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Cuarenta y nueve años pasaron desde que Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik, tres jóvenes de entre 19 y 22 años, fueran asesinadas el 21 de abril de 1974 por las Fuerzas Conjuntas de Uruguay. La familia lleva 49 años reviviendo año a año la masacre sobre sus cuerpos, y la justicia se ha encargado de mirar para un costado todo lo que pudo, como si el tema fuera responsabilidad de otro. Pero lenta e inexorablemente, la verdad se manifiesta y las responsabilidades recaen en los que van quedando. Como todos los años, el homenaje a las Muchachas de abril reunió a cientos de personas frente a la curva donde se ubicaba la casa de los Reyes, lugar donde fueron ametralladas las tres jóvenes y la criatura que crecía en el vientre de Silvia. Las ráfagas se encargaron de destrozar los cuerpos, pero la memoria se encargó de mantenerlas vivas. En Mariano Soler 3098 del barrio Brazo Oriental, familiares, vecinos y agrupaciones sociales exigieron “el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que viene atrasándose desde 2021. Los homenajes a las muchachas se extendieron además a la Asociación Dónde Están en Francia, y al Parlamento uruguayo. En el segundo caso, la diputada comunista Verónica Mato conmemoró los 49 años de memoria, y por supuesto, tuvo las respuestas esperadas de los partidos pro militares. Los diputados Gustavo Zubía, exfiscal y ahora representante del Partido Colorado, y el cabildante Carlos Herrera, defendieron el accionar del Estado en los años de terrorismo y criminalidad estatales, y reivindicaron la dictadura. Quizás, no tuvieron en cuenta que asesinar personas es un delito, y por eso continúan reivindicando los homicidios y torturas. En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado uruguayo a “continuar las investigaciones de los hechos, a fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales” de las tres jóvenes mujeres. La sentencia, también incluye al militante comunista y exdirigente sindical Óscar Tassino, que hasta hoy está desaparecido, pero que se sabe que fue asesinado por funcionarios del Estado en una golpiza en el centro clandestino de La Tablada, en julio de 1977. En julio también, pero de 2022, fue procesado con prisión el militar retirado Juan Rebollo, como uno de los responsables del triple homicidio. En la causa también fue acusado José ‘Nino’ Gavazzo, pero su muerte corrió delante de una condena que no llegó a tiempo, lo mismo que con el general retirado Eduardo Klastornick, que también falleció con un pedido de procesamiento sobre sus espaldas. El 20 de diciembre de 2022 hizo un año sin que la sentencia fuera cumplida por el Estado uruguayo. Hasta el momento, parece ser que la Corte Interamericana no es respetada ni tenida en cuenta por el gobierno. A 49 años, el reclamo de justicia continúa, lo mismo que el reconocimiento del Estado de su responsabilidad directa en estos hechos, y la necesidad imperiosa y firme de resarcir el daño causado. Foto: Antimafia Dos Mil Artículos relacionados CIDH condena al Estado uruguayo a rendir cuentas por el caso de las Muchachas de abril Foto: Antimafia Dos Mil
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