Jueves 25 Abril 2024
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Por Eugenio Abruzzese (*)-8 de diciembre del 2020

Falta menos de un mes para el veredicto final de uno de los juicios más inquietantes de nuestros días: el proceso de extradición contra el periodista Julian Assange, culpable de haber actuado en el interés público al difundir documentos secretos que revelan crímenes de guerra y abusos por parte de los gobiernos.

En la balanza de la extradición a Estados Unidos hay 175 años de prisión, un tiempo inconcebible si se compara con las penas reservadas a quienes cometen crímenes.

Un proceso que pone en peligro a toda la libertad de expresión, así como a la esencia misma, muchas veces olvidada, del periodismo: denunciar ilícitos sin hacer descuentos a nadie.

Sin embargo, si se buscan actualizaciones o novedades sobre este caso, es realmente difícil encontrarlas, especialmente en los principales medios de comunicación. ¿Por qué este silencio por parte de los medios, más involucrados que nunca en este proceso?

Para explicarlo, es necesario analizar todo el caso de manera más amplia y mirar sobre todo el aspecto político para comprender, en consecuencia, el comportamiento cómplice de los medios de comunicación.

Assange, preso político

Assange, desde el 2010, ha pasado 18 meses (550 días) bajo arresto domiciliario, seguidos de más de 7 años de aislamiento total dentro de la pequeña embajada ecuatoriana (20 m²) y finalmente un año y medio dentro de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, una prisión construida hace 30 años para "albergar" a terroristas, asesinos en serie y narcotraficantes. Todo sin haber recibido nunca una acusación formal.

En el 2010, se abrió una investigación en Suecia relativa al presunto acoso sexual a dos jóvenes. Justo en el 2010(!): el año en que las más altas oficinas de Estados Unidos atacaron a Assange y a su plataforma Wikileaks de todas las formas posibles. Julian Assange fue completamente absuelto de esta vergonzosa difamación por una investigación realizada muchos años después, en 2019, por Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura.

Examinando los documentos de la policía sueca, Nils Melzer descubrió que las jóvenes en cuestión nunca habían presentado denuncia alguna, sino que, por el contrario, habían contradicho el informe (en el que, de hecho, no figuraban sus firmas) redactado en la fiscalía. Otras rarezas -relacionadas con el desarrollo de la investigación- hacían suponer que era solo un pretexto creado ad hoc para autorizar una posterior extradición a los Estados Unidos. Por ejemplo, incluso antes de que Julian Assange fuera notificado de la investigación, el fiscal dio la noticia a la prensa (el primer periódico sueco en publicarla fue el conocido "Expressen"), aunque está totalmente prohibido hacer público el nombre de un sospechoso que todavía no fue interrogado. La intención era claramente destruir mediáticamente al periodista y editor.

Cuando Assange se mudó a Inglaterra, la reacción del país (el inusual e inmediato aislamiento de los primeros días de detención) fue completamente desproporcionada e ilegítima ya que no había cargos en su contra. Además, Assange aún no había sido interrogado por las autoridades suecas que se negaron a ir a Inglaterra en persona, a pesar de haberlo hecho anteriormente en otros 44 casos (ya que existe un acuerdo de cooperación entre el Reino Unido y Suecia que permite que los funcionarios suecos vayan a Inglaterra para el interrogatorio de personas, o viceversa, y ese interrogatorio también se puede hacer por video conferencia). Solo con Assange insistieron en que él era el que debía trasladarse. En ese momento Assange y sus abogados comunicaron a las autoridades la disposición para viajar a Suecia siempre y cuando recibieran garantías de que no se iba a extraditar al periodista a Estados Unidos (hasta ahora Suecia ha extraditado a todas las personas solicitadas por Estados Unidos). Suecia se negó, diciendo que no había ninguna solicitud de extradición (por lo que, a mayor razón, no tenía sentido negar una simple garantía), cosa que hoy sabemos que era falsa.

Nils Melzer, nuevamente durante la misma investigación, visitó a Assange con dos médicos expertos en víctimas de tortura y concluyó: "En 20 años de trabajar con víctimas de la guerra, la violencia y la persecución política, nunca he visto un grupo de Estados democráticos (Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y Ecuador) que se unieran para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de una sola persona durante tanto tiempo y con tan poco respeto por la dignidad humana y el Estado de derecho. ¡La persecución colectiva a Julian Assange debe terminar aquí y ahora!" (Aquí el documento: www.ohchr.org).

Pero ya en el 2016, mientras Assange se encontraba en régimen de aislamiento dentro de la embajada, algunos expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, después de examinar el caso, declararon que "la detención arbitraria del señor Assange debería terminar, por el respeto a su integridad física y libertad de movimiento, y además, con derecho a resarcimiento", pidiendo tanto a Inglaterra como a Suecia que respeten los Convenios sobre el derecho de asilo de los que ambas son signatarias. (En este enlace se puede consultar el documento de Naciones Unidas: www.ohchr.org).

¿Cómo explicar, entonces, la persecución de un hombre por parte de varios Estados dispuestos a violar las Constituciones, Convenciones, leyes internacionales e investigaciones de las Naciones Unidas para silenciarlo?

Se explica por una obediencia casi total a las peticiones de Estados Unidos, los verdaderos artífices de la persecución de Assange.

Un proceso en el que incluso los grandes medios, con sus ensordecedores silencios, han puesto su parte.

Una obediencia que implica la pérdida de la propia independencia, pasando a ser un mero instrumento de una política exterior que pretende destruir a un periodista que osó revelar la verdad.

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*Extraído de www.antimafiaduemila.com

*Foto de Portada: www.dw.com/ndr