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Análisis de la situación nacional ante un paro general y en elecciones internas

Por Damián Recoba de la Izquierda Diario(*)-22 de junio de 2019

La tendencia al fortalecimiento de la divisa norteamericana y sus fluctuaciones producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, colocan a las monedas de países periféricos (como el Peso Uruguayo) en una posición de debilidad y a merced de esas grandes tendencias del escenario internacional. En todo el mes de mayo el gobierno vendió a través del Banco Central la friolera de más de 500 millones de dólares para controlar y moderar la subida del dólar. En lo que va de junio el gobierno ha dejado de intervenir en el mercado de cambios, soltando al dólar a la libre flotación dada por la oferta y la demanda privada. En este marco, el gobierno ve como el dólar ya trepa a los $35,42 en el segmento interbancario, entrando en el rango establecido desde el Ministerio de Economía para finales de 2019 que se ubica entre los 35 y 37 pesos.

Las patronales nacionales y extranjeras desde hace meses plantean el programa “de moda” para la región. Es decir, levantan nuevamente la voz para pedir exoneraciones fiscales y la baja de los costos laborales vía reforma laboral. Por el lado de los exportadores, nuevamente ponen sobre la mesa el problema de “competitividad” de las exportaciones uruguayas y plantean una devaluación más severa que sitúe al peso uruguayo en niveles de valor real junto a las monedas argentina y brasileña que han devaluado violentamente todos estos años.

Como hemos planteado en otras ocasiones, desde el surgimiento del movimiento Un Solo Uruguay las patronales nacionales y extranjeras de la ciudad y el campo se han puesto de acuerdo en lo que desde La Izquierda Diario hemos llamado el “Gran Consenso”, que traerá consigo un ajuste contra las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Ese marco de acuerdos entre los empresarios y los políticos del régimen es lo que le da forma y estructura la campaña electoral. Si el lector hace el esfuerzo y busca los rasgos distintivos en las pre-candidaturas de los grandes partidos verá que hay sentidos comunes establecidos. Todos piensan que se debe avanzar en una reforma jubilatoria (Desde Mujica hasta Talvi se han expedido en ese sentido), hablan de abatir el déficit fiscal, de la competitividad del tipo de cambio y de instrumentar medidas de distinto calibre en materia de seguridad, entre otras.

Por el contrario, ningún candidato cuestiona la deuda externa que ya trepa al 75% del PBI, y menos aún el contrato de carácter colonial con UPM que representa el giro reprimarizador de la política económica más fuerte de las últimas décadas. Una inversión que se presenta como “la inversión privada más importante de la historia”, pero en realidad es la inversión pública más importante de la historia no para beneficio de los trabajadores y sectores populares, sino lisa y llanamente al servicio de la multinacional finlandesa. Un contrato que significa un nuevo modelo de legislación laboral con pérdidas de conquistas históricas para los trabajadores; que también significa la coronación de la Participación Público-Privada con respecto al ferrocarril y deja en el derecho privado a la mayoría de sus trabajadores. Una operación está (la del gobierno con UPM) que traerá consecuencias ambientales gravísimas en nuestros ríos y cuencas acuíferas, y que destruirá la calidad de vida de las personas que pueblan la zona por donde circulará el tren. Algunos periodistas desde las páginas del semanario Brecha lo han rotulado como “la entrega más grande de la historia”. Nunca mejor dicho.

Impunidad e hipocresía

Las crisis de marzo y abril primero con la destitución de Manini Ríos y luego con la filtración y el posterior escándalo de las actas del Tribunal de Honor volvió a traer los olores nauseabundos de la impunidad que emanan desde lo más profundo del sistema político, del Estado. Una podredumbre que envuelve y corroe las estructuras estatales y recorre varias de sus instituciones como ejército, justicia, policía y la propia Presidencia de la República, porque todos los presidentes de la pos-dictadura han sido cómplices de la impunidad. Esa impunidad que se expresa en el Comando Barneix, o en Gavazzo gozando del beneficio de la prisión domiciliaria y dando entrevistas a medios cómplices como el diario El País, donde puede hacer tranquilamente apología de la tortura, mentir sobre los hechos históricos y reírse frente a un cuadro de Mussolini que le obsequió su hija de Italia.

