Comienzo diciéndoles que Guernica duele. El extenso predio (de 100 hectáreas) de la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, fue violentamente desalojado por fuerzas policiales -unos cuatro mil efectivos aproximadamente- en horas de la madrugada de este jueves que pasó. Los terrenos habían sido tomados por familias sin techo de escasos recursos en el pasado mes de julio, y allí construyeron viviendas precarias, con los elementos que tuvieron a mano: cartones, chapas, bloques, tirantes de madera. Edificaciones literalmente humildes. Pero su vida precaria no evitó el desalojo, que fue dispuesto por la Justicia y fue llevado adelante por policías que no midieron consecuencias: reprimieron a mansalva, con palos, gases y balas, siendo sus objetivos operacionales, no solo los ocupantes sino además los periodistas que realizaban la cobertura del desalojo. Un desalojo que tuvo como mano de obra ideológica al gobernador Axel Kicillof, siendo el brazo ejecutor el Ministro de Seguridad de la provincia Sergio Berni, a cuyas órdenes respondían los uniformados blandiendo garrotes, escudos y escopetas. A la represión, cuyas imágenes ya recorren la región y el mundo entero, se sumó la tarea de arrasar con todo, con el uso de maquinaria pesada. Fue así que las topadoras derribaron cercos y casillas. Y fue así que toda la infraestructura estatal demoledora no dejó vestigio alguno del precario y popular poblado que fue desde hace algunos meses. El saldo cruel, fue dejar en el desamparo a cientos de personas, niños, mujeres y ancianos incluidos.

La prensa libre y los sitios web que son libres y no están casados con el sistema, al igual que las organizaciones de derechos humanos, y nosotros como Antimafia, nos hacemos eco de este atropello y lo denunciamos. Porque verdaderamente fue un atropello. Fue un avasallamiento del poder, contra el pueblo.

Fue un cobarde atentado del Estado, porque el desalojo en sí mismo visibilizó la dramática y descarada ausencia de una política real que contemple el derecho básico a la vivienda de numerosas familias.

Voceros de Serpaj dijeron de este episodio: “Se trató de un desalojo violento contra miles de familias, de gente con enfermedades, con un montón de niños y adolescentes. Fue una masacre. Si miran alrededor van a ver las casillas prendidas fuego, las topadoras rompiendo lo poco que pudieron juntar algunos vecinos y vecinas. Fue una masacre planificada contra el más vulnerado, el más violentado, el más empobrecido. A ése le cargaron con toda la fuerza del poder punitivo".

Adolfo Pérez Esquivel reflexionó: “Lo que pasó le hace honor al término ’Guernica’ y no era necesario. Hoy no se solucionó nada, hoy hay 1.400 familias otra vez en la calle, con todos los problemas que tenían antes, más situación de calle. Habrá más recuperaciones, habrá más tomas".

Una vez más, en esta América Latina que se desangra, el poder criminal de un sistema sobrado en perversidad e insensibilidad, aplicó una medida de fuerza, amparada en el marco legal. Un marco legal condicionado (e impuesto) por los intereses de clase, de un capitalismo decididamente putrefacto, pero en particular autoritario. El autoritarismo de un gobierno que entendió que es mucho más fácil barrer con todo que trabajar por el colectivo popular, cuando se trata de población carenciada, vulnerable y sin recursos, y en medio de una pandemia desoladora y despiadada.

Pero este atropello, que comenzó en horas de la madrugada (dándose cumplimiento a una orden del juez Martín Rizzo, quien anteriormente había fijado como límite, el 30 de octubre, para que se desocupara el terreno) fue resistido heroicamente. Los ocupantes (familias que ya ha perdido todo) optaron por no perder la dignidad y se resistieron con palos y piedras, intentando en vano frenar la embestida policial. Porque de hecho fue una embestida. Una embestida que hizo que fueran detenidas, en circunstancias de violencia estatal, 37 personas: entre ellas 10 mujeres. En consecuencia todos los de detenidos fueron derivados al Juzgado y a ellos seguramente se les iniciará una causa.

La ex Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, tuvo el descaro de declarar que se sentía preocupada por las lesiones que tenían los policías, puesto que unos 9 uniformados experimentaron contusiones de poca entidad, pero no dijo ni una sola palabra sobre las familias reprimidas y golpeadas.

En definitiva, henos aquí, escribiendo sobre un conflicto judicial en torno a un drama social, que una vez más (en suelo argentino) fue zanjado cortandose el hilo por el lado más fino. Y esto lo denunciamos porque nos indigna. Y esto lo denunciamos porque no podemos ser cómplices de un brutal latigazo gubernamental dado a un sector de la población que más debería inspirar a la aplicación de políticas de tolerancia y de preservación del derecho a la vida, que a la puesta en práctica de medidas de neto corte represivo, que sirven al sistema, y peor aún, a los equívocos intereses de un gobierno provincial, definitivamente indiferente al sufrimiento humano.

“Usurpación, resistencia y atentado a la autoridad” fueron las imputaciones judiciales que se impusieron sobre los detenidos.

Nosotros, desde nuestra mesa de trabajo, no estamos en condiciones de imputar judicialmente al Estado, pero si estamos en condiciones de decir, que no hay tecnicismo legal o propuestas legales planteadas en la previa al desalojo, que justifiquen un desalojo de estas características. Porque un desalojo llevado adelante así, con saña, y con una inusitada carga de violencia, no fue otra cosa que una operación de atentado a la vida humana, y nada menos que en plena democracia.

¿Serán acaso estos los parámetros (de convivencia social y de entendimiento social) que la administración de Berni quiere imponer? ¿Será acaso que la administración de Alberto Fernández coincide con ellos?

Masticando las respuestas, lo cierto es que hoy por hoy, Guernica duele. Y duele mucho.

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*Foto de Portada: www.pagina12.com.ar

*Foto 2 y 3: AFP/ Página 12