en rueda de prensa en Cartagena, Colombia, acompañada del Fiscal Gral. de la Nación Francisco Barboza y del Gral. José Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional de Colombia, dieron a la opinión pública una voluminosa información sobre el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, luego de concretarse en los últimos días la captura de cinco involucrados, cuatro de los cuales (en las instancias judiciales en curso) admitieron los cargos, no así el quinto. En el encuentro con el periodismo local e internacional se revelaron detalles de todo el procedimiento policial colombiano coordinado con las fiscalías de Colombia y de Paraguay, destacándose como información: que los criminales planificaron el atentado desde el día 6 de mayo; que en un primer momento la orden de asesinar a Pecci -de parte de los ideólogos, cuya identidad procuran ahora establecer- había sido dada a integrantes del Primer Comando Capital (PCC) en Paraguay, pero la orden no se cumplió porque no había la logística adecuada, razón por la cual la orden de eliminar al fiscal se mantuvo, indicándose que debía cumplirse en cualquier parte del mundo, lo que aconteció en Colombia; que la labor policial no contó con apoyo de informante alguno y que se actuó en forma coordinada con varias fuerzas de seguridad; que el éxito de la operación se debió a una muy eficiente trazabilidad técnica, que contó con los registros de cámaras de televisión nacionales y privados instaladas en toda Cartagena; que fruto de una muy exhaustiva y demoledora investigación se obtuvieron 120 evidencias que serán útiles para el proceso judicial al que están sometidos los detenidos; que un sexto sujeto, identificado como Gabriel Carlos Luis Salinas, huyó a Venezuela y sería quien habría tripulado la moto náutica hasta la escena del hecho; que en determinado momento los sicarios encargados de seguir a Pecci le habrían perdido el rastro, el que nuevamente retomaron gracias a las publicaciones del fiscal en las redes sociales; que algunos de los detenidos habrían acordado negociar su situación procesal acordando prestar colaboración -acuerdos mediante- a la Fiscalía; y que ahora se trabaja -dentro del más absoluto hermetismo- para identificar y ubicar a los determinantes del crimen, contándose para ello con la ayuda de fuerzas conjuntas de Colombia, Paraguay y Estados Unidos (la DEA), en el marco de una actividad de investigación sin fronteras.

Por espacio de casi una hora, las máximas autoridades de la Policía Nacional de Colombia y de la Fiscalía de ese país, se explayaron ante una nutrida presencia de periodistas en torno al caso del fiscal Pecci, dándose a conocer oficialmente una variedad de aspectos de la investigación y de la situación procesal de las personas detenidas: Cristian Camilo Monsalve, Eiverson Adrián Zabaleta, Marisol Londoño Bedoya, Wendre Still Scott (que aceptaron los cargos) y Francisco Luis Correa Galeano, que optó por no aceptarlos.

En el marco de una difusión prolijamente presentada por el fiscal general de la Nación Francisco Barboza, en la que sobraron los elogios a todas las fuerzas de seguridad colombianas y no colombianas involucradas en la investigación, se fueron desgranando los hechos que culminaron con la desaparición física del fiscal Pecci, de 45 años, en la isla Barú de Cartagena, en Colombia, el pasado día 10 de mayo de este año.

Una de las revelaciones hechas por el máximo jerarca policial se refirió literalmente a la idea del crimen del fiscal, en el sentido de que los mandantes del atentado -hasta el momento no identificados- habían negociado para su concreción con elementos del Primer Comando Capital, pero como estos plantearon no tener la logística adecuada, decidieron mantener la orden de eliminarlo “en cualquier parte del mundo” contándose para ello con el grupo criminal (mediante el pago de dos mil millones de pesos) que fue detenido y desbaratado, el que optó por cumplir con el contrato de muerte en territorio colombiano. En tal sentido, las autoridades explicaron que todo el plan de asesinar fue coordinado con el Primer Comando Capital de Brasil, pero no aportaron más detalles.

Se dijo además, en la rueda de prensa, que Francisco Luis Correa Galeano (quien no aceptó las imputaciones) sería quien habría liderado el plan operacional, en contrario a los restantes detenidos, los cuales aceptaron los cargos expresando que colaborarán con la Justicia y que estudiarían la posibilidad de realizar un preacuerdo con la Fiscalía o eventualmente optarían por acogerse al principio de oportunidad.

En cuanto al sexto sujeto prófugo, Gabriel Carlos Luis Salinas, ampliaron que él llevó al sicario que asesinó a Pecci, en la moto náutica desde Playa Blanca hasta el hotel Decameron, de Isla Barú.

Las autoridades puntualizaron también que el trabajó de reconstrucción del crimen, en todas sus etapas, demandó cerca de 22 días “realizándose estudios de unas 20 ubicaciones, de más de 130 elementos probatorios, el análisis de unas 120 horas de video, información técnica de 40 antenas, la interceptación de 67 líneas telefónicas, unas 27 entrevistas y el análisis de unas 10 redes sociales”, agregando que precisamente fue por las redes sociales que los criminales reubicaron a Pecci, a quien lo habían perdido durante las etapas de seguimiento, y que “toda publicación en redes sociales sin responsabilidad puede convertirse en un arma letal”.