El último 20 de mayo fueron miles las personas que se lanzaron a las calles bajo la lluvia torrencial, demostrando que hay fuerzas morales y materiales para dar la pelea por terminar con la impunidad en Uruguay. Sin embargo, hay pre-candidatos que en campaña toman nota del nuevo “despertar” del movimiento de DDHH no para llevar a cabo una lucha a fondo, sino planteando a los DDHH y los pedidos de justicia como base de maniobra de un nuevo discurso político. De eso se trata la propuesta de Carolina Cosse de “sacarse de encima” la Ley de Caducidad.

El movimiento de Cosse no responde a otra cosa que no sea un cambio en su estrategia discursiva para despegarse de Daniel Martínez con miras a la elección interna del 30 de junio. Es que la diferencia actual en las encuestas entre la ex ministra de industria y el Intendente de Montevideo es el caudal de intención de voto que está recogiendo la candidatura de Óscar Andrade y ahí es donde busca echar mano. Un cambio de discurso que busca empatizar y representar a los sectores más a la izquierda en el Frente Amplio, pero que contrastado con la realidad presenta muchas inconsistencias. Es difícil creerle que va a acabar con la impunidad a una candidata que es impulsada por el MLN-MPP, que posee el personal político que más acérrimamente ha defendido la impunidad y los privilegios de los militares, y que más sistemáticamente ha bloqueado la búsqueda de verdad y justicia. Un sector político que tuvo a un presidente como Mujica y ha estado vinculado al aparato de seguridad del estado desde la asunción del Frente Amplio en 2005. Usted, ¿no desconfiaría?

En cambio, desde abajo, las organizaciones sociales, de DDHH y los medios de comunicación alternativos se vienen gestando acciones de repudio a los violadores de los DDHH como José Gavazzo o Nelson Bardesio, con vigilias en las casas de ambos y una actividad de repudio organizada por los trabajadores y trabajadoras del SMI junto a usuarios de la mutualista. Es que una de las reflexiones que se desprenden de la gran movilización del 20 de mayo es que la militancia y la organización del movimiento de los DDHH deben continuar y no solamente mostrar su ímpetu una sola vez al año.

La impunidad empresaria y el paro general

Durante los años de crecimiento económico y relativa buena salud de la economía, desde el gobierno y los círculos de poder se generó la ilusión de que por la vía de las inversiones extranjeras, con el impulso del precio de las materias primas, y mediante una tenue “puja redistributiva”, estarían asegurados largos años de mejoras salariales y sociales progresivas. Y que esas mejoras iban a estar custodiadas por el Frente Amplio en el gobierno. Se fue gestando la conciencia de que con las luchas sindicales de mediana y baja intensidad y con el arbitrio del gobierno, se le podría arrancar gradualmente conquistas a las distintas patronales y cámaras empresariales, mientras estas ganaban dinero de forma extraordinaria.

Cuando a partir de 2014 las condiciones de crédito e inversión internacionales comenzaron a ser adversas (y comienzan a caer los precios de las materias primas), los empresarios nacionales y extranjeros comenzaron una seguidilla de cierres de fábricas y pequeños y medianos establecimientos. Fueron decenas las unidades productivas que han cerrado estos últimos 5 años. En la mayoría de los casos, los empresarios se han manejado con un nivel de impunidad superlativo. Estafas al Banco República y adeudos a los propios trabajadores, han sido la marca registrada de una clase empresarial que no ha tenido prurito en dejar a miles de familias en la calle, frente a un gobierno que ha actuado como garante de los intereses patronales.

En el último mes ha tomado notoriedad la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Montevideo Gas, la concesión de la vieja Compañía del Gas que usufructúa la brasileña Petrobras. Los trabajadores como decimos aquí, denuncian la política de vaciamiento de la multinacional brasileña, que deterioran el servicio público y ataca a la organización sindical. El conflicto ingresa ahora en su fase de huelga general después de que los trabajadores recorrieran distintos caminos sin que Petrobras acepte iniciar una negociación. Esta lucha es una lucha testigo y debe triunfar, porque preanuncia los ataques que vendrán en el próximo período y plantean un camino para enfrentarlos. Es en ese marco que la dirección mayoritaria del PIT-CNT fijó el paro general de 24hs para el 25 de junio. A la lucha del gas le siguen los envíos al seguro de paro de 350 trabajadores en la curtiembre Zenda-JBS, entre otros. Por eso en lo inmediato es imprescindible ir al paro general y garantizar su contundencia.

