durante la dictadura, entre ellos el general en actividad Miguel Dalmao, por considerar que cometieron "errores técnicos graves" en sus fallos. La SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados", según la resolución de la corporación fechada el pasado 25 de marzo, a la cual tuvo acceso El País.
El rechazo de la corporación a atender esta petición hizo ahora que los centros sociales anuncien públicamente que recurrirán a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque consideran que los magistrados cuestionados por ellos "violaron el derecho humano esencial de libertad" con sus fallos, los que "fueron calificados como absolutamente irregulares" por personas como el 
expresidente Jorge Batlle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre, según se adelanta en una nota enviada el martes 5 a 
la Suprema Corte por el plenario de centros sociales, formado por el Centro Militar, el Círculo Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea, el centro de suboficiales de las Fuerzas Armadas y las cooperativas de consumo de activos y pasivos militares. Todo esto se produce a 24 horas de que el Parlamento termine por anular la ley de Caducidad, lo que ocurrirá mañana martes 12 en el Senado.
" En su nota reciente, los centros sociales militares aclaran que "no era nuestra aspiración vulnerar la responsabilidad técnica de los magistrados, sino recurrir como alzada" a la corporación para investigar "procesamientos anómalos".
"Con vuestra resolución se cierra un capítulo sin dudas negro en la imagen pública de la Justicia", afirmaron, para agregar que "el Estado de Derecho debe ser garantizado contra actitudes arbitrarias aún de quienes integran el Poder Judicial".
Además, los uniformados afirmaron que la SCJ "no puede renunciar" a su "obligación" de "responder ante la sociedad" de analizar "estos posibles desvíos" de los jueces.
Desde los centros sociales se cuestiona el procesamiento de Dalmao por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, así como la apreciación de la jueza Mariana Mota, quien al confirmar el procesamiento del coronel (r)
Carlos Calcagno, cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse. Más de 1.200 firmas de socios de esas entidades respaldan el planteamiento que a nivel internacional harán los centros sociales castrenses.
"Aspiramos a contar con un Poder Judicial que recoja una tradición de respeto por los derechos humanos de todos", afirmaron los militares, que piensan que esos procesados han sido "víctimas de un proceso indebido" por parte de los magistrados.
Demanda: Los centros tienen ya 1.200 firmas de socios activos y en retiro para el recurso. Los centros sociales militares presentaron a mediados de marzo un pedido ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que la Corporación dispusiera "con carácter grave y urgente una investigación administrativa sobre lo actuado en los procesos penales" iniciados contra militares por hechos de la dictadura.
En el escrito se cuestiona el procesamiento del general Miguel Dalmao por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, así como las apreciaciones de la jueza Mariana Mota, quien al confirmar el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno, cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse.
La SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados", y recuerdan que esos casos que se cuestionan en el escrito están en etapa de ser recurridos por la vía de la apelación.
En respuesta, los centros sociales militares presentarán una denuncia a nivel internacional contra el Estado uruguayo porque, dicen, los procesos judiciales por casos de la dictadura no ofrecen garantías.
Falta de pruebas, carencia de las debidas garantías de defensa y prescripción de los presuntos delitos son los principales argumentos.
Fuente: El País/ Daniel Isgleas