A siete años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, los mexicanos exigen respuestas
 
Por Alejandro Díaz-28 de setiembre de 2021

“¡Ni con tanques ni con metrallas, Ayotzi no se calla!”

El pueblo mexicano volvió a congregarse en las calles para reclamar por el esclarecimiento del secuestro y la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero.

Las escuelas normalistas del estado de Guerrero tienen, históricamente, una gran tradición activista y política. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de setiembre de 2014, cuando sucedieron los hechos, los estudiantes se preparaban para viajar a Ciudad de México, donde se congregarían junto a miles de estudiantes de todo el país en un nuevo aniversario de la “Masacre de Tlatelolco”, ocurrida el 2 de octubre de 1968 durante una fuerte represión llevada adelante por militares y fuerzas parapoliciales contra los movimientos estudiantiles de la época. La verdad sobre esta masacre y los datos certeros sobre la cantidad de heridos y personas asesinadas aún se desconoce; el Estado históricamente ha cercado las evidencias.

Los normalistas generalmente para desplazarse robaban autobuses, y esta fue también la ocasión, según recuerda Manuel Vázquez Arellano, quien era miembro del comité estudiantil y sobrevivió aquella noche. "Hay que entender que lo del 26 se dio de manera fortuita, pues en la mañana y en la tarde los chavos intentaron tomar autobuses en Chilpancingo y no pudieron, por lo que decidieron, en lugar de regresar a la escuela con las manos vacías, dirigirse hacia Iguala". Ya contaban con tres autobuses, pero necesitaban algunos más pues se esperaba una gran convocatoria.

Aquella noche en Iguala había una celebración de la Oficina de Desarrollo Integral de la Familia, que estaba bajo la dirección de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. El matrimonio está bajo sospecha de tener estrechos vínculos con los Guerreros Unidos, una banda de narcotraficantes local. Ante la posibilidad de que los estudiantes se presentaran en el festejo e intentaran interrumpirlo, cosa que no estaba bajo los planes de los jóvenes, las fuerzas policiales se abalanzaron contra el contingente, y fue esté el primer paso de un grosero crimen de Estado.

La historia oficial, la que intentó imponer el gobierno del ex presidente Peña Nieto, aunque dudosa desde un principio, muestra un escenario aterrador: Los normalistas habrían sido detenidos por las fuerzas policiales, y entregados a los Guerreros Unidos, quienes, luego de asesinarlos, los habrían incinerado en una fosa común. Lamentablemente, por más que las evidencias demostraran que esto no era así; las fosas comunes y los crímenes de masas, cometidos dentro del marco de la guerra entre narcotraficantes y los “rangers” del ejército y de las policías militarizadas, se volvieron moneda corriente en México, desde la penosa presidencia de Felipe Calderón. Un Felipe Calderón que impuso sobre su territorio el modelo de guerra urbana ideado por los Estados Unidos, para Colombia, a principios de los 80s. Desde entonces las cifras de violencia, secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones, asesinatos, desapariciones y fosas comunes emulan la de los genocidios; entre enero de 2006 y mayo de 2021 se contabilizan 350 mil asesinatos y más de 72 mil desapariciones.

Desde entonces los mexicanos se matan entre sí por la droga que consumen los estadounidenses; mientras el dinero de los cárteles se recicla en los grandes bancos de Wall Street.

En medio de esta gresca, los 43 normalistas se volvieron un símbolo de la precariedad institucional en México, de las consecuencias sociales, económicas, políticas y civilizatorias que produce el narcotráfico y la hipocresía de los complejos económicos, políticos y militares. El mundo puso sus ojos sobre Ayotzinapa y las protestas se multiplicaron en decenas de países. La presión internacional obligó al gobierno de Peña Nieto a tomar cartas sobre el asunto, y distintos funcionarios se abocaron a construir la “historia oficial”, entre ellos Tomás Zerón.

Zerón fue el director de la Agencia de Investigación Criminal, el organismo que encabezo las primeras investigaciones. Zerón, a fuerza apremios y torturas fue construyendo un caso que aplacara la opinión pública: los narcotraficantes habían asesinado a los estudiantes tras confundirlos con miembros de bandas rivales. Hasta el día de la fecha Zerón continua prófugo, amparado por el gobierno israelí. Pero las mentiras, para ese entonces judicializadas, tienen patas cortas y a las pocas semanas fue hallado un cuerpo; el de Alexander Mora Venancio cuyas características contradecían las hipótesis oficiales.

Recién en julio de 2020, y luego en junio de 2021, serían hallados los restos de Christian Alfonso Rodríguez y de Jhosivani Guerrero de la Cruz, respectivamente. Ambos pudieron ser hallados y reconocidos gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y al interés permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En este sentido el gobierno de López Obrador fue más diligente en lo que respecta al caso, pese a que aún hay muchísimo camino por recorrer y su tiempo en la presidencia está por expirar. "Hay que cumplimentar las ordenes de aprehensión. Es bueno que haya el señalamiento hacia personas claves, pero también estamos viendo que muchas de esas personas clave han sido asesinadas en los últimos meses", declaró Vázquez Arellano, que durante mucho tiempo se hizo llamar Omar García para preservar su identidad.

Así como los soldados norteamericanos abandonaron Afganistán, quizás algún día los banqueros norteamericanos abandonen México también. Hasta ese entonces México seguirá intercambiando drogas por armas, y coyotes por halcones.

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*Foto de portada: amnistyinternacional.com

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