En estos treinta años, lentamente, el sistema normativo pretendido por Giovanni Falcone fue traicionado, engañado y desobedecido a diario precisamente por aquellas instituciones que están debilitando sustancialmente la legislación antimafia. Esto ha provocado un efecto no visible para todos, pero no menos importante: las mafias se han hecho con el control de las prisiones. Desde las celdas dictan órdenes de muerte, órdenes de extorsión, gestionan la vida del clan y de los demás reclusos. Esta es la trágica realidad descripta por el consejero togado del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), Sebastiano Ardita, en su nuevo libro 'Por sobre la ley. Cómo la mafia manda desde la cárcel' (Editorial Solferino).

Ardita es un magistrado que conoce bien la realidad del penal: durante nueve años estuvo a cargo de la aplicación del 41 bis, cuando estaba a cargo del DAP, el Departamento de Administración Penitenciaria. Por cierto, son tantos los motivos por los que se produjo esta situación, como tantos son los que la han querido: magistrados, políticos, altos representantes de las instituciones, con el beneplácito de gran parte de los medios de información con alta vocación garantista. Durante años han pregonado el tema del hacinamiento en las cárceles, utilizado como arma el artículo 27 de la Constitución, que establece el principio de reeducación de la pena y, sobre todo, recordando hasta el infinito que la mafia ya no es una emergencia, sino una historia del pasado Como dice Ardita, el parlamento parece haber decidido confiar en una especie de "beata ingenuidad" para decidir el destino de la legislación antimafia, hija de la sangre derramada en las masacres del '92 y '93. Y sin olvidar que aún hoy Italia sufre los efectos de aquellas masacres y de los secretos no revelados.

El libro dedica un amplio espacio a los disturbios de marzo del 2020, en plena emergencia del Covid-19, y a los ocurridos en la prisión de Santa Maria Capua Vetere. "En aquella ocasión", escribe Ardita, no se trataba de "manzanas podridas", como acertadamente observa Adriano Sofri en sus comentarios a un conocido diario nacional. Las manzanas podridas son las 'escuadras', esas pequeñas formaciones violentas y exaltadas que es posible aislar del contexto de los operadores. En este caso fue todo el penal el que dio su apoyo a esa acción al margen de las normas, incluso los agentes ancianos al borde de la jubilación. Y este es el dato que deja en claro que los agentes no pueden ser responsables de esto. La responsabilidad es de quienes no han entendido que en un sistema delicado como el penitenciario, la seguridad y la libertad, la fuerza de la ley y la dignidad de los presos van siempre juntas y, si caen, caen juntas. Está claro que este asunto ha precipitado la credibilidad de nuestro país, al punto de recordar las derivas sudamericanas. Es justo que los que se equivocaron paguen penas, pero también es cierto que las responsabilidades también hay que buscarlas en otra parte, y no sólo en la base disuelta de agentes que quedan solos en medio del caos de un sistema escandalosamente carente de reglas y de organización.

"Pensar en construir un modelo de derechos -como el sistema de celda abierta- a expensas de la seguridad e integridad física de los agentes y detenidos más débiles, es una falta grave e imperdonable cuyos efectos están destinados a darse con el paso de los años y serán pagados por todos, desde presos hasta agentes. Y aunque el fuego de los disturbios quede cubierto por las cenizas de la aparente vuelta a la normalidad, todo esto perdurará: hasta que se encuentre un nuevo equilibrio que asegure la verdadera dignidad de todos los internos y no garantice a los jefes espacios de ilegalidad para escapar del control del Estado. La golpiza en prisión no es una vuelta al monopolio de la fuerza estatal, sino que, por el contrario, representa la pérdida de toda fuerza por parte del Estado".

En conclusión, estos motines y estas revueltas son hijos de un punto de caída de años de desatención a esta realidad. Y los números lo demuestran: las agresiones al personal penitenciario fueron 294 en 2010 y aumentaron a 805 en 2019, las amenazas a funcionarios públicos pasaron de 270 a 3.000, el hallazgo de cuchillos de 37 a 200, las faltas disciplinarias pasan de 579 en el 2010 a veinte veces más en el 2019. Todos estos datos, según el magistrado, retratan un clima, dentro de las prisiones, que está fuera de control. Una realidad en la que además del factor malestar, en el pasado, sobre todo en los años 70, había influido el factor subversivo. Hoy uno de los factores desestabilizadores es sin duda la mafia, respaldada por una política cada vez más fugitiva.

