Los decretos, que entrarán en vigencia el 1° de abril, fueron aprobados justo cuando el banco del Vaticano es investigado por lavado de dinero tras un caso que resultó en la confiscación de 23 millones de euros (31 millones de dólares) y en el escrutinio a dos altos funcionarios.
Varias organizaciones financieras internacionales reconocieron la medida. El decreto crea un organismo supervisor independiente que tendrá la responsabilidad de asegurarse que todas las transacciones financieras de la Santa Sede -entre ellas las del banco del Vaticano- cumplan con las nuevas leyes. La nueva oficina de vigilancia también será la unidad del Vaticano que colaborará con la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. El vocero del Vaticano, padre Federico Lomabardi, subrayó que las nuevas normas y la creación de la autoridad no están relacionadas con la confiscación en septiembre de una cuenta del Vaticano.
El Vaticano se comprometió en diciembre de 2009 -cuando ingresó a un acuerdo monetario con la Unión Europea sobre la emisión de euros- a aprobar esa ley antes de que concluyera este año. Pero la iniciativa tomó más prontitud tras la investigación por lavado de dinero que puso en vergüenza al Vaticano y al presidente de su banco, Ettore Gotti Tedeschi.
Los fiscales decomisaron 23 millones de euros el 21 de septiembre y pusieron bajo investigación a Gotti Tedeschi y su segundo, alegando que el banco violó la ley al tratar de transferir fondos sin identificación del remitente ni el destinatario. Los hombres no fueron instruidos de cargos.
El Vaticano insiste en que la pesquisa fue resultado de un "malentendido" y espera que se aclare rápidamente, pero los tribunales de Roma se negaron dos veces a descongelar los fondos. A principios de mes, un juez dijo que nada había cambiado en la forma en que el Vaticano protege la identidad de sus clientes. Preguntado ayer sobre si el banco, conocido formalmente como Instituto para las Obras Religiosas, se vería obligado ahora a identificar a sus clientes en las transacciones, Lomabardi dijo que la cuestión de la cuenta embargada fue un caso muy particular.
"Pero sostengo que esta ley crea una situación en la que el tipo de problemas que se han verificado o que no fueron correctos son impensables", manifestó Lombardi.