La ‘Ndrangheta y la Cosa Nostra de los estragos

Por Giorgio Bongiovanni – 29 de enero del 2018

Con la acusación de los fiscales de Palermo y el consecuente pedido de penas para los imputados se ha cerrado un capítulo importante del proceso de la tratativa Estado-mafia que se celebra en Palermo. Después de haber completado sus participaciones, los fiscales nacionales antimafia, Antonino Di Matteo y Francesco del Bene se han, de hecho, "despedido" frente al Tribunal Penal integrado por el Presidente Alfredo Montalto, la jueza Stefania Brambille y los jueces populares.

No podemos dejar de destacar algunos datos que el propio Di Matteo puso de manifiesto en su último discurso ante el Tribunal. "A medida que avanzaba - recordó el magistrado - ya en la fase de investigación, comencé a conocer el costo que habría de pagar con este proceso y creo que no me equivoqué. En repetidas ocasiones se ha dicho que nuestras acciones, las de los fiscales, se ha caracterizado por tener finalidades subversivas y nadie nos ha defendido de acusaciones tan graves. Pero lo habíamos puesto en la cuenta, porque como sucede en ciertos casos cada vez menos frecuentes, aquí la evaluación judicial no se limita a la reconstrucción mínima de los aspectos criminales más comunes, sino que apunta a identificar perfiles más altos y causas más complejas. Aquellos que, como en este proceso, corren paralelos no a un solo hecho criminal, sino a toda una verdadera estrategia. En nuestro caso, la estrategia de atentados con la que Cosa Nostra chantajeó al Estado con la complicidad de hombres de ese mismo Estado".

Y así es como terminó la etapa del proceso previa a la acusación por parte de los dos fiscales nacionales que volverán a Roma, donde continuarán la lucha contra las organizaciones criminales y contra la colusión que las mismas mantienen con sectores desviados de las instituciones, de la política, de las empresas y de las finanzas.

En la historia de los fiscales que han trabajado en este proceso (además de Di Matteo y Del Bene recordamos a Roberto Tartaglia, Vittorio Teresi y antes Antonio Ingroia) es absolutamente loable el esfuerzo realizado en la búsqueda de la verdad, sin "cálculos de conveniencia o de oportunidad". Y el aislamiento continuo, institucional y mediático, percibido en más de 210 audiencias, demuestra la molestia que el poder sintió en cada paso dado.

La acusación de los fiscales representa una síntesis perfecta de lo sucedido a principios de los años noventa, aquel momento histórico que marcó, a fuerza de bombas, la transición de la Primera a la Segunda República.

Un escrito que debería ser leído por todos los estudiantes de Italia, para comprender y saber qué ha sucedido en el pasado y cuál es nuestro presente.

En nuestra opinión, las evidencias presentadas ante los jueces son claras, precisas e inequívocas. Existen documentos, testimonios de colaboradores de la justicia, de investigadores, de representantes de las instituciones y escuchas telefónicas que ofrecen información valiosa para reconstruir los hechos de la época. A las declaraciones fiables de arrepentidos como Gaspare Spatuzza o Giovanni Brusca (este último también acusado) se añaden las de Massimo Ciancimino, figura compleja y en parte contradictoria, pero que ha ofrecido importantes documentos que coinciden con sus palabras y que también han contribuido para despertar recuerdos olvidados por los desmemoriados del Estado. Desde Claudio Martelli hasta Luciano Violante, pasando por la Dra. Liliana Ferraro (por nombrar algunos), hay una larga lista de excelentes testigos que, entre "no recuerdo" y medias verdades, han proporcionado pequeñas piezas del rompecabezas. El mismo Martelli la primera vez que declaró ante el Tribunal acusó a la masonería y a la mafia de haber conspirado para sacarlo del Ministerio de Justicia.

Luego también hubo declaraciones clamorosas como la del Jefe de Estado Giorgio Napolitano que, contrariamente a lo inicialmente afirmado (había escrito una carta al Tribunal en la que decía: "No tengo para informar ningún conocimiento que sea útil al proceso, estaría muy contento si realmente tuviera algo que decir") declaró que las bombas de los años ’92 y ’93 fueron un “untimátum” al Estado, un “chantaje con el popósito de desestabilizar todo el sistema” cuando se esperaba su hundimiento. Igualmente importante es el testimonio del embajador Francesco Paolo Fulci, ex jefe del CESIS (Comité Ejecutivo de los Servicios de Informaciones y Seguridad, ndt), quien habló sobre las investigaciones llevadas a cabo junto con uno de sus analistas sobre los continuos reclamos de la “Falange Armada”, una extraña sigla usada intermitentemente para reivindicar masacres y magnicidios. En las investigaciones, superponiendo dos mapas, se pudo saber que los lugares desde donde partieron las llamadas telefónicas reivindicativas eran los mismos que los de las sucursales periféricas del SISMI (Servicio de Información y Seguridad Militar, ndt).

