El exdirector de la Oficina Central de Detenidos del Departamento de Administración Penitenciaria analiza los casos La Motta y Cospito

En estos días es noticia la historia del doble homicidio perpetrado por Salvatore 'Turi' La Motta en Riposto, antes de suicidarse. La Motta era un condenado a cadena perpetua en semi libertad considerado cercano al clan Santapaola, que trabajaba durante el día y por la noche volvía a la cárcel de Augusta. El sábado pasado se suponía que era el último día de una semana de permiso premio, cuando el preso decidió agarrar una pistola calibre 38 y hacer una matanza en el paseo marítimo de Riposto para luego quitarse la vida. La Motta fue arrestado en 1997 por el asesinato de Nardo Campo, un crimen cometido en pleno centro de Giarre. Fue arrestado por orden del entonces fiscal Sebastiano Ardita, que en los últimos días comentó lo ocurrido en Riposto al responder a los diarios La Stampa y La Sicilia. El hecho de que La Motta, como condenado a cadena perpetua por homicidios de tipo mafioso, disfrutara de un permiso premio "estaría prohibido en base a una ley aprobada tras la masacre de Capaci", explicó Ardita al diario siciliano. "Pero una sentencia reciente de la Corte Europea de Derechos Humanos, implementada por el Tribunal Constitucional, estableció que cualquier 'automatización' legal en la exclusión de un beneficio es inconstitucional. Y por tanto en todo caso el juez tiene el deber de verificar concretamente si el reo es merecedor del permiso. Sin embargo, deben ser casos bastante raros, respecto de los cuales el propio preso debe poder probar que ya no tiene nada que ver con la mafia -añadió-. La cadena perpetua por delitos distintos a los de la mafia ya no existe. Cualquiera que mate aún a más personas por una pelea o por una venganza privada y luego en prisión mantenga una buena conducta, incluso con cadena perpetua, después de 26 años puede obtener la libertad condicional e, incluso antes de eso, puede tener permisos premio y medidas alternativas a la detención".

Lo ocurrido en Riposto demuestra que La Motta seguía siendo un sujeto peligroso, probablemente dispuesto a esperar años para concretar un proyecto de muerte. Sobre este punto, Ardita subrayó que corresponde al poder judicial de control evaluar el nivel de peligrosidad de un recluso. "La magistratura de control responsable de estas decisiones es muchas veces llamada a pronunciarse sobre actos formales que den cuenta de la buena conducta y participación en el trabajo de reeducación", dijo Ardita, exconsejero togado del CSM (Consejo Superior de la Magistratura). La cuestión es que nuestro sistema penitenciario "no contempla verdaderos controles destinados a evaluar el comportamiento del preso en semi libertad. No se puede evaluar sobre bases científicas, objetivas, como si se tratara de hacer un análisis de sangre -añadió el magistrado que regresó recientemente a la fiscalía de Catania-. Contribuyen muchos factores, respecto de los cuales la relación con la asociación mafiosa es sólo una de las barreras, pero ciertamente la principal. El punto es que incluso si la relación con la mafia se ha interrumpido, un sujeto puede seguir siendo peligroso individualmente. Y para comprender lo que sucede en la cabeza de un condenado a cadena perpetua, si sus intereses y su carácter han cambiado, necesitamos una observación cuidadosa y no formalista, que parta directamente de su conducta dentro de la cárcel. Y me temo que los elementos para esta evaluación no estaban completos. Porque me niego a pensar que no fueron bien evaluados".

Ardita, quien durante años dirigió la Dirección Central de Detenidos y Tratamiento del DAP (Departamento de Administración Penitenciaria), subraya que el poder judicial de vigilancia está "en medio de dos fuegos": "Por un lado, el riesgo de equivocarse al otorgar una oportunidad a quienes podría cometer otros delitos; por otro, la acusación de ser insensible a los cambios y de no respetar el principio de reeducación. Lo cierto es que con la desaparición de los 'automatismos', las responsabilidades y riesgos de los magistrados de vigilancia se han incrementado de manera impresionante".

La situación empeora con la historia de Alfredo Cospito, el anarquista en huelga de hambre de más de cien días para abolir la 41bis. "Estos hechos generan confusión y desconcierto en la opinión pública y muchas veces controversias políticas, de las que se derivan decisiones temerarias -comentó Ardita-. El error más grave sería perjudicar la función rehabilitadora de la pena al negar oportunidades a aquellos presos que realmente quieren cambiar de vida. Pero incluso si queremos aceptar la idea de que un mafioso puede romper los lazos con la asociación, debemos entender que estas son excepciones muy raras, mientras que hoy corremos el riesgo de una liberación masiva de los jefes arrestados en los años 90. Porque sucede que los institutos diseñados para los marginados son aplicados a los mafiosos, fortaleciendo la imagen de un Estado fuerte con los débiles e incapaz de combatir la delincuencia mayor. El riesgo es volver al clima de los años 90".

En conclusión, el magistrado quiso poner de manifiesto las graves condiciones en que se encuentran las cárceles italianas y, sobre todo, la negligencia del legislador al querer implementar leyes favorables a mejorar estas condiciones. "La institución penitenciaria -que tiene la tarea de abordar y solucionar los principales problemas- ha sido durante años abandonada a sí misma, llamada a realizar tareas imposibles y no ayudada por normas internas impuestas por una peligrosa debilidad, cultivada en los grandes salones y apoyada por veleidosas reformas. El tratamiento y la reeducación son cosas serias, imponen un sacrificio a los presos que quieren cambiar y hacen presuponer que en la cárcel manda el Estado", reiteró Ardita, subrayando la importancia de implementar medidas urgentes. "Comenzaría por creer de nuevo en el tratamiento y la reeducación penitenciaria, que deben reemplazar a la laxitud, la autogestión y la indisciplina presentadas como una conquista de los derechos de los presos. Para ello, me centraría en los trabajadores penitenciarios, dotándolos de más confianza en sí mismos y de fuerza en su acción. La prisión civil, que aúna rehabilitación y seguridad, sólo puede lograrse gracias a ellos. Es injusto que si el sistema se derrumba -por años de negligencia en el manejo político y administrativo- la culpa recaiga en quienes son abandonados por el Estado al que han servido con generosidad", concluyó.

Foto: Imagoeconomica

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