Uno de los sicarios detenidos en Colombia redobló su apuesta mafiosa descaradamente (quizás sabiéndose impune, y protegido por los mandantes del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci) en tono de amenaza de muerte explícita dirigida al juez y al fiscal, que llevan adelante las investigaciones en el caso Pecci. Fue en la audiencia que se cumple en la jornada de este lunes en una sede estatal de la ciudad de Cartagena. La información la dio a conocer al periodismo local e internacional nada menos que el propio presidente de la Veeduría de la Rama Judicial de Cartagena, Erik Urueta, en los siguientes términos: “La amenaza la hizo uno de los procesados al juez y al fiscal, en plena audiencia, que donde se escondiera lo iban a encontrar y lo iban a matar en cualquier parte del mundo". Con posterioridad a este hecho, explicó Urueta, pidieron protección y agregó: “Ahí es donde se ve la magnitud de este asunto, porque un delincuente se atreve a amenazar al juez”. Otra novedad en torno al caso se relaciona con la existencia de otro implicado, el sexto, del grupo -de cinco personas- que ya está a disposición de la justicia, quien se encuentra plenamente identificado pero prófugo. Se trataría de un ciudadano venezolano, quien habría conducido la moto acuática en la que se trasladó al sicario que abrió fuego contra Pecci en la playa. Y lo que resulta sumamente clarificador es que, a juzgar por los últimos trascendidos, uno de los detenidos habría admitido haber sido contratado por el grupo criminal brasileño (operante en Paraguay) Primer Comando Capital, para ultimar a Pecci, en estrecho vínculo con el cartel de Medellín.

En el curso de la audiencia de la jornada se venía definiendo además qué medidas de seguridad se habrían de adoptar con los cinco detenidos mientras se lleven adelante las audiencias del proceso. Pero el paso previo, de acuerdo a las normas colombianas, es caratular como legal el procedimiento de captura de cada uno de los implicados.

Cumplida esta etapa se iniciaría la ronda de audiencias, en un proceso, donde los elementos probatorios serían de fundamental importancia y deberían de ser funcionales, a los logros obtenidos en el curso de la exhaustiva labor de investigación que se ha venido desarrollando desde el momento mismo de los hechos.

En ese marco, la labor conjunta de policías colombianos y paraguayos, con apoyo de personal de Estados Unidos, hizo que se fueron hilvanando secuencias del atentado y dentro de una tarea que demandó cerca de 20 días, sorpresivamente una voz delatora arrojó aguas claras sobre los hechos definiéndose la identidad de los involucrados y el lugar donde se encontraban, lo que permitió la realización del operativo, oportunidad en que se supo que los sicarios, o mejor dicho, el grupo criminal mano de obra del atentado, había sido pagado con la friolera de 120 mil dólares, los que vendrían de círculos de poder de alto vuelo. Y es ahora en ese sentido que se viene trabajando desde filas policiales, tanto de Colombia como de Paraguay y de Brasil.

Ocurre que, de acuerdo a las últimas informaciones, sería el cartel de Medellín más otras estructuras de poder mafioso de Brasil, se presume del Primer Comando Capital, las que habrían tomado parte muy activa, para planificar y ejecutar el atentado, contra el operador fiscal Marcelo Pecci, que si bien tenía como base Paraguay, estaba incursionando en contra de los intereses de los grupos narcos, operativos en su territorio, y en Colombia, tomando como base una actividad en común: el envío de grandes cargamentos de cocaína a Europa y Asia.

La noticia de las últimas horas alude entonces, a que uno de los contratantes del sicariato sería el grupo Primer Comando Capital (PCC) y que todos los sicarios operativos desconocían que la víctima se trataría de un fiscal, y que mas bien tenían entendido que se trataba de un empresario con quien debían ajustarse cuentas. Asimismo, se ha dicho que la decisión de concretar el crimen habría emergido de un establecimiento carcelario de los Estados Unidos.

Ya, a estas alturas, de los acontecimientos, queda por demás demostrada lo transnacionalizado que estaba el magnicidio desde sus etapas iniciales, lo que nos permite ratificar, una vez más, de qué manera operan las organizaciones mafiosas que se involucran en el narcotráfico, actividad que sigue siendo líder en las estructuras de poder al margen de la ley.

Obviamente Pecci habría dado duros golpes al narcotráfico en el Paraguay y estos significaron un obstáculo para las actividades del cartel de Medellín, siempre en estrecho vínculo con el Primer Comando Capital brasileño. La mejor manera de poner punto final a las acciones de Pecci, fue de hecho insinuar, planificar y finalmente ejecutar su proyecto de sacarlo del medio, causándole la muerte.

Pero el hecho más grave, en torno al magnicidio, es que los autores ideológicos todavía viven gozando de su clandestinidad e impunidad, aunque no se descarta que con el correr de las horas podrán ir surgiendo novedades.

Y, por último, por si fuera poco, los despachos internacionales han dado a conocer que la Fiscalía colombiana viene indagando el vínculo del cartel de Medellín con un criminal apodado “Falcón” o “Andrea”, de nombre Juan José Valencia, quien está señalado por las autoridades como integrante financiero del Clan del Golfo, además de estar pedido en extradición desde los Estados Unidos. Trascendió además que el cartel de Medellín recibiría órdenes directas de “Falcón”.

A todo esto, se consignó también que las autoridades policiales de Paraguay venían indagando la presunta participación en el hecho de Kassem Hijazi, un reconocido narcotraficante libanés dedicado a negocios ilícitos dentro de los límites fronterizos del territorio guaraní.

Cada día que transcurre nos pone bajo la posibilidad de ir descubriendo facetas sorprendentes del magnicidio Pecci. En paralelo, la justicia colombiana viene trabajando con los detenidos, y también, fruto de esa actividad, irán surgiendo más novedades sobre la operación criminal en sí.

Pero lo que es hasta el momento un verdadero enigma es la identidad de quienes ordenaron a los sicarios y a los otros involucrados de los carteles de la cocaína mencionados, a la acción de poner fin a los días de Pecci. Todos los investigadores, tanto de Colombia, como de Paraguay y Estados Unidos, coinciden claramente que los autores intelectuales, sin duda alguna, son personas de poder criminal y hasta quizás institucional, lo que al ratificarse sería uno de los aspectos más graves de este crimen transnacional.

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*Foto de portada: www.hoy.com.py