Consignaron además que el juez Penal de Cartagena imputó a los detenidos los “delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas, agravado en calidad de coautores y a título de dolo”.

En la conferencia de prensa se consultó sobre la amenaza de muerte que habría proferido uno de los imputados contra el juez y el fiscal, y sobre este punto se respondió que el magistrado había determinado que las personas serían recluidas en una cárcel de máxima seguridad de Bogotá, extremándose las medidas de seguridad, tras las mencionadas amenazas.

En otro momento de la extensa conferencia de prensa se dijo categóricamente que la reconstrucción de todo lo que ocurrió significó un trabajo de filigrana, que poco a poco se fue definiendo, y que los sicarios llegaron a Cartagena a través de Medellín.

Se pudo saber que el plan del asesinato habría comenzado a urdirse desde el día 6 de mayo (cuatro días antes del fatídico día 10) y que todos los del grupo criminal se dieron cita a un punto determinado en Medellín, de la Plaza del Mercado, para estructurarlo, saliendo luego desde allí a Cartagena por diferentes lugares. Se detectaron cerca de 32 comunicaciones. Pero, además, en la conferencia, se dijo que los registros gráficos que permitieron conocer los movimientos de los involucrados (para adosarlos a sus expedientes, como pruebas) son numerosos “porque en Cartagena hay cámaras por todos lados, al extremo que cometer un delito en ese lugar de Colombia es un suicidio jurídico”.

Asimismo, se informó que los involucrados apelaron al uso de unos 16 vehículos de diferentes marcas y modelos, los cuales están siendo chequeados, y que en el curso de las investigaciones se trabajó recolectando múltiples testimonios de testigos, para ratificar una serie de datos en poder de las autoridades, relacionados con los movimientos de los sicarios.

Los jerarcas que hicieron uso de la palabra subrayaron enfáticamente que el trabajo policial significó un valioso aporte de neto corte científico, técnico y de investigación, compilándose informaciones convincentes que ahora habrán de ser puestas a disposición de la justicia.

Otro aspecto que se dio a conocer se relaciona estrechamente con los ideólogos del crimen; no se profundizó mucho, pero se dejó traslucir de que el ataque se inscribe dentro de los temas relacionados con el narcotráfico mundial y el terrorismo mundial, admitiendo que los determinadores del hecho tienen una muy alta capacidad de acción a nivel internacional, de ahí que estiman (y se viene trabajando en esa línea) que los ideólogos involucrados podrían estar en otro país, no necesariamente en Colombia o Paraguay.

Con el paso de las horas, las novedades sobre el magnicidio Pecci, verdaderamente van causando impacto a diferentes niveles y en el Paraguay, especialmente el periodismo -y nosotros también- preguntamos cómo es que no se activaron los protocolos de seguridad y custodia de Pecci, en su propio país, donde tenía su base para las investigaciones que llevaba adelante.

No hay que olvidar que Pecci tenía como brazo derecho en su labor cotidiana, a la fiscal general Sandra Quiñonez, y solo ella podía haber cuidado celosamente de esa faceta en la vida de su colega, pero esto no aconteció. No se contemplaron los protocolos aludidos, y Pecci, tras su casamiento el día 30 de abril, habría entrado en la fase de su luna de miel, sin seguridad alguna. Y hay algo más, es un hecho que quienes sentenciaron a muerte a Pecci, tenían en sus manos información confidencial sobre su vida, y sus pasos. Pero los protocolos fallaron, ¿o indefectiblemente tenían que fallar o ser puestos a un costado?

¿Qué aconteció? ¿Cómo y de qué manera se dio esa circunstancia? ¿Qué fallas u omisiones se materializaron para que Pecci abandonara su país, vulnerable en todo sentido?

Tampoco hay que olvidar, a juzgar por lo señalado en la conferencia de prensa, que los determinadores del magnicidio habían negociado con el PCC para dar muerte a Pecci, pero al no poder cumplirse con la orden, la misma se hizo extensible más allá de las fronteras del Paraguay.

No hay duda que los mandantes, querían ver muerto a Pecci, literalmente, sin lugar a equivocación alguna, y a toda costa. Y lo lograron. Mucha saña. Mucha alevosía. ¿Pero por qué? Las investigaciones que tenía entre manos el fiscal guardan de hecho ese secreto, que no será secreto, si algún día -ojalá sea pronto- se llegue a la verdad de los hechos. Esa verdad que quema las manos de alguien, o que puede quemar las manos de muchos (dentro del poder). Marcelo Pecci, había traspuesto el umbral de un pórtico de peligrosidad transnacional y fue dejado solo en su propio país. Insistimos ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por quienes?

Y ya, solo tomando en cuenta la profundidad -y los contenidos- de la conferencia de prensa dada por los mandos policiales y fiscales de Colombia, nos hace suponer, sin lugar a dudas, que detrás de este crimen transnacional, ligado inequívocamente al narcotráfico mundial, están personas (y hasta instituciones) de poder, con asiento en el mundo y con impunidad, en el mundo.

El terror (mafioso y transnacional) no se instaló el día 10 de mayo en Cartagena, ya está entre nosotros, desde hace ya bastante. El magnicidio Pecci, lo visibilizó con creces. Una vez más.

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*Foto de portada: Fiscalía de Colombia