¿De dónde procede esa inquina asesina contra unos profesionales que, por definición, solo esgrimen las armas de la inteligencia y las ponen al servicio de los otros?
En el enfrentamiento más común, el de periodistas y gobernantes, la inquina nace como una reacción del funcionario ante un fiscal que no ha sido nombrado y que, sin embargo, sigue todos sus actos con severidad implacable, en nombre de la ciudadanía.
En una inusual declaración recogida por la PNUD en su informe de 2004 sobre la democracia en América Latina, presidentes de la región califican a la prensa como “contrabalance del poder presidencial”, “medios hostiles”, “servidores del gran capital”, “obstáculos para la gobernabilidad”, “dueños de un poder total con responsabilidad cero”.

Desde ese punto de vista son explicables las leyes de desacato de que echan mano los funcionarios para presionar a los periodistas y medios que, según ellos, han desafiado o desacatado su autoridad. Es solo uno de los medios con que un presidente latinoamericano puede pasar a la ofensiva contra los medios. La realidad muestra muchos más.

En Bolivia, el año 2009 se contaron nueve agresiones contra periodistas en nueve meses, mientras en Nicaragua las turbas oficialistas se han encargado de acosar a la prensa con asaltos y palizas; la campaña persistente del presidente Correa contra la prensa ha dado resultados. Su reiterada acusación a la prensa corrupta ha calado y es perceptible una extendida desconfianza hacia los periodistas. En Venezuela uno de los llamamientos presidenciales es a apagar televisores para tener la mente limpia. No es necesario leer periódicos. Por su parte, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sitia económicamente a los medios de la oposición y promueve un acoso judicial contra periodistas incómodos para el gobernante.

Los informes de las últimas semanas dan cuenta de otro hecho sorprendente: la participación de ciudadanos comunes en los atentados contra periodistas.
En Honduras fueron miembros de una facción política los que amenazaron a la prensa por sus críticas al golpe de Estado. También en Bolivia, en el Alto, un locutor de radio fue atacado y apuñalado, tras ser amenazado. En México se cuentan 10 ataques contra los medios en este año y en Argentina una estación de radio fue incendiada y silenciada, según su propietario, por razones políticas.

¿Ha dejado de ser el periodista esa figura emblemática en la que la gente confiaba cuando perdía la fe en las demás instituciones? Los narcotraficantes, como sucede en México, muestran su poder al silenciar a periodistas, o intimidan a los medios que osan denunciarlos, o imponen silencios y desconfianzas en las redacciones en que los periodistas miran a sus pares como posibles infiltrados de las poderosas mafias.

Sume a estos hechos el de la vinculación de periodistas y medios a políticos de imagen turbia, y la implicación de la prensa en campañas de imagen de empresas de sospechosa catadura, los silencios interesados o no sobre hechos de escándalo, que los lectores interpretan como complicidades, y tendrá usted los factores que producen la baja credibilidad de los medios y el desmoronamiento de una influencia que parece ir a la par con la desaparición de medios de comunicación.
Nadie parece lamentar la desaparición de estos medios porque el sustituto, las noticias por Internet, resulta satisfactorio. La participación de este medio en las audiencias mundiales ha pasado del 4% al 22% y sigue creciendo. Una reciente encuesta, en Medellín, Colombia, fue reveladora: la mayoría de los lectores, el 42,26%, utiliza el periódico para leer las tiras cómicas y, mientras le dedican 3.2 horas día a la televisión y 3.1 horas al día a Internet, leen periódicos durante 21 minutos de promedio.

Este declive de la influencia y del peso moral de la prensa ocurre al mismo tiempo que arrecian los ataques desde el poder y se intensifica la guerra de narcotraficantes y delincuentes contra la prensa.
En un artículo dedicado al análisis de esta situación el periódico The Nation señalaba las causas:
— Los Gobiernos que toleran la impunidad, que fue el hecho emergente en el foro promovido por la SIP en Ciudad de Guatemala, en donde al cabo de la exposición de casos de periodistas asesinados en América y el mundo, se impuso la conclusión de que, con excepciones, todos esos ataques se mantenían impunes y de que esa impunidad pasaba a ser otra causa del problema.
— En el mismo artículo de The Nation había otro apunte: los directores y gerentes de medios suelen considerar que los mecanismos de seguridad para sus periodistas no son parte de su responsabilidad, de modo que, como sucede en México, las reclamaciones de los reporteros para disponer de un chaleco antibalas, o un seguro de vida que les garantice que sus familias no quedarán desamparadas, son demandas que las empresas consideran extravagantes, excesivas y fuera de la órbita de sus obligaciones.
— The Nation lo sugiere, pero los hechos le han dado solidez a este otro punto: los propios periodistas han contribuido al agravamiento de su situación por la ingenuidad y el exceso de confianza con que se exponen al peligro, como si su carné de periodista pudiera detener las balas o los machetes.

Más grave aún fue la denuncia que hizo ante la directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia un antiguo fiscal general de la nación. Al informar sobre las investigaciones sobre periodistas amenazados y asesinados, aseveró que había encontrado que algunas amenazas y muertes se habrían podido evitar. Acusaciones hechas a la ligera, adjetivos innecesarios, acotaciones gratuitas y alegres de periodistas de radio que improvisan para dar cuenta de los hechos antes que sus competidores, afectan a grupos poderosos que por ser delincuentes no son menos sensibles a las acusaciones públicas, sobre todo cuando son inexactas. Una información responsable y documentada reduciría la frecuencia y la gravedad de los atentados, dijo.
Fue el tema tratado en el foro Eurolatinoamericano, promovido por la Fundación Nuevo Periodismo y la Asociación de Periodistas Europeos en Asunción, recientemente. Se planteó que ante el acoso judicial, promovido por gobernantes o por entidades o personas afectadas, el periodista que esgrime pruebas de sus afirmaciones puede cambiar el rumbo de un proceso. En cambio, las acusaciones sin pruebas se vuelven contra el medio y el periodista, que pierden en los estrados judiciales y ante la opinión pública. En el caso concreto del periódico El Universo de Guayaquil se ha llegado a decir que lanzó “una acusación hipotética, debatible, grave, que hay que demostrar, pero sin intención delictiva”.
—Como la justicia no debate sobre intenciones sino sobre hechos, cada uno de estos adjetivos sobra y termina por afectar sobre todo a quien los sostiene.
—The Economist se preguntaba en un informe especial: ¿quién es el asesino de la prensa? Y se respondía señalando a la prensa gratuita, a Internet, a los Gobiernos. Sería desconcertante pero probable que, como en las buenas novelas policiacas, la indagación llegara a decir que somos nosotros mismos los que estamos aniquilando la prensa. Por lo visto esta es la hipótesis posible.

Fuente:Javier Dario Restrepo/El Pais de Madrid