Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) primero y la CNI (Centro Nacional de Informaciones) después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades para coordinar operaciones en todo el mundo.

El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado, como revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975.

"Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado", informó el ministro del Interior de la época, el general Raúl Benavides.

En 1976, los poderes de la DINA son ampliados y detallados. Podrá investigar a todos los funcionarios y será la única responsable de instalar los citófonos presidenciales en la administración pública.

La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados según informes oficiales, pasa a tener además un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información envía a cuanto ministerio se la solicite.

La DINA, cuyo director está hoy preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela el Plan de Operaciones Epsilon.

La iniciativa es diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acuden cientos de denunciantes de la oposición.

El coronel Contreras, quien siempre se ufanó de desayunar a diario con Pinochet, repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente por teléfono.

La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y jefes de servicios, tenía por misión "realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina" para neutralizar en el mundo las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Las acciones abarcan desde el uso de periodistas, que no son nombrados, para que "festinen" con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la eliminación de cintas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo.
 
También son propuestas campañas de ataques a la situación de los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y la disputa de un partido de fútbol entre Chile y Brasil, como distracción.

Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, después de que estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado explosivo en Washington contra el ex canciller socialista Orlando Letelier.

La CNI, órgano que reemplaza a la DINA, impulsa desde ese año operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas chilenas, que remiten informes periódicos sobre la actividad de los exiliados, los medios de comunicación y organismos humanitarios.

Prueba de ello es que el 17 de marzo de 1978, el viceministro de relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, firmó y envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena.

"De acuerdo a lo conversado con Uds. sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como consejeros administrativos o civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor", escribió Valdés.

El jefe de la policía secreta, como era habitual, contestó el 21 de febrero directamente al canciller de la época, el almirante Patricio Carvajal, ratificando las destinaciones de los militares José Aqueveque, León González y Raúl Tejo a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente.

Los archivos secretos revelan, además, el esfuerzo continuo de la dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del presidente Sebastián Piñera.

Cardemil, que fungía en los prolegómenos del régimen pinochetista como viceministro de Interior, envió a Cancillería las fichas secretas de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos, liderada por la Iglesia católica.

"Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad", redactó Cardemil el 26 de abril de 1985 en el oficio secreto 1953.

Las operaciones detalladas en estos archivos revelan, además, el seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como Pierre Kalfon, de Le Monde, y James Pringle, de NewsWeek, entre casi un millar referidos en estos documentos.

También hay preocupación por la labor de artistas como el escritor Ariel Dorfman y los equipos de inteligencia remiten a autoridades de gobierno detalles de los debates en centros de estudio, lo que llaman "activismo intelectual".

Los textos desnudan, también, los diálogos con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.

Piezas clave en todo este entramado son además los Informes de Apreciación Sociológica que la Armada prepara para la Junta Militar en los últimos años del régimen.

En ellos, es delineada la entrega del poder y las características que debe tener la democracia en ciernes, donde se espera que los militares no cedan "el principio de autoridad".

"Ello ameritará la conveniencia de considerar en 1989 algunos cambios a la organización del Estado, preservando la sustancia institucional de los tres primeros capítulos de la Constitución", propuso el 6 de enero de 1989 en esos documentos el capitán de navío Rodolfo Camacho.

Los cambios finalmente serán acordados con la oposición de centro izquierda. La Constitución redactada entonces rige en Chile hasta hoy.