Viernes 26 Abril 2024
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COLUMNA ANTIMAFIA

El periodista argentino Hugo Alconada, hablando del tema lavado de activos, en la Mesa de Mirtha Legrand por Canal 13, reprochó a los uruguayos como lavadores y como corruptos. Sus opiniones desataron una polémica. El abordaje de un tema tan sensible en estos momentos en el Uruguay, nos lleva a una profunda instancia de reflexión.

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En un caso judicial, de larga data y controvertido hasta el tuétano, los veredictos de estos días fueron en definitiva una bofetada para la persona del ex presidente y del ex vicepresidente y para todos quienes lo apoyaron en su gestión de gobierno, y para todos quienes apostamos a su honestidad. Pero hay algo que debemos recalcar, a propósito del proceso judicial y de los veredictos que emergieron. Y ese algo se relaciona estrechamente con la forma en que se llevó a cabo el proceso en sí mismo, porque en realidad fue un proceso anómalo y desarrollado dentro de un contexto tendencioso, anti jurídico y absolutamente falto de ética y de respeto a los más elementales parámetros de la justicia. Lo que es decir que fue un proceso donde la ausencia de las debidas garantías fue descomunal y hasta diría obsceno. Y nuestra apreciación no es gratuita, porque se apoya en apreciaciones dadas oportunamente por los observadores extranjeros que se hicieron presentes en el Ecuador, para seguir las preliminares de las instancias procesales hace unos dos años, siendo uno de los destacados observadores nada más ni nada menos que el ex Procurador del pool antimafia de Palermo, Sicilia, Antonio Ingroia, a quien por aquellos días, desde la redacción Antimafia de Montevideo entrevistamos, obteniendo sustanciosas declaraciones que nos hicieron pensar (sin titubeos) que ese proceso a Correa (en ausencia suya, por cierto) tenía definitivamente un mal tufo.

“Yo estoy muy preocupado por la situación que he visto en Ecuador, porque yo he visto muchas señales de una situación de enfermedad, del Estado de derecho; sobre todo en este caso que he estudiado mejor que otros, el caso Balda-Correa, donde el ex presidente está acusado de un caso de secuestro de persona, pero no solo esto, también el caso del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, que está en la cárcel con una acusación de corrupción, con muy pocas pruebas. Y también en otros casos, menos famosos en el mundo como es el caso de otros funcionarios, o ex ministros, que eran todos colaboradores de Correa cuando este era presidente. Entonces, en particular, en este caso, Balda-Correa, yo he visto las audiencias, la preparatoria y también he leído la acusación de la Fiscalía General del Estado contra Correa y me parece que hay muchas anomalías. Por ejemplo me parece evidente una falta de jurisdicción, para empezar; porque el secuestro y prisión fue un secuestro cometido hace muchos años. En el 2012, en Colombia. Todos los hechos fueron cometidos en Colombia, y hay investigaciones por parte de la Fiscalía de Colombia contra los ejecutores materiales del secuestro, que fueron ya condenados .Todavía ahora hay investigaciones de la Fiscalía de Colombia y no se entiende bien por qué, empieza una nueva investigación de la Fiscalía General de Ecuador contra el presidente Correa y contra los principios básicos de la jurisdicción, porque la jurisdicción tiene que estar en Colombia. Eso en primer lugar. En segundo lugar tenemos muchas anomalías en la competencia del fiscal que menciono en la investigación, porque el fiscal es ad hoc, el fiscal encargado de esa investigación fuera del orden de la fiscalía. Entonces es directamente encargado por el poder ejecutivo, el poder político, el gobierno de este momento; y luego, no hay verdaderamente pruebas de la responsabilidad del ex Jefe de Estado, porque ellos tienen solamente una prueba de acusación: la declaración ,muy sospechosa, de uno de los secuestradores, que luego de años y años de los hechos, cuando es capturado y arrestado, acusa al ex presidente ecuatoriano porque él dice que Correa por vía telefónica se comunicó personalmente con él para encargarle el secuestro, cosa que parece muy poco creíble, que un Jefe de Estado tome el teléfono para llamar él mismo a un hombre de la policía nacional para esto. Hicieron además la teoría de que todos los hechos ilícitos cometidos por hombres del Estado tienen que ser responsabilidad también del jefe del Estado, que me parece una teoría que no está en línea con los principios básicos de la culpabilidad y de la tipicidad de hechos penales. Entonces estas son las más evidentes anomalías del caso; y me parece que el clima que se respira en la audiencia penal y también en todo el país es un clima muy pesado. Parece, no quiero decir como una dictadura, pero una situación sin control constitucional. También la corte constitucional en este momento no funciona. Todos los poderes de control sobre el poder político, el poder ejecutivo, están suspendidos” nos declaraba Ingroia (en el mes de octubre del año 2018) redondeándonos respecto al panorama del caso judicial en relación a Rafael Correa y a su vicepresidente Jorge Glas (cabe consignar que en ese momento y ahora mismo, Rafael Correa reside en Bruselas)