Colaboraciones impedidas

El dato es objetivo: "es casi imposible que un jefe de la mafia que no ha colaborado pueda cambiar de vida", escribe Ardita. Y para hacerle la vida difícil al instituto de la colaboración con la justicia, se sancionaron algunas medidas aprobadas a escondidas. Una de ellas fue la circular sobre la llamada 'vigilancia dinámica', introducida poco después de que Ardita dejara el DAP. El resultado fue un fracaso total: "la policía penitenciaria dejó las secciones, que quedaron completamente abiertas, ingobernables, bajo el control exclusivo de los detenidos, y sin control del Estado".

Un vacío que pronto llenaría la jerarquía criminal, o alguien más.

Ahora bien, en este punto surge en forma espontánea una pregunta: si un mafioso arrestado quisiere "madurar la idea de colaborar con la justicia, nunca podría escapar al control y la represión de otros, quienes podrán vigilarlo, controlarlo e ir a su celda en cualquier momento ¿tendría acaso alguna vez la posibilidad de reunirse con los magistrados sin ser descubierto?".

La respuesta obvia es 'no'. Es que suponer que quienes adoptaron esta disposición ignoraban por completo el sufrimiento de quienes experimentan los efectos de colaborar con la justicia.

La defensa del ciudadano

"Desde hace tiempo -dice Ardita- escribiendo sobre la mafia y las vidas equivocadas, sobre asesinos y jóvenes de los barrios, me planteo el problema de ir a la raíz del mal. Veo una ilegalidad que se manifiesta como expresión de existencias extremas, donde lo que está mal se vuelve visible y casi ostentoso. Existencias que se basan en el dolor de hombres que parecen nacidos para hacer sufrir a otros hombres; que viven en el sufrimiento, que se ilusionan con redimirse dispensando la muerte y terminan sus días en el infierno que es la cárcel. Por el otro lado, cuando durante años alguien ha sido llamado a desempeñar un papel represivo -investigar, arrestar, condenar- siente la necesidad de que se escriba la palabra 'fin'. A la cadena del dolor el Estado le puede poner fin solo partiendo de la prisión, tratando de transformarla en algo diferente, que dé esperanza y que reconstruya. Y lo lógico es que, para lograrlo, esa experiencia deba tener un final, no debe ser una 'pena sin final'.

Este es el sueño de todos los que cultivan la esperanza del cambio, los que creen que puede haber otro amanecer después de la noche más profunda, y no pueden ser culpados por ello. De hecho, ese sueño debe ser cultivado. Pero siempre se debe tener en cuenta un riesgo: que otros inocentes paguen por un error de juicio en el camino de la recuperación. Y esta fue la base de la legislación que le niega beneficios a quienes forman parte de organizaciones mafiosas. Porque la única arma que tiene el Estado para defender a los demás ciudadanos es estar seguro de que los que salgan libres no volverán al camino del mal". De ahí la necesidad de la colaboración con la justicia y el régimen de la prisión dura y de la cadena perpetua tal como la concibió Falcone. Para Ardita el 41 bis "se ha convertido en una herramienta corriente para luchar contra las mafias. No se trata, por tanto, de un plan de medida excepcional, sino de un instrumento normal y estable para la prevención de los delitos". Y, por otro lado, la mafia no es un fenómeno criminal excepcional sino un modo de actuación delictiva que opera de forma históricamente documentada desde hace más de cien años".

Pero más allá de la aplicación de la ley y de las estructuras, el consejero togado recordó que el magistrado está llamado a aplicar la ley, pero como agente de la ley puede hacerlo "de manera más humana, no pidiendo cambios de normas sino tratando de cambiar el modo en que ejerce su ministerio".

"Rigor hacia la mafia y humanidad" son las herramientas que, más que ninguna otra, sirven para encauzar la vida carcelaria, escribe Ardita, pero el Estado ha preferido optar por tratar a los mafiosos autores de las masacres (los llamados 'irreductibles' y poseedores de la verdad sobre dichas masacres) igual que a los demás, procediendo a conceder las peticiones del 'papello' de Riina.

En conclusión, el libro de Sebastiano Ardita está dirigido a todos aquellos ciudadanos que buscan información libre del clamoroso 'ruido mediático' del que forman parte los 'grandes medios' al servicio del poder. Un libro para leer 'de un tirón', especialmente indicado para jóvenes estudiantes, y que, seguramente, no será del agrado de ciertos políticos que fingen desconocer el tema.

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*Foto de portada y restantes** © Imagoeconomica

*Reelaboración gráfica de Paolo Bassani