Por Jean Georges Almendras-1ero de octubre de 2017

Mucha agua corrió bajo el puente desde que el 1ero de agosto se dio por desaparecido (forzadamente) al joven artesano y tatuador Santiago Maldonado, en la Pu Lof en Resistencia de Cushamern, sobre la ruta 40, en la provincia de Chubut, después (o en el curso) de una represión que llevaron adelante integrantes de la Gendarmería Nacional. Y tanta agua corrió, que hoy por hoy, el juez Guido Otranto ya no tiene en sus manos la causa por desaparición forzada, ni por el habeas corpus solicitado oportunamente. Ahora es el juez Guillermo Gustavo Lleral quien tiene a su cargo las investigaciones para llegar a la verdad. Investigaciones que deberá llevar adelante junto a la Fiscal Silvina Ávila, al menos mientras no sea unificada la causa o ella sea apartada del caso. Investigaciones buscando recuperar el tiempo perdido, porque ya se han cumplido dos meses de los hechos. Investigaciones buscando hacer a un costado los errores y las irregularidades cometidas por Otranto. Investigaciones buscando hacer a un costado una línea de investigación que partía de la idea de que la Gendarmería poco o nada tuvo que ver con la desaparición forzada del joven Maldonado. Investigaciones buscando desentrañar y desmantelar un aparato de represión y de encubrimiento, que ha causado impacto e indignación a troche y moche, dentro y fuera de la Argentina.

Después de tantas barbaridades impartidas desde los sitiales judiciales y desde el Gobierno, con el infaltable apoyo mediático, para demonizar maquiavélicamente a la comunidad mapuche, ahora parece que, con el juez Llera sobrevendrían tiempos de coherencias y de verdades. ¿Será así realmente?

Sin pretender ser pesimistas, no podemos tampoco irnos al otro extremo, y suponer que un cambio de rostro será la llave maestra para que el manto de la impunidad se corra tan fácilmente y los culpables sean literalmente devorados por el Código Penal argentino y puestos entre rejas.

Y aunque yo crea en la justicia divina (como muchos más seguramente), no debemos olvidarnos que la verdad judicial no es un acto de fe. Y por más fe que pongamos, para que todo este dramático y repudiable entuerto con diversidad de aristas y matices, (en torno a la desaparición forzada de un joven y a la encarnizada persecución de una comunidad mapuche) pueda ser dilucidado en un abrir y cerrar de ojos, no hay otra que remar y bastante.

No debemos olvidarnos tampoco, que si no están dadas y son favorables las condiciones para llegar a buen puerto, esa verdad que deseamos miles y miles de personas, puede llegar a perderse en el tiempo.

Tenemos que tener muy presente que la verdad judicial o mejor dicho, el camino hacia ella, conlleva, que en el seno de la Justicia: primero, haya voluntad política para realizar una tarea prolija, organizada y sin desviaciones; y segundo, que todos los pasos que se den estén ajustados a los protocolos técnicos de rigor, como ser pericias, pruebas, declaraciones de testigos, y registros gráficos y de audio , en un marco estricto de celeridad, ética y absoluta imparcialidad. Solo así podremos evitar que todas las evidencias que se pudiesen definir y lograr ( y que ya se lograron)no vayan a saco roto o sean arrojadas a las voluntades de los represores y a las cloacas de los poderosos, con el fin de ser manipuladas, distorsionadas o literalmente esfumadas.

Tenemos todos que evitar que todo se diluya en la mentira, en la falsedad y en el engaño. Tenemos todos que ser los militantes de una movilización. Una movilización permanente, a partir de este 1ero de octubre, que se cumplen dos meses desde que Santiago nos fue arrebatado de la sociedad.

Solo así, militantes donde nos encontremos, es que llegaremos a una verdad. A una verdad que nos haga tener credibilidad en la justicia. A una verdad que nos devuelva la confianza en una democracia, todavía tutelada por intereses de poder y por el terrorismo de Estado. A una relativa calma, porque aclarándose lo que pasó con Santiago no será el fin de la historia. Sera la continuación de una lucha. Porque Santiago Maldonado no desapareció en un paseo mochilero, desapareció en el marco de una lucha reivindicativa. Una lucha por la territorialidad. Una lucha que ahora nos concierne a todos.

¿Desde los círculos políticos estarán dadas las condicionantes para que las verdades salgan a la luz pública? ¿Desde los círculos políticos y gubernamentales se barajarán cartas transparentes?. Respetuosamente digo que no, que no hay buenas condiciones para llegar a la verdad y que no hay transparencias. Es decir, no hay garantías. Porque estamos rodeados de atropellos y de desapariciones de personas. Y de impunidades. Impunidades que día a día dejan un mensaje amargo, a la sociedad argentina y a los pueblos sudamericanos.

Basta con repasar algunas de las impunidades vigentes, para darnos cuenta del negro panorama en el que nos encontramos, como marco de nuestra militancia por la verdad: el caso de desaparición del joven Ivan Torres, que era mapuche, en el año 2003; el caso de desaparición del albañil Julio López, del año 2006; y ahora, el caso de Santiago Maldonado. Son algunas de las situaciones en las que el poder policial, militar o político ha sido siempre el denominador común, para que el encubrimiento y para que la impunidad campeen a gusto, en medio de una sociedad, en algunos casos, militante y rebelde, y en otros, indiferente y hasta cómplice.

Pero hay más casos de impunidades. Está el caso de Ivana Huenelaf, mapuche, que fue secuestrada durante un operativo conjunto de la policía de Chubut y la Gendarmería , el 10 de enero de 2017, cuando fue a solidarizarse con los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, tras haber sido reprimidos; le quemaron la muñeca y la torturaron durante su encierro en la comisaría de El Maitén (que duró varias horas) donde sus captores policías le decían “los vamos a desaparecer”. Está el caso de Sergio Ávalos en Neuquén, que desapareció, también en el 2003. Está el caso de Luciano González, del año 2009, en Chubut, también desaparecido. Está el caso de los hermanos Cristian y Genaro Calfullanca, en 2013, en Cholila, también desaparecido, como Daniel Solano, en el 2011 en Río Negro. Y está el caso de César Monsalves, un jovencito de 13 años, sobrino de un testigo que incriminó a policías en la violación de un menor y fue asesinado. El caso suyo está en la CIDH, organismo que condenó a Argentina en 2011, por la desaparición de Ivan Torres.

Nuestros reclamos, nuestras indignaciones, nuestra rabia; la rabia, la impotencia de los Maldonado, de los pueblos originarios y de las comunidades mapuches en la provincia de Chubut no están traídas de los cabellos. Todos estos hechos que nos dan mucha bronca, forman parte de un contexto de exterminio. De una política de genocidio.

Es impensable que todas las represiones de los Gendarmes, contra cada uno de los integrantes de las comunidades mapuches sean hechos aislados. Han sido sistemáticas las incursiones avasallando a las personas, manteniéndolas atadas con las manos a la espalda por horas; golpeándolas, humillándolas. Es impensable que la represión del 1er de agosto haya sido un episodio por fuera de ese contexto. ¿Por qué las fuerzas de seguridad están ensañadas con esos pueblos y con sus simpatizantes? Porque el poder los ha aleccionado muy bien. Y porque los ha manipulado muy bien.

Julio Saquero, uno de los referentes de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) que reside cerca de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en una entrevista –excelente por otra parte, de ahí que la recomendamos- que concede al periodista Daniel Satur de La Izquierda Diario, es categórico al analizar todo lo relacionado, primero sobre al caso Santiago Maldonado y después sobre la lucha de los mapuches: “Cada vez más se me viene a la cabeza la figura de un crimen político, en toda su dimensión trágica de la historia. Y no hablo de la muerte necesariamente. Tener sesenta días desaparecida a una persona es un crimen político. Este no es un hecho de un chico que se perdió en la montaña, que tenía algunas ideas románticas y por azar se encontraba en la ruta junto a otros pidiendo por la libertad de un prisionero político como Facundo Jones Huala”

“La lucha mapuche se lleva con el planteo de un Estado plurinacional que hacen las comunidades originarias, que es un planteo extremadamente político para una sociedad como la argentina, liderada económicamente y políticamente por la Sociedad Rural. Ese planteo político es un pecado enorme para los poderosos, que viola la sagrada empresa, la propiedad privada y sus valores” afirma Saquero.

Coincidimos con Saquero. Y nos sumamos a la lista de pecadores. Esos pecadores que deberemos continuar tragando la rabia y hacer lo imposible, para que no se embarren los senderos que nos pueden llevar a la verdad sobre el destino de Santiago Maldonado.

Porque insisto. Es impensable, que toda esa represión que se hace a las comunidades haya sido librada al azar. Más bien, se trata de la puesta en práctica de una ideología del terror, haciendo foco sobre cada uno de los mapuches. Irrumpir dentro de sus viviendas, insultarlos, atacarlos, atarlos, someterlos. Secuencias de los años del colonialismo. Secuencias que nos deberían avergonzar y no enorgullecer. Secuencias que tienen la marca y el pelo de un gobierno fascista. Peor aún, de un gobernante fascista.

Pero el gobernante, hipócritamente, todavía se atreve a vocear que desde el Gobierno se hacen todos los esfuerzos posibles para llegar a la verdad, en el caso Maldonado, sin aludir, ni siquiera por estrategia política, a la lucha de la comunidad mapuche. Obvio, porque hacerlo, sería admitir que hay una lucha. Y admitir que hay una lucha, sería admitir que hay posiciones opuestas. Y aceptarlo sería aceptar que puede haber negociaciones. Y si hay negociaciones, hay acuerdos. Y si hay acuerdos hay puntos o reclamos que son aceptados. Y si sucede todo esto, hay intereses que se pierden; hay tierras que se pierden y los mapuches las recuperan. Entonces, esto no puede pasar. Entonces hay que demonizar a las comunidades y a sus planteos. Comunidades sacrílegas, que se atreven de enfrentarse al hombre blanco. A los intereses de los blancos. Y peor aún, a los blancos con poder económico y sentados en el Gobierno..

Pero los sacrílegos no son solo los mapuches. Somos nosotros también, porque pensamos como ellos. Todos somos además de sacrílegos, terroristas, porque queremos violar la “sagrada empresa, la propiedad privada y sus valores”. Entonces, no merecemos más que la desaparición forzada y la muerte; el desprecio; la exclusión y la humillación.

Pero eso está por verse, porque mientras redactamos éstas líneas, en diferentes puntos del país, pero principalmente en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Airtes, centro neurálgico del Gobierno (que es el verdadero ideólogo de tanto terror) multitudes de militantes hacen sentir al gobernante que los sacrílegos y los blasfemos, que quieren quebrar un estilo de vida egoísta y las tierras del poder, son miles y miles.

Nuestra foto de portada nos acerca a Sergio y a su hermano Santiago, algunos años atrás, con la sonrisa ancha y los rostros resplandecientes. Juntos.

Ahora también están juntos, como militantes, pero acompañados por más militantes.

*Foto de Portada: www.elpatagonico.com