¿Y qué dicen estos veredictos, que tanto nos incomodan y que tanto nos indignan? Los despachos internacionales que hoy por hoy están recorriendo el mundo consignan que la Justicia de Ecuador además de condenar a ocho años de prisión a Correa y a Glas (acusados de delitos de corrupción) les imposibilita participar en política por 25 años. Pero además la justicia encontró responsable al ex presidente Glas (que va está en la cárcel por otros cargos, seguramente débiles en fundamentación) y a otros once ex colaboradores de un esquema de sobornos a empresas a cambio de contratos, en las que en su momento fue mencionada Odebrechet.

La respuesta de Rafael Correa, desde Bélgica, no se hizo esperar en su cuenta de Twitter, calificando los veredictos como una “mamarrachada”, agregando además: "Esto era lo que buscaban, manejando la justicia para lograr lo que nunca lograron en las urnas”.

Como lo aludía el abogado Ingroia en la entrevista que le hicimos, a Correa también lo acusaron de un secuestro, pero con el correr del tiempo, la acusación que más prosperó desde aquellos días de octubre del 2018 se relaciona estrechamente con actos de corrupción. Fue el caso llamado “Sobornos 2012-2016”, que nació en el mes de abril del 2019 con una denuncia periodística. Y a los pocos días la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial y en ellas presentaron acusaciones contra once ex funcionarios y diez empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos. Según la Fiscalía entre 2012 y 2016 un grupo de funcionario de la Presidencia, por entonces dirigida por Correa, tenía un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios. Siempre según la Fiscalía, estas firmas tenían contratos con el Estado y parte de los sobornos que entregaron (según la justicia) terminaban en las arcas del partido oficialista, Alianza País. Y por si fuera poco, la Fiscalía sostenía que el dinero se habría utilizado en la campaña para la reelección del mandatario en 2013, estimándose que el gobierno de Correa recaudó más de 7 millones de dólares de esta manera.

Se informó también al mundo, en la voz del juez ecuatoriano Iván León, que de acuerdo con la sentencia del Tribunal judicial, Correa y Glas, fueron condenados como autores del delito de cohecho: “Luego de 32 días de análisis de pruebas determinamos que el ex presidente Rafael Correa conocía de los aportes indebidos para su movimiento político, a través de sus asesores presidenciales en el Palacio de Carondelet”

A sabiendas de estos veredictos, Rafael Correa insistió en Twitter (refiriéndose a las elecciones generales del año próximo): “Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe”.

En paralelo, fuentes judiciales dijeron a las agencias internacionales que la sentencia aún debe ser ratificada o rechazada en segunda instancia por casación para ser ejecutada.

Tal parece que los vientos huracanados de una justicia aplicada con turbiedades, sobre la administración Rafael Correa y sobre su persona y la del ex presidente Glas, y colaboradores de ambos, visibiliza que las nuevas metodologías que ahora se tiene por costumbre aplicar, cuando se trata de sacarse de encima a un oponente político, tienen una vigencia increíble.

Desgraciadamente.

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*Foto de Portada: www.página12.com.ar