El procurador general de Justicia de Río, Claudio Lopes, afirmó en una rueda de prensa que la medida pretende "dar una respuesta a la sociedad" por el asesinato de la jueza Patricia Lourival Acioli, muerta con 21 disparos el pasado 12 de agosto en la puerta de su casa, en un crimen que indignó a la opinión pública en Brasil.
"Esta es una medida inédita, que creemos que sea más eficaz que si esos policías solo hubieran sido transferidos a otras comisarías. Y es una primera respuesta al asesinato bárbaro de la jueza Patricia Acioli", afirmó Lopes.
La jueza investigaba las mafias de policías corruptos que operan en barriadas pobres de São Gonzalo, ciudad del área metropolitana de Río de Janeiro.
La Fiscalía cree que la responsabilidad del crimen recae en estos grupos parapoliciales, puesto que las armas utilizadas en el crimen son de uso exclusivo de los diferentes cuerpos de seguridad.
La petición de la Fiscalía afecta a 34 miembros de la Policía Militar de São Gonzalo que están acusados de delitos como homicidio durante el acto de servicio o asociación ilícita.
Si el Tribunal acepta la petición, los 34 policías serán apartados de sus funciones y tendrán que entregar sus armas e identificación mientras se tramitan sus respectivas causas en la Justicia.
El juez decidirá si envía a prisión a 28 de esos 34 o si, en cambio, se limita a aplicarles una sanción disciplinaria equivalente a la de sus compañeros.
Según la Fiscalía, la lista de 34 policías es parcial, puesto que todavía se está investigando La justicia de Río de Janeiro pidió este domingo la detención de tres policías militares, presuntos autores del asesinato de la juez Patricia Acioli, conocida por actuar con rigor contra la delincuencia organizada, indicó este lunes el Tribunal de justicia del Estado de Río.
Los tres sospechosos pertenecen al Grupo de acciones tácticas del batallón de Sao Gonçalo de la Policía Militar. A día de hoy, los prisioneros se encuentran en una cárcel especial para agentes, en la zona septentrional de Río.
La juez Patricia Acioli, llevaba el expediente de los tres policías, acusados de haber asesinado a un joven de 18 años que vivía en una favela. Acioli, pocas horas antes de ser asesinada, había pedido su encarcelamiento así como la de otros cinco policías implicados.
Según la investigación de la División de los homicidios, los tres policías habrían matado a la juez justamente después de haber conocido su condena.
El comandante de la policía militar de Río, el coronel Mario Sergio Duarte, afirmó en una rueda de prensa, diez días después del asesinato, que "Las municiones utilizadas en el asesinato coincidían con las balas de la policía.
En la lista de sospechosos y posibles condenas de la juez Acioli figuraban los mafiosos del sector de los transportes ilegales y del tráfico de combustibles. Además, la juez también había realizado una lista de 91 policías implicados en asesinatos.
A finales de agosto, Amnistía Internacional afirmó que el asesinato de la juez "destacaba la corrupción policial y la influencia de la mafia sobre el región"
Fuente: El Mundo es América/AFP.