La excarcelación de Giovanni Brusca, la ley de arrepentidos, el 41 bis, la lucha contra la mafia y mucho más. El consejero togado del CSM, Sebastiano Ardita, habló de estos temas en una entrevista muy completa dada por La Sicilia. Respondiendo a las preguntas de Mario Barresi, destacó varios puntos críticos a partir de la liberación del colaborador de justicia, que despertó la indignación de muchos familiares de víctimas de la mafia, pero también de una determinada política que, mezquinamente, hasta ahora nunca se empeñó a fondo en la lucha contra las mafias y el crimen organizado.

"Temía que la gente no entendiera y que tuviera una forma inevitable de repugnancia, que es lo que yo también siento como ciudadano -dijo Ardita hablando de Brusca- pero, aunque no sea una situación sencilla de explicar, el Estado pagó una deuda por obtener algo a cambio, y fue un compromiso hecho conforme a la ley". En particular, Ardita, quien suscribe las candentes declaraciones de Maria Falcone, destacó que, de parte de cierta política y determinadas instituciones, solo hay retórica en las supuestas expresiones de indignación.

"Realmente creo que se trata en gran parte de retórica, porque ninguna sentencia de cadena perpetua dura podría compensar la tortura y el asesinato del pequeño Giuseppe Di Matteo. Y es retórica porque esta indignación también proviene de quienes habían acogido con satisfacción la sentencia europea que abre el camino para el otorgamiento de los mismos beneficios a los mafiosos que no colaboren con la justicia. Entonces lo que queda en evidencia es que, en este caso específico, para ellos el problema no es el otorgamiento de los beneficios en sí, sino el hecho de que se les otorgue a los que sí han colaborado con la Justicia".

El valor de los arrepentidos

El magistrado expresó un pensamiento muy claro sobre los arrepentidos: "Si hubiera sido posible prescindir de los colaboradores de justicia para salir del dominio que la mafia tenía sobre nuestros territorios, yo hubiera sido el primero en decir que no habría que descontarles ni un día de cárcel a los que sembraron la muerte y el terror. Pero, lamentablemente, sin los colaboradores la mafia habría seguido dominando nuestras ciudades de manera arrogante, distinta a la forma más discreta y menos visible en la que todavía se manifiesta".

Si bien la idea de un cambio en la normativa antimafia, incluida la de los arrepentidos, no es vista de forma totalmente negativa por Ardita ("Son normas nacidas de condiciones muy particulares, por lo que una adaptación a los tiempos que cambian de por sí no sería dañosa"), sin embargo, hay otro problema, porque las propuestas que plantean ciertos partidos políticos parecen "encaminadas a reducir las herramientas y limitar las investigaciones. Ser garantista es justo, pero no lo es meter la cabeza en la arena y renunciar a descubrir la verdad".

Un discurso que, de hecho, va más allá del plano humano, porque, como señaló Ardita, puede haber "hombres que cambiaron en la cárcel y que están deseosos de rehacer su vida, y otros que se han esforzado para volver al crimen y sembrar terror".

Es cierto que ha habido cambios respecto al pasado en cuanto al aporte de los colaboradores de justicia. "Se acabaron los arrepentidos -comentó- el fenómeno ya no les interesa, la legislación los desanima, el ejecutivo no los cultiva. Cosa Nostra segmenta las comunicaciones, evita los homicidios y los delitos que pueden conducir a penas elevadas. Cuando dirigí la oficina de detenidos me ocupaba de que el tratamiento penitenciario pudiera producir, entre las consecuencias previstas por la ley, un número adecuado y calificado de colaboradores".

Respondiendo a una última pregunta sobre el "41 bis" Ardita recordó que esta es "una herramienta importante contra los jefes de Cosa Nostra. De manera más general -concluyó- la prisión logra alcanzar sus fines solo si se mantiene un equilibrio entre la seguridad y las condiciones de vida de los internos. Y por eso siempre he creído que los peores colaboradores son aquellos que tienen como único fin la salida de la cárcel. La colaboración debe ser el punto avanzado del tratamiento de quienes han cometido delitos graves, una elección de vida, aunque sea por interés, pero que sea definitiva y que también le sirva al Estado para erradicar y vencer los fenómenos delictivos devastadores. Pero hoy ya no es nada de esto: no veo proyectos ni formación como antes".

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*Foto de portada: © Imagoeconomica