Hemos leído e incluso escuchado en las audiencias las escuchas telefónicas interceptadas a jefes como Totò Riina y Giuseppe Graviano, emitiendo declaraciones precisas sobre algunos de los acusados. No podemos olvidar las palabras del jefe de jefes, Riina, quien desde la cárcel envió oscuras condenas a muerte a uno de los fiscales, Nino Di Matteo. Amenazas que, después de muchas dificultades, han llevado al Estado italiano a otorgarle una escolta de primer nivel.

Todos estos elementos demuestran la importancia de este debate. Por primera vez, en más de 150 años de historia, hay hombres del Estado honestos que han tenido el coraje de llevar a juicio a otros hombres del mismo Estado cuyos contornos son cuanto menos oscuros. Corresponderá ahora al Tribunal evaluar las pruebas y las posibles responsabilidades de cada uno de los acusados. En su editorial (“88 años y no los escucho”) Marco Travaglio resumió los posibles escenarios. Creemos que los fundamentos para llegar a las condenas son diferentes. Entonces no podemos subestimar que para fortalecer el marco descripto en el proceso de Palermo actualmente se está realizando otro en Reggio Calabria, por los estragos de la 'Ndrangheta, llevado adelante por el fiscal Giuseppe Lombardo, en el cual los acusados son Rocco Santo Filippone, considerado cercano al clan Piromalli y al condenado a carias cadenas perpetuas, el jefe de Brancaccio Giuseppe Graviano. Un proceso por los atentados contra los Carabineros en Calabria, entre los años ‘93 y ‘94, con los homicidios, el 18 de enero de 1994, de los señalados Vincenzo Garofalo y Antonino Fava. Según la acusación, estos ataques formaban parte del diseño asesino de Cosa Nostra, en los que algunas de las poderosas familias de la 'Ndrangheta, aunque no en su totalidad, habrían participado.

Durante años se ha dicho que la organización criminal calabresa se había opuesto a las masacres pero gracias a las investigaciones y declaraciones de varios arrepentidos surgió una nueva verdad.

El juicio calabrés comenzó hace unos meses y ya se han obtenido importantes testimonios como el del colaborador de justicia Consolato Villani o el del agente de la DIA (Dirección de Investigaciones Antimafia, ndt), Michelangelo Di Stefano, quien en las últimas audiencias destacó la relación entre la 'Ndrangheta y el poder, volviendo sobre las investigaciones llevadas a cabo sobre la eversión negra, los movimientos separatistas meridionales, la P2 y las masacres. Segmentos investigativos en los que se reconoce la presencia del crimen organizado siciliano y calabrés, pero también las evoluciones de la ‘Ndrangheta con la transformación de “la Santa”, estructura con vínculos muy estrechos con la masonería.

En estos contextos se inserta la participación de la 'Ndrangheta en las masacres, con los Graviano que pidieron a las familias calabresas que participen en aquel proyecto de los ataques contra los carabineros. Y esto sucedió en el mismo período en que Cosa Nostra se preparaba para llevar a cabo el ataque más sangriento de su historia, el del Estadio Olímpico, si no fuera porque un mal funcionamiento del control remoto evitó la carnicería con la que habrían matado al menos a cien personas entre militares y ciudadanos .

Un atentado que, de acuerdo con los informes de Graviano a Spatuzza, era "necesario" ("Le dije a Graviano que estábamos cargando con muertos que no nos pertenecían, pero me dijo que era bueno que cargáramos estos muertos, porque quién debe moverse hace un movimiento") para establecer el pacto final con los nuevos referentes políticos.

Así que el eje Reggio Calabria-Palermo, que trabaja en conjunto a pesar de la distancia material entre las fiscalías, está sacando a la luz lo que realmente sucedió en esos años oscuros, demostrando que detrás de las masacres no solo había mafias, sino también elementos "desviados" del Estado. Y no sólo eso. En el fondo, la sospecha parece estar cada vez más clara de que para la Cosa Nostra, y por lo tanto también para la 'Ndrangheta, esos crímenes fueron solicitados por poderes criminales, algunos de los cuales, incluso hoy, podrían estar sentados en la parte superior de las instituciones. Lo que es seguro es que más allá de las sentencias que se emitirán, los hechos están ahí, ante los ojos de todos.

Foto © Giannini/Bitti