Lo que está en juego

En época de alza de los precios de las materias primas, la economía uruguaya puede apostar a las condiciones excepcionales del exterior para compensar a una estructura productiva que resulta atrasada. Cuando esas condiciones excepcionales que gozó Uruguay en la década pasada ya no se pueden recrear, los empresarios comienzan a pujar por un ajuste cada vez más brutal. En Brasil ese ajuste lo comenzó el PT pero a la burguesía no le alcanzó. Dio un golpe institucional para profundizarlo y parió a Bolsonaro como su cara más bestial. En nuestro país Daniel Martínez aún cuenta con el beneplácito del capital financiero para llevar adelante el ajuste requerido. Lacalle Pou también se presenta como recambio en caso de que el desgaste social y político con el FA sea mayor. Sin embargo, para la burguesía un gobierno blanco necesitado de más de cuatro partidos para formar la mayoría parlamentaria y con los trabajadores en la oposición no es su mejor escenario de gobernabilidad. Gobiernos de Martínez o Lacalle serían una perspectiva de gobierno demasiado frágil para las tareas que tiene por delante.

Compañeros y compañeras de distintos sindicatos y movimientos ven sinceramente en la candidatura de Óscar Andrade una herramienta para enfrentar a la derecha. Es un sentimiento por demás legítimo que desde La Izquierda Diario respetamos. Pero nos vemos obligados a plantear que la candidatura de Óscar Andrade no se propone ningún horizonte anticapitalista ni socialista. Lamentablemente se ubica desde la defensa de un proyecto político de conciliación de clases que al vaivén de la situación internacional es capaz de entregarse a los brazos de UPM. De hecho, en el debate con Ernesto Talvi, UPM y Ley de Riego no fueron temas tratados simplemente porque tienen acuerdo en la cuestión de fondo.

En el mar de las 26 pre candidaturas de 14 lemas distintos aparece la de Rafael Fernández por la lista 1917 del Partido de los Trabajadores, que la Corriente de Trabajadores por el Socialismo integra como parte de un acuerdo político junto a los compañeros de Izquierda Socialista de los Trabajadores. Una lista que lleva a un trabajador como candidato y que es integrada por trabajadores, estudiantes y activistas del movimiento de mujeres como las compañeras de la agrupación Pan y Rosas. Que se plantea poner la agenda de los trabajadores en el centro de la escena y que llama a organizarse contra los despidos y cierres de fábricas, que reivindica la estatización bajo gestión de sus trabajadores de Montevideo Gas y que propone levantar un plan de lucha desde los sindicatos y centros de estudiantes para terminar con la impunidad empresarial, que nada tiene que ver con el lloriqueo de las patronales en la OIT.

El valor de la candidatura de la 1917 está en decirle a nuestro pueblo que en octubre gane quien gane pierde el pueblo trabajador porque en el próximo período vendrán a subir la edad jubilatoria. Porque para los capitalistas la esperanza de vida cada vez mayor de las personas les plantea un problema que quieren saldarlo haciéndoles trabajar hasta su último día de vida. Es una candidatura que se para contra UPM y la entrega nacional, así como también plantea que la reforma ”Vivir sin Miedo” es reaccionaria en toda la línea y por eso llama a no ensobrar la boleta en octubre y a hacer campaña activa en contra de ella.

Si los tiempos que se avecinan serán de ataques contra los trabajadores y la situación regional plantea el avance de la derecha, debemos plantearnos construir una nueva izquierda anticapitalista y socialista que se plante ante esos ataques y responda con la misma intensidad. A 15 años de gobiernos del Frente Amplio dónde se ha consolidado como un partido tradicional más, debemos plantearnos su superación histórica que para quienes pertenecemos a la CTS significa la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores las mujeres y la juventud con centro en la lucha de clases y que pelee por un gobierno de los trabajadores.

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(*) Gentileza de Damián Recoba y de La Izquierda Diario

*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